Nota publicada en el Diario "Página 12" de Buenos Aires - 26 de
Septiembre de 2011
IGLESIA Y ACCIÓN
SOCIAL
La participación de la Iglesia C atólica en muy
diversas prácticas de acción social registra antecedentes históricos de muy
larga data. Ya a principios del siglo XVII fue fundada en Buenos Aires
la Hermandad
de la Santa
Caridad
En la yuxtaposición del ejercicio de
los propios objetivos evangélicos de la Iglesia y en la ausencia de Estados verdaderamente
laicos, se cimenta la profunda y permanente intervención religiosa en la
cuestión social, asumida tanto por los sectores tradicionales y hasta
reaccionarios, como por los sectores más dinámicos y progresistas de la
institución religiosa.
La indebida delegación de las
funciones propias del Estado deja en manos de otras instituciones, en este caso
la Iglesia ,
las tareas de atención de la problemática social, quedando el crédito por tal
labor a favor de determinadas organizaciones no estatales -que irradian sus
propios objetivos ideológicos, religiosos, políticos- utilizando los recursos
presupuestarios provenientes del conjunto de la comunidad (y no sólo de los
sectores religiosos), con insuficiente o directamente nula supervisión y control
de dichos fondos por parte del Estado.
Las tareas de acción social, que
asumen las organizaciones religiosas, no sólo implican la prestación concreta de
tal o cual servicio, sino también la transmisión de creencias, valores, uso de
símbolos, preceptos religiosos, impartidos (férreamente en muchos casos) a los
propios receptores o beneficiarios de los programas en
cuestión.
Para legitimar este accionar,
empleando los dineros públicos (patrimonio del conjunto de la comunidad), se
esgrimen varios argumentos, a saber:
1) Que la enorme mayoría de la
población profesaría la religión católica y, en consecuencia, sería “lógico y
natural” que el Estado sostenga y financie tales actividades por intermedio de
la propia Iglesia. Si la mayoría de la comunidad es portadora activa y
responsable de determinada creencia religiosa, debería estar en sobradas
condiciones económicas para sufragar por sí misma -sin apelar a los fondos del
Estado, es decir a los recursos de todos, lo cual incluye a otras religiones y
también a quienes no profesan ninguna- las tareas de “ayuda al prójimo”, según
sus propias convicciones y valores. ¿Para qué entonces reclamar que el Estado
los subsidie? De ello se podría deducir que tal mayoría no es real, o bien que
dicha mayoría no asume consecuentemente los valores que proclama su propia
religión.
2) Que el Estado sería ineficiente,
poco transparente o corrupto en sus prácticas y que las organizaciones
religiosas sí podrían garantizar la mejor prestación de los servicios en la
atención de los sectores más vulnerados de la sociedad y el cumplimiento cabal
de los objetivos más trascendentes, prescindiendo de relaciones de dependencia,
de subordinación, de sometimiento, de contraprestaciones, de adhesiones
políticas o filosóficas, de participación en campañas, marchas y
manifestaciones, etc. Esta pretendida justificación ignora -a sabiendas- que la
eficiencia, la transparencia, la calidad e integridad de las acciones, o bien la
corrupción y la malversación de los recursos, el alejamiento, la desviación o la
directa inobservancia de los más supremos objetivos (en suma el “bien” y el
“mal”), están “democráticamente repartidos” en todos los estamentos de la
sociedad, en todos los grupos sociales, en todos los actores, en todas las
instituciones, sean éstas religiosas o no. Baste recordar el trágico ejemplo de
la Fundación
Felices
La concepción de derechos y
precisamente la vigencia y el cumplimiento estricto de los más amplios derechos
sociales para el conjunto de la población, habrá de constituir una garantía
estratégica para evitar que las instituciones estatales y no estatales
(religiosas o no), reproduzcan relaciones de patronazgo y de sumisión,
sostenidas en la perversa ecuación de que toda persona o grupo que recibe algo
(por la vía del no derecho), siempre queda en deuda con el que se lo da.
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