lunes, 23 de abril de 2012

LA JUSTICIA Y EL CONTROL SOCIAL. Publicado en "Confluencia Virtual"


Publicado en "Confluencia Virtual" Nº 172.  Boletín del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Córdoba. Diciembre de 2009.


LA JUSTICIA Y EL CONTROL SOCIAL
  

El Fiscal General del Departamento Judicial Bahía Blanca, de la Provincia de Buenos Aires, emitió la Instrucción General Nº 52, por medio de la cual llamativamente resuelve: “Encomendar, a los Sres. Peritos en Trabajo Social, la realización personal y en el domicilio del entrevistado de los informes que produzcan, obteniendo vistas fotográficas de la situación habitacional a fin de ilustrar la información socio-ambiental obtenida. A tales efectos, se les proveerá oportunamente de una cámara fotográfica digital que quedará bajo la custodia común de los peritos, debiendo asentar en un libro habilitado al efecto el retiro y la devolución de la misma, así como coordinar su uso”.

Además de investigar a fondo “vida y milagros” de los involucrados, las fotografías podrán exponer y hacer constar en los expedientes los detalles de la intimidad habitacional de la gente. ¡Éramos pocos y… llegaron las cámaras digitales!

Completando la novedad de las fotografías, la Fiscalía elaboró un extenso y detallado “protocolo de informe socio-ambiental”, siendo uno de los primeros datos a recabar el domicilio y teléfono laboral del entrevistado y de las personas convivientes.

En el rubro Ocupación, se requiere: “Tipo de trabajo realizado, horarios, antigüedad en el mismo trabajo, frecuencia de cambios de trabajo, sensación de conformidad o disconformidad laboral, aspiraciones a futuro. Posibles causas u obstáculos que la persona enfrenta en materia de inserción laboral. Por ejemplo, la frecuencia de cambios en el trabajo puede deberse a varios motivos: dificultades de la persona de cumplir el compromiso laboral, falta de documentos (en el caso de inmigrantes), dificultades para organizar el cuidado de los niños durante el horario de trabajo, etc.”.

En el rubro Núcleo familiar propio, “se recabará información sobre uniones anteriores y uniones actuales. Con respecto a la unión actual además de la composición familiar, se podrá preguntar a cerca (sic) de: dónde se conocieron,…”.

En el ítem Red de apoyo, se pide: “Definir con qué ayuda cuenta la persona entrevistada en relación al tema de pericia: interacción social, grupos de pertenencia, participación comunitaria, religiosa, que puedan aportar a la resolución y/o facilitación de la situación problemática”.

En el ítem Inserción socio-cultural, se plantea: “En aquellos caso en que los entrevistados provengan de otra ciudad o país será necesario saber acerca de cómo fue o está siendo ese proceso de inserción. Cómo fue la llegada a esta ciudad. Qué la motivó. Desde cuándo se encuentra en este proceso de re-inserción. Cuáles fueron las principales dificultades que debió afrontar y cuáles las formas de superarlas”.

Invirtiendo la ecuación interrogativa, cabría preguntarse cuáles serán los presupuestos conceptuales e ideológicos del mentor de ese pormenorizado listado de preguntas. ¿Por qué y para qué necesita ese tipo de respuestas?

Ciro James, el ya famoso espía contratado por Mariano Narodowski y Mauricio Macri, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente se declararía incompetente para poder cumplir con este exhaustivo protocolo investigativo, que el Fiscal General de Bahía Blanca le demanda a los profesionales de Trabajo Social que se desempeñan en el Poder Judicial.

Lo de las tomas fotográficas parece tratarse de un extravío regresivo. ¿Cuál sería el aporte sustancial de la imagen de la vivienda del entrevistado? ¿La propia institución judicial, que requiere de la pericia de los trabajadores sociales, desvaloriza y duda de la evaluación específica de sus profesionales?

Además, que un profesional se presente en el domicilio de una persona, munido de una cámara fotográfica para registrar los detalles de su vivienda, no sólo constituye una violación grosera e impertinente de la intimidad, sino que cristaliza y reproduce la desigualdad social en tanto establecería, de hecho, requerimientos diferenciados de la Justicia según las personas pertenezcan a clases o sectores sociales distintos. Por ejemplo: ¿alguien podría imaginarse que a una trabajadora social el Poder Judicial le exigiese que concurriera a entrevistar al pedófilo cura Julio César Grassi, blandiendo la máquina de fotos, y que le tomara imágenes de las habitaciones donde el sacerdote cometió los abusos sexuales a niños y adolescentes?

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