PROMOVER LOS DERECHOS DE LA GENTE Y RECLAMAR ACTIVAMENTE PARA QUE SE
CUMPLAN DEBE SER ENTENDIDO COMO UN DEBER
Y NO SÓLO COMO UN DERECHO DE
L@S CIUDADAN@S.
"LOS DERECHOS DE LA GENTE"
Nota publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires,
el 10 de febrero de 2014.
http://tiempo.infonews.com/.../editorial-118453-los...
Norberto Alayón - Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)
En este febrero de 2014, como es sabido,
atravesamos en el país por un período de variados y sistemáticos intentos de
debilitamiento y desestabilización del gobierno, por medio de acciones
especulativas de los sectores económicos y políticos más concentrados, que ven
limitados (aunque parcialmente y hasta muy escasamente en muchos casos) sus
enormes e históricos privilegios.
Se pusieron claramente en evidencia
distintas maniobras de retención y no liquidación de las exportaciones,
complementándose con aviesas y hasta ilegales operaciones cambiarias con la
transacción del dólar y luego aumentos injustificados de precios en consumos
básicos, no disponibilidad de productos, engaños e incumplimientos de los
precios acordados con las autoridades, todo lo cual puso sobre el tapete el
papel que debe cumplir la ciudadanía ante los abusos que perpetran -con extrema
impunidad- los sectores del gran capital, acostumbrados a querer decidir y
mandar por sobre el poder político emanado de la soberanía popular, que
constituye la esencia misma de la democracia.
Ante estos obscenos abusos se articuló
una importante reacción por parte de los consumidores, que confluyó en una propuesta
de boicot de compra por un día de alimentos en los supermercados (extranjeros y
nacionales) y también de combustibles.
El activismo de la ciudadanía en pos de
la vigencia y preservación de sus derechos, en pos del llamado
“empoderamiento”, habilita un fructífero espacio para la reflexión (y la
acción) acerca de cómo entender y definir la participación de la gente.
Desde el campo profesional del Trabajo
Social, hace ya bastantes años venimos afirmando que promover los derechos de
la gente y reclamar activamente para que se cumplan debe ser entendido como un
deber y no sólo como un derecho de los ciudadanos. El reforzamiento de esta
noción nos parece muy importante para reafirmar la necesidad de una ciudadanía
atenta y vigilante del cumplimiento cotidiano de sus derechos, que vaya
desterrando las conductas pasivas o simplemente expectantes acerca de si los
derechos están meramente formulados o por el contrario están -como debe ser-
plenamente vigentes.
Esta participación activa de la
comunidad será la garantía cierta de que los derechos se ejerciten tal como
estén legislados, evitando que se reproduzca ese sentimiento escéptico y
generalizado según el cual una cosa es la Constitución Nacional, las
Constituciones Provinciales, las leyes, las normas, las ordenanzas y otra -muy
distinta- la realidad.
La tensión que está en el núcleo de la
noción de ciudadanía es -en definitiva- la que se da entre las necesidades de
los grupos sociales para su sobrevivencia y reproducción (instituidas como
derechos)) y las “necesidades” del mercado, que se imponen sobre aquellas
cuando estos derechos se pierden o se debilitan las instituciones que deben
garantizarlos (el Estado).
De ahí que, para la promoción y defensa
de los derechos, resulta clave develar y cuestionar la naturaleza de las
relaciones sociales vigentes, en cuyo marco los abusos son posibles,
identificando con rigor la presencia simultánea y contradictoria del binomio
derechos-violación de los derechos.
Cabe recordar que los derechos se
construyen y reconstruyen con la vigilancia permanente de su cumplimiento, pero
que también se pueden diluir o directamente perder si no se ejercita su defensa
cotidiana. Es la reivindicación y reclamo ante las obligaciones incumplidas por
parte de los Estados nacionales, provinciales o municipales lo que contribuye a
la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos.
La lucha por la defensa de los derechos
de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del
conjunto de la población. El reconocimiento de que los habitantes sin derechos
no son ciudadanos, abre la posibilidad de generar un impulso de activismo, en
pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y perfila la construcción
de un nuevo tipo de relaciones sociales.
El pleno funcionamiento de Estados
democráticos, con ampliación de derechos para todos los habitantes, permitirá
-por lo menos- limitar la inhumana irracionalidad del sistema capitalista.
