LA LEY Y LA VIDA, GARANTIZADAS
Publicado en Diario "Clarín". Buenos Aires. Marzo 17 de 1999.
Hace pocos
días, la jueza de Menores de San Isidro María Cristina Piva de Argüelles
resolvió dejar escapar a tres adolescentes de 15 y 16 años , los cuales
amenazaban con matar a sus rehenes si no los dejaban libres. Dichos jóvenes
asaltaron una vivienda, retuvieron a la dueña de casa y a una hija de 14 años
y, cuando fueron descubiertos y rodeados por la policía, exigieron la presencia
de los medios y de un juez para negociar que les permitieran escapar con sus
dos rehenes, a los cuales dejarían libres dentro de la villa La Cava de San Isidro. De no
cumplirse su exigencia matarían a la madre y a la hija.
La sensatez,
personal y jurídica de la jueza, que primó en el hecho, desató diversas
reacciones que ameritan ser analizadas.
En primer
lugar, la reacción de la
Policía. Según la crónica periodística, unos 80 hombres del
Grupo Especial de Operaciones de la Policía Bonaerense
aplaudieron irónicamente en el momento que se permitía salir a los asaltantes
con los rehenes. Cuestionaban y rechazaban, de este modo, la decisión de la
autoridad pertinente a quien deben respeto y acatamiento de sus instrucciones.
Que la Policía , subordinada de la Justicia , se mofe de la
decisión de una jueza -y además públicamente- constituye un hecho social que
contribuye al debilitamiento de la legalidad democrática. La Policía parecía preferir
reprimir o matar; la jueza, por suerte, optó por prevenir y resguardar,
prioritariamente, la vida humana.
En segundo
lugar, las declaraciones de un camarista que cuestionó duramente la
determinación de la jueza, aduciendo además que “la orden era arbitraria e
ilegal” y que “los policías se deberían haber alzado”.
En un país
como el nuestro, donde las fuerzas policiales y militares se han “alzado” con
tanta impunidad y con los horribles resultados por todos conocidos, reivindicar
que los policías deberían haberse alzado contra la orden de la jueza, no sólo
resulta asombroso por la investidura de quien asume tal postura, sino también
por el peligro que significa, para la vida democrática, el incumplimiento de la
juridicidad que la Nación
necesita.
Cabe también
señalar que la consideración de que la jueza debió elegir entre la vida de los
rehenes o hacer cumplir la ley, implica una disyuntiva incorrecta. En rigor,
preservar la vida debe constituir un aspecto central e irrenunciable para toda
sociedad que se precie de moderna y humana. Garantizar la vida de la gente
es, en consecuencia, cumplir de la manera más acabada con la ley.
La señora que
sufrió el asalto declaró: “Buscaban plata. Estaban obsesionados por la plata”.
A su vez, uno de los adolescentes de 15 ó 16 años le respondió a la doméstica
que trabajaba en la casa, lo siguiente (cuando ésta le preguntó por qué no se
iban): “porque tengo que mantener una familia”.
Sin pretender
buscar justificación a las acciones delictivas, conviene recordar que solamente
en la provincia de Buenos Aires existe un millón de niños y adolescentes con
necesidades básicas insatisfechas. Esta terrible realidad, nos debe obligar a
reflexionar agudamente acerca de la intrínseca relación estructural de los
principales problemas que padecemos, con los efectos últimos y trágicos que
evidencian la degradación creciente del funcionamiento social.
Creer que
matando o encerrando a los niños y adolescentes (además en lugares inadecuados
y violatorios) se vislumbrará una solución a la compleja situación actual, no
sólo es ingenuo y estéril sino que desvía y obtura -muchas veces
intencionadamente- la posibilidad de analizar a fondo la búsqueda de
alternativas superadoras de los procedimientos anacrónicos e inhumanos que
siguen teniendo lamentable vigencia en nuestra sociedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario