lunes, 23 de abril de 2012



EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN

Publicado en Diario "Página 12". Buenos Aires. Marzo 20 de 2001.


La educación, como la salud, es un bien público que no debe quedar sometida a la cruda lógica del mercado, ni tampoco a los intereses particulares de determinados grupos.

Las universidades privadas -en su enorme mayoría- representan los intereses particulares de grupos religiosos, de grupos ideológico-políticos o directamente de grupos empresariales.

A su vez, la universidad pública está orientada por el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su carácter universalista y, por ende, esencialmente democrático. El necesario sustento económico estatal a la educación universitaria se justifica por la obligación que le cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad que la conforma.

La tracción que ejercen los grupos privados para que el Estado proteja sus intereses específicos (en desmedro de los del conjunto) no es nueva. Pero ahora el avance sobre la anhelada rentabilidad de la educación paga se muestra extremadamente voraz y a cara descubierta.

FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas que orientan Ricardo López Murphy, Daniel Artana, Manuel Solanet, Mario Teijeiro y entre cuyos Vocales y Consejeros Directivos participan Guillermo Alchourón, Enrique Crotto, Santiago Soldati, Jorge Aguado, Alejandro Bulgheroni y Amalia Lacroze de Fortabat, postula con convicción que "el objetivo básico de esta propuesta es crear un contexto competitivo en educación superior..." "Un elemento esencial de una competencia justa es que las instituciones privadas y estatales enfrenten condiciones similares. Una política esencial para ello es la eliminación de subsidios a las universidades nacionales y la instauración de un sistema de préstamos y becas disponibles tanto para estudiantes de instituciones privadas como de las públicas. Existe también otro privilegio de las universidades estatales que debe ser removido: la ausencia de un costo de alquiler sobre las propiedades usufructuadas por las universidades públicas."

La falacia de estos argumentos radica en que colocan en el mismo plano a instituciones de diferente naturaleza. Las empresas educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado; mientras que la universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al desarrollo social y moral de la sociedad. La Universidad no presta un servicio a individuos particulares; aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación. Al mismo tiempo, las condiciones de acceso a la educación superior comunes para todos (cualquiera sea la capacidad adquisitiva de cada uno) tiende a favorecer la igualdad, no sólo en el ingreso, sino también en la convivencia cotidiana.

Una propuesta que reduce la sociedad y la política a la mera competencia en el mercado, es una expresión reduccionista y empobrecida, aún de los principios más básicos de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad de la participación social y política.

Lo que se evidencia, tras las propuestas de recortes al presupuesto universitario, es la renovada presión de ciertos grupos económicos y políticos para que el Estado resigne la defensa de los intereses del conjunto a favor de intereses sectoriales.

A pesar del avance del fundamentalismo neoliberal, aún no se han podido apropiar del llamado "negocio de la educación". Este es el principal objetivo de los embates contra la universidad pública. Lisa y llanamente, aspiran transformar la educación en mercancía. Por eso hoy atacan tan fuertemente el financiamiento estatal del sector universitario.

Resistirse ante este nuevo ataque a la universidad pública constituye una contribución profundamente democrática, tendiente a la realización de una sociedad más plena e igualitaria.

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