Publicado en Semanario "Miradas al Sur". Buenos Aires. Octubre 5 de 2008
Informes y notas periodísticas
dan cuenta del comportamiento de determinadas empresas (entre ellas Nobleza
Piccardo) a la hora de requerir información para seleccionar personal para
ocupar distintos puestos de trabajo.
A los postulantes se les
realizan informes socioambientales, llevados a cabo por “consultoras de
inteligencia en capital humano”, que invaden abiertamente la vida y costumbres
privadas, indagando si pertenecen a algún partido político, si están afiliados
a algún sindicato, qué leen, si consumen bebidas alcohólicas, si tienen cuenta
bancaria, si tienen buena relación con sus vecinos, cuánto ganan sus padres,
características del barrio donde viven, tipo de vivienda y cantidad de
habitaciones, pertenencia a tal o cual religión. Estas visitas domiciliarias,
de carácter invasivo y cuasi policíacas, son llevadas a cabo por personal
especializado.
Las empresas tercerizan esta
búsqueda de información y contratan a “inteligentes consultoras”, las cuales
con eufemístico y refinado lenguaje, están ávidamente dispuestas a bucear en la
intimidad de quien busca trabajo, con el objetivo de que las compañías puedan
tener la mayor seguridad posible para evitar todo tipo de riesgo laboral con el
futuro empleado.
De los estudios y análisis
preocupacionales, habilitados para evaluar las condiciones físicas en relación
a un determinado tipo de empleo, las empresas avanzan excesivamente en la
defensa de sus intereses y rentabilidad, y pretenden (y lo van logrando ante la
ausencia de regulaciones) inmiscuirse en los comportamientos privados de los
ciudadanos.
La desprotección jurídica y el
afán desmedido de ciertas empresas y también de estos “especialistas” que
evidentemente no parecen poner mucho celo en evaluar la eticidad y la
“metodología” de sus intensas indagaciones, deja desguarnecidas a las personas
que necesitan conseguir un empleo, quedando sometidas a aceptar las condiciones
establecidas unilateralmente por ellas.
¿Para ser un eficiente empleado
administrativo, es necesario profesar determinada religión o tener buena
relación con su vecino? Y si, por la
razón que fuere, el postulante está enemistado con su vecino y se le ocurriera
ser agnóstico o ateo, ¿estaría inhibido para ser un empleado idóneo?
¿Cuál será el sentido y la
motivación de los severos evaluadores de las empresas cuando requieren que los
curriculums vitae incluyan la fotografía de los postulantes?
¿Los incorporan por color de
piel, por medidas anatómicas, o por “portación de cara”, como usualmente se
ironiza desde cierto humor negro?
Una cosa es averiguar las
cualificaciones específicas del postulante para ocupar un cargo: conocimientos,
títulos, experiencia; y otra muy distinta es pretender husmear en la vida
privada de la gente, para decidir si uno es apto o merecedor del puesto en
cuestión.
Quien busca emplearse en alguna
de esas grandes empresas queda obviamente compelido a aceptar la intromisión en
sus casas, en su intimidad, en sus hábitos y adscripciones absolutamente
privadas, so pena de que en caso de negarse a estos procedimientos de antemano
quedará descartado para acceder al puesto de trabajo.
Este tipo de averiguaciones
-aunque no tan burdamente discriminatorias- eran realizadas en las primeras
décadas del siglo pasado por visitadoras de higiene y visitadoras sociales, en
el ámbito de las instituciones de beneficencia y asistencia, como una forma de
control social y disciplinamiento de los sectores pobres de la sociedad.
Se averiguaba cómo vivían, qué
comían, qué pautas de aseo e higiene poseían, cómo se interrelacionaban los
distintos miembros de la familia, los niveles de hacinamiento y promiscuidad, y
-en particular- si “mentían” para acceder a algún tipo de paliativo o subsidio
para atemperar sus necesidades más extremas. No importaba tanto que fueran
pobres, ni mucho menos la posibilidad de erradicar la pobreza, sino que estos
pobres fueran “merecedores” de la ayuda que habrían de recibir y desde ahí
entonces aparecía como justificado este tipo de control sobre la vida privada
de los pobres.
Los pobres (de antes y de ahora)
y los aspirantes actuales a conseguir trabajo, aparecen visualizados como
“potenciales” mentirosos en sus intentos de acceder a una ayuda o a un empleo.
Las empresas, en cambio, y los propios directivos de las mismas, aparecen como
eximidos -per se- de cualquier valoración negativa, ajenas a todo tipo de
comportamiento falaz y portadoras de una ética incuestionable.
¿Qué pasaría si se hiciera un
ejercicio similar, pero a la inversa? Es decir, que las organizaciones de
trabajadores contrataran a esas mismas “consultoras de inteligencia en capital
humano”, para investigar si los jefes y gerentes de las empresas llevan “una
vida ordenada”; si son “fieles” esposos o esposas; si beben o consumen
estimulantes diversos; si leen filosofía o la revista Playboy; si tienen buenas
relaciones con sus vecinos; si son leales cumplidores de los preceptos de su propia
religión; etc.? O, lo que sería más pertinente, si se abocaran a averiguar si
los empleadores evaden o pagan regularmente todos sus impuestos; si no tienen
hipotecas u otro tipo de deudas pendientes; si depositan a tiempo los aportes
previsionales de sus empleados; si trafican influencias en los organismos del
Estado; si reciben prebendas o beneficios especiales. No solamente se
obtendrían resultados muy “sabrosos” para aquellos que gustan priorizar los
comportamientos personales y privados, por sobre las condiciones necesarias
para desempeñar adecuadamente una determinada labor, si no que, si las
averiguaciones fueran esas de mayor pertinencia, probablemente se evitarían
algunos juicios laborales y a la vez se reforzaría centralmente la noción de
que los que tienen más capacidad contributiva deben ser los primeros en cumplir
las normas impositivas vigentes.
Tal vez algunas o todas estas
empresas, sean las mismas que publicitan orgullosamente sus escasas acciones en
el marco de lo que se ha dado en llamar “Responsabilidad Social Empresaria”,
olvidándose que la primera responsabilidad de una empresa debiera ser aquella
que considere a sus futuros empleados como ciudadanos con derecho a preservar
su intimidad y sus valores, y evitar este tipo de investigaciones
discriminatorias que violan la igualdad de oportunidades.
Cabrá, asimismo, a los
organismos públicos pertinentes -como el Ministerio de Trabajo, el INADI
(Instituto Nacional contra la
Discriminación , la Xenofobia y el Racismo), el Congreso- intervenir
activamente para evitar el avasallamiento impúdico sobre los que necesitan
trabajar, por parte de estas empresas, las cuales desde el inicio mismo de una
eventual relación laboral, evidencian el modo que tienen de entender y
practicar la responsabilidad social.
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