LOS NIÑOS Y NIÑAS POLICÍAS. Publicado en "Confluencias Virtual".

Publicado en "Confluencias Virtual" Nº 201. Boletín del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Córdoba. Noviembre 10 de 2010.

LOS NIÑOS Y NIÑAS POLICÍAS

                                                                                                                      

Recientemente, el cura Adrián Alberto Mari, de 35 años de edad y director de la Pastoral Juvenil, fue pasado a disponibilidad como capellán de la policía de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. La medida fue adoptada por el ministro de Gobierno de la provincia, en virtud de que Mari “no contaba con ningún aval de ningún organismo oficial para realizar adoctrinamiento policial de menores de edad”.

El sacerdote había iniciado una experiencia precisamente de adoctrinamiento policial, con un grupo de 45 niños y niñas, de entre 9 y 14 años. El experimento consistía en encuentros semanales en el Casino de Oficiales de la Policía de Esquel, donde los niños recibían entrenamiento practicando ejercicios de “cuerpo a tierra”, “carrera march”, “salto de rana” y desfile, instrucción ésta brindada por policías en actividad, además de practicar con chalecos antibalas. Los niños iniciaban estas clases saludando a la bandera y entonando la canción “Nuevo Sol”, cuya letra está basada en un discurso del Papa Juan Pablo II en ocasión de su visita a la Argentina en 1982, durante la época de la dictadura cívico-militar.

Entre las argumentaciones de defensa de su proyecto con los niños, el cura Mari destacó la importancia de que los chicos “saquen al policía que hay en su interior”, que se “revalorice la vocación policial”, y que “quiere que los niños saluden en la calle a los uniformados y les regalen un alfajor, por el servicio que prestan”. Curiosa y original afirmación esta última, que podría denotar candidez, cinismo o directamente extravío.

La difusión de la noticia actualizó el recuerdo de la lamentable vigencia de otras experiencias de Policía Infantil y de Gendarmería Infantil, que se vienen llevando a cabo en muchas provincias, en algunos casos desde hace 20 años.

En la provincia de Salta el primer cuerpo infantil de estas características fue creado en 1990 por el Comisario Principal Roberto Manuel Miranda y actualmente existen 75 brigadas en las que están involucrados 5.000 niños y niñas uniformados. Justificando la pertinencia de este entrenamiento militarizado, el Comisario General Pascual Algañaraz afirma que “los formamos como personas de bien, para que respeten los valores perdidos de la familia y los símbolos patrios. El capellán asiste en la parte espiritual y ayuda a los chicos que van a tomar sus comuniones”.

La relación entre las clásicas concepciones de familia tradicional, valores, patria, nacionalismo, catolicismo, constituye un soporte esencial para la vigencia de ideologías profundamente conservadoras. En nombre de “Dios, Patria y Hogar” se cometieron y se cometen acciones que atentan contra el funcionamiento democrático, plural, igualitario de la sociedad.

Sumamente clarificador resulta el contenido de la Resolución Nº 546/90 que dio vida a la Policía Infantil en Salta: “Su misión es incorporar a la niñez como participante activa en la acción preventiva policial, persuadiéndola al rechazo y apartamiento de conductas antisociales y delictivas, creando un ambiente adecuado a fin de que el niño a medida que avance en edad y conocimiento vaya descubriendo los auténticos valores de la vida y comprendiendo la importancia de la función policial en el mantenimiento de la paz social”.

El entrenamiento militarizado de los chicos y chicas salteños, de entre 6 y 13 años, incluye también el aprendizaje de defensa personal, el uso de uniforme y gorra policial, los desfiles, la venia como saludo y la asistencia a misa. Vale recordar que la práctica religiosa en Salta, como en otras provincias del noroeste, está absolutamente arraigada y aceptada en las escuelas públicas, a las que concurren niños de todas las religiones o bien de ninguna, a pesar de lo cual deben rezar al comienzo y a la finalización de la jornada escolar diaria.

Distintos intendentes legitiman la existencia de estos cuerpos infantiles, solicitando su participación en actos, para que desfilen con sus uniformes, insignias y banderas. El comisario y también licenciado en Trabajo Social Marcelo Juan Lami menciona que “habíamos prohibido que desfilaran, pero a los padres les encanta, así que siguen desfilando”.

Tan extendido e institucionalizado está en Salta la existencia de los niños y niñas policías, que hasta tienen un día propio: el 13 de octubre se celebra el Día de los Cuerpos de Policía Infantil.

En la provincia de Misiones también se registra una importante y antigua presencia de este tipo de brigadas de Policía Infantil, contando con más de 20 Cuerpos en todo su territorio. En la ciudad de Eldorado se creó en 1990; en Oberá en 1994; en Posadas y en Campo Viera en 2001; en Leandro N. Alem en 2004. Algunos de estos Cuerpos ostentan lemas, como por ejemplo “Los guardianes del orden” que identifica a la Policía Infantil de San Ignacio.

Un activo impulsor de estas experiencias de entrenamiento policial en Misiones es el Comisario Mayor retirado Ricardo Esteban Zarza, de 49 años de edad, fundador de tres Policías Infantiles en la provincia y organizador del VI Encuentro Provincial de estas policías, a llevarse a cabo próximamente en la localidad de Candelaria.

Esta policía de niños en Misiones asume el lema de “Mita Jory”, que en guaraní significa “niños alegres” y posee un peculiar logo que grafica la silueta de un hombre agachado, con gorra, con un brazo extendido y al lado un niño parado, conjunto que visualmente podría asemejar a alguien apuntando con un rifle o fusil.

¿A qué obedecerá la proliferación de estos programas de involucramiento policial de los niños y niñas, existentes en más de una decena de las provincias argentinas, lo cual implica una suerte de militarización de nuestra infancia?

Indudablemente se tiende a fortalecer y reproducir en la sociedad -desde la propia infancia- un estilo de comportamiento cultural que privilegia una férrea disciplina militarizada, basada en el orden, las órdenes y la rigurosa obediencia.

Para ello se cuenta con la aceptación activa de algunos pocos y también con la aceptación pasiva de la mayoría de la población, que por diversas razones no llega a advertir los riesgos que estas prácticas contienen y dejan de levantar una voz siquiera de alerta y rechazo ante este avance, crecientemente extendido, que pretende imponer una concepción militarista de la vida y la familiarización con las armas, aunque no las porten ellos, desde la más temprana edad.

La excusa para impulsar e irradiar estas experiencias policiales procura centrarse en el eventual servicio que prestarían para la “contención de los niños marginalizados”. El lugar de los niños -pobres o no- está en la casa y en la escuela (que en virtud de la Ley 1420 del siglo XIX establece la educación obligatoria, laica y gratuita), y no en las brigadas o cuerpos policiales, bajo la estricta lógica de los entrenamientos y adoctrinamientos militares.

También en Misiones y en otras provincias argentinas existe la Gendarmería Infantil, antecesora de los proyectos policiales. En la Revista del Círculo de Gendarmería Nacional se incluye un ilustrativo reportaje sobre las características de la organización infantil, que es denominada -según el número de niños y niñas de entre 8 y 14 años que lo integran- como Secciones, Escuadras y Agrupaciones. Los niños son “aspirantes”, “patrulleros” o “baqueanos”, de acuerdo a la edad, y la finalidad es “orientar e inculcar a esos niños valores netamente argentinos”.

Un comentario revelador de la ideología que suele orientar a estas iniciativas, fue realizado por un Comandante retirado, en estos términos: “Recuerdo que en mis años mozos patrullando a caballo lugares muy aislados de la frontera, muchas veces me encontré con niños muy pobres y analfabetos cuyo futuro cierto era el cuatrerismo o el contrabando. Hoy gracias a la Gendarmería Infantil ya pueden aspirar a una vida digna y ser ciudadanos respetables”.

Como en tantas otras ocasiones, surge, con nitidez, la clásica y perversa asociación de pobreza con delincuencia. El estigma, la duda, el miedo, siempre recaen sobre los pobres y los humildes. Y, entonces, a los niños pobres habrá que encauzarlos, reeducarlos, readaptarlos, disciplinarlos, inculcarles “valores netamente argentinos” (por intermedio de la Gendarmería Infantil), porque sino serán el peligro del mañana. Conviene recordar que los cuatreros importantes, los ladrones importantes, los contrabandistas importantes, pertenecen a otras clases sociales, y para estas clases sociales no existen los proyectos de Gendarmería Infantil o de Policía Infantil.      

ENTREVISTA DE FEDUBA. Noviembre 2010.

“El asistencialismo no es una excrecencia propia del Trabajo Social, sino del sistema capitalista imperante”. Entrevista a Norberto Alayón

Por feduba prensa el 26 Noviembre 2010

FEDUBA dialogó con Norberto Alayón, Lic. en Trabajo Social, Profesor Titular Regular de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Fue Vice-Decano de dicha Facultad en el período 1998-2002; y Profesor Titular de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste), de la UNAM (Universidad Nacional de Misiones), y de la UNCPBA (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Coordinador Académico del CELATS (Centro Latinoamericano de Trabajo Social), organismo académico de ALAETS (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social), con sede en Lima (Perú), desde 1979 a 1982. Fundador y Director del Centro de Estudios e Investigación en Trabajo Social-CEITS (1987-1997).

¿Por qué, hoy día, hay sectores que siguen proponiendo proyectos como el Servicio Cívico Voluntario como una forma de inclusión social?

El Senado dio media sanción a este proyecto de ley, impulsado por el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, a quienes se les “proporcionará cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. El entrenamiento “se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que se afecte al Servicio”. El primer objetivo, que consta en el artículo 2º del proyecto aprobado, es “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”.

Tal vez habría que preguntarse a qué contención, a qué inclusión social se refiere la norma o en qué pensaron sus autores y quienes lo votaron. A lo mejor aspiran a una suerte de intento de revitalización directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio

¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia esos jóvenes pobres contiene esta aparentemente beatífica propuesta?

El funcionamiento social empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores (con mayor gravedad en este caso, por tratarse de 33 Senadores de la Nación) que proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles militares. La democracia debe garantizar -y está en condiciones de hacerlo- que las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad“, como si se trataran de políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, debería garantizar que las instituciones en las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean las que los incluya y contenga.

Pareciera que una vez más se intenta, por medio de este proyecto de ley, cristalizar la existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas más profundas de la pobreza.

En suma, para los jóvenes pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y las universidades privadas.

¿A qué responde que en el año 2010 sigan existiendo brigadas policiales o de gendarmería conformadas por niños?

En principio hay que señalar que se trata de experiencias que, con la aparente idea de brindar un servicio, propician e irradian un proceso de militarización de la infancia que es sumamente riesgoso para los niños y las niñas y para la comunidad toda. En muchas provincias argentinas se llevan a cabo estos experimentos y en Salta y en Misiones funcionan desde 1990.

A los niños y niñas, de entre 6 y 14 años, se les imparte instrucción de tipo militar, entrenamiento practicando ejercicios de “cuerpo a tierra”, “carrera march”, “salto de rana”, defensa personal, la venia como saludo, el uso de uniforme, insignias y gorra policial, los desfiles y la asistencia a misa.

En Salta argumentan que, a partir de este entrenamiento militarizado, “los formamos (a los niños y niñas) como personas de bien, para que respeten los valores perdidos de la familia y los símbolos patrios. El capellán asiste en la parte espiritual y ayuda a los chicos que van a tomar sus comuniones.”

La relación entre las clásicas concepciones de familia tradicional, valores, patria, nacionalismo, catolicismo, constituye un soporte esencial para la vigencia de ideologías profundamente conservadoras. En nombre de “Dios, Patria y Hogar” se cometieron y se cometen acciones que atentan contra el funcionamiento democrático, plural, igualitario de la sociedad.

Pareciera que con la proliferación de estos programas de involucramiento policial de los niños y niñas, existentes en más de una decena de las provincias argentinas, se tiende a fortalecer y reproducir en la sociedad -desde la propia infancia- un estilo de comportamiento cultural que privilegia una férrea disciplina militarizada, basada en el orden, las órdenes y la rigurosa obediencia.

Para ello se cuenta con la aceptación activa de algunos pocos y también con la aceptación pasiva de la mayoría de la población, que por diversas razones no llega a advertir los riesgos que estas prácticas contienen y dejan de levantar una voz siquiera de alerta y rechazo ante este avance, crecientemente extendido, que pretende imponer una concepción militarista de la vida y la familiarización con las armas, aunque no las porten ellos, desde la más temprana edad.

La excusa para impulsar e irradiar estas experiencias policiales procura centrarse en el eventual servicio que prestarían para la “contención de los niños marginalizados”. El lugar de los niños -pobres o no- está en la casa y en la escuela (que en virtud de la Ley 1420 del siglo XIX establece la educación obligatoria, laica y gratuita), y no en las brigadas o cuerpos policiales, bajo la estricta lógica de los entrenamientos y adoctrinamientos militares.

Un comentario revelador de la ideología que suele orientar a estas iniciativas, fue realizado por un Comandante retirado, en estos términos: “Recuerdo que en mis años mozos patrullando a caballo lugares muy aislados de la frontera, muchas veces me encontré con niños muy pobres y analfabetos cuyo futuro cierto era el cuatrerismo o el contrabando. Hoy gracias a la Gendarmería Infantil ya pueden aspirar a una vida digna y ser ciudadanos respetables”.

Como en tantas otras ocasiones, surge, con nitidez, la clásica y perversa asociación de pobreza con delincuencia. El estigma, la duda, el miedo, siempre recaen sobre los pobres y los humildes. Y, entonces, a los niños pobres habrá que encauzarlos, reeducarlos, readaptarlos, disciplinarlos, inculcarles “valores netamente argentinos” (por intermedio de la Gendarmería Infantil), porque sino serán el peligro del mañana. Conviene recordar que los cuatreros importantes, los ladrones importantes, los contrabandistas importantes, pertenecen a otras clases sociales, y para estas clases sociales no existen los proyectos de Gendarmería Infantil o de Policía Infantil.

Usted realizó un trabajo en el que distingue la “asistencia” y el “asistencialismo” ¿cuáles serían las diferencias sustanciales entre un concepto y el otro o, en todo caso, entre una práctica y otra?

Desde la primera edición del libro “Asistencia y asistencialismo – ¿Pobres controlados o erradicación de la pobreza?” nos propusimos contribuir a diferenciar la asistencia del asistencialismo, en tanto no eran ni son, necesariamente, lo mismo. Reivindicamos la noción de asistencia, la dimensión asistencial de nuestro trabajo como trabajadores sociales, pero no desde una óptica tradicional, sino como reapropiación -por parte de los sectores populares- de riqueza previamente producida (que como tal, les pertenece inalienablemente) y como derechos sociales conculcados.

Nuestra intención apunta a ponderar críticamente la necesidad de rescatar y resignificar la dimensión asistencial del Trabajo Social, en contraposición con el llamado asistencialismo. La cuestión pasa en cómo transformar políticamente el asistencialismo en políticas de asistencia (como derecho), siendo necesario re-politizar la política social, en tanto ésta -en los gobiernos de carácter liberal o neoliberal- tiende cada vez más a salir del campo del Estado (ámbito de la política por excelencia) para ser transferida hacia los espacios e iniciativas privadas, connotando la acción social como si se tratara de una alternativa desinteresada y generosa de parte de ciertos sectores y no como un proceso complejo que expresa dinámicamente diversos intereses y objetivos en juego.

La asistencia involucra dos ideas: el reconocimiento de derechos sociales conculcados y la reparación de plena cobertura de los problemas sociales. Esto aún no implica la afectación profunda del tipo de relaciones sociales predominantes, pero sí posiciona al quehacer profesional en la línea de generación de cambios hacia la construcción de un orden social distinto. Por otra parte, el asistencialismo también involucra dos ideas, pero en la perspectiva contraria: el no reconocimiento (ocultamiento) de los problemas sociales como derechos humanos suprimidos o restringidos y la dación escasa (la mínima posible) para sólo atenuar y controlar la conflictividad social que genera la carencia extrema. Asimismo, cabe recordar que el asistencialismo no es una excrecencia propia del Trabajo Social, sino del sistema capitalista imperante.

Conceptualmente la implementación de políticas sociales apunta, desde la intención de las clases dominantes, a reproducir la fuerza de trabajo que garantiza y permita el desarrollo del capitalismo. Pero, a la vez, dichas prestaciones y servicios son necesitados y reclamados por los sectores populares; es decir que también hay lucha -y no sólo pasiva receptividad- de parte de los desposeídos para conseguir reivindicaciones crecientes que den respuesta a sus tremendas necesidades.

En esa tensión, en ese conflicto, donde un sector quiere conceder y frenar, mientras simultáneamente el otro quiere conquistar y avanzar, tiene que insertarse el accionar de los profesionales del campo de lo social. Enfatizamos que no hay Trabajo Social posible con los sectores populares, sin respuestas concretas a las necesidades brutales que padecen. Si el trabajador social opera en la creencia de que la acción social sólo aletarga indefectiblemente, y no que también actúa en la exacerbación y en el desarrollo de la propia lucha por los derechos no reconocidos, no puede menos que entrar en la confusión, en la frustración y en el inmovilismo.

Acerca de las prácticas asistenciales, el aspecto clave a enfrentar es cómo seguir reivindicando el conjunto de los derechos (es decir, empleo formal, salarios dignos y políticas sociales universales), y a la vez cómo evitar el clientelismo, cómo evitar las relaciones de dependencia que erosionan la noción de ciudadanía, sin dejar de lado -mientras tanto- la asistencia; porque la asistencia -reafirmamos- también es un derecho de la gente.

¿Cuál es el vínculo entre la asistencia y la prevención?

La asistencia social ha estado históricamente ligada a la problemática de la pobreza. Pero que la pobreza (tanto en su generación, como en la eventual erradicación de la misma) no pertenece al campo de la beneficencia o de la asistencia social, sino que pertenece al campo de la economía. Y la asistencia social opera como instrumento mediador entre la economía y los efectos y resultados del modelo económico en vigencia.

Para el Trabajo Social, repensar la asistencia como derecho y como recuperación de lo perdido o de lo que nunca se tuvo, conduce a un cauce fructífero de potenciación de las distintas dimensiones de la disciplina. Lo asistencial, lo educativo, lo promocional, lo organizacional, deben fundirse en una práctica totalizante al servicio de los sectores populares.

Percibir con lucidez las distintas coyunturas y los distintos modelos políticos, posibilitará al trabajador social orientar su actuación en la línea de interferir o desactivar ciertas lógicas dominantes, cuando -por ejemplo- mencionan o proponen pérfidamente la organización y la participación de la gente, pero (¡y aquí está la clave!) sin transferir los recursos necesarios para atender las necesidades específicas.

Lo que reivindicamos es: recursos suficientes (asistencia material) y promoción y organización, en forma simultánea. Esta manera de resignificar y reivindicar la asistencia no sólo nos diferencia del asistencialismo, sino que permite reconfirmar -desde el Trabajo Social- la esencia misma de los proyectos neo-conservadores, que se ubican en franca oposición a los objetivos de bregar por una mayor justicia social.

Las políticas de asistencia social pueden cumplir básicamente dos funciones: de cobertura inmediata y también de prevención. Son asistenciales precisamente en relación con la problemática que debe ser reparada inmediatamente: satisfacer necesidades de alimentación, abrigo, salud, alojamiento. Y son, a la vez, preventivas del deterioro a que lleva el sufrimiento y que deviene en otras problemáticas sociales difíciles de reparar, tales como el abandono de hogar por parte de los adultos responsables y/o de los niños que pierden toda contención, la mendicación, la drogadicción, la delincuencia, etc. Si un niño o niña, por ejemplo, no tiene zapatillas, no sólo carece de calzado, sino que deja de asistir a la escuela, lo cual agrava su problemática, al debilitarse la cotidianeidad y la disciplina para el aprendizaje, al desconectarse de la escuela y de sus compañeros, todo lo cual puede llegar a conducir finalmente a la deserción escolar. Y si un niño no va a la escuela, indefectiblemente aumenta su vulnerabilidad social.

¿Qué tipo de trabajador social está formando la Universidad en la actualidad?

El Trabajo Social, como cualquier otra disciplina, no constituye una categoría abstracta, que funciona independientemente de las determinaciones histórico-sociales, que se registran en tal o cual país en un período determinado.

Como es sabido, estamos viviendo en la actualidad en Argentina, y también en varios otros países de Latinoamérica, verdaderos procesos de oxigenación política y social (aunque no sencillos, ni absolutamente plenos, no exentos de contradicciones), de confrontación con las lógicas imperiales de dominación y sojuzgamiento, de impulso a la estratégica unidad latinoamericana, de alejamiento de los dictados disciplinadores de los organismos internacionales ligados o directamente dependientes de los poderes hegemónicos, de rescate del interés nacional, de lucha por la consolidación de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social, de la revalorización y defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales para el conjunto de la población, todo lo cual confluye en el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía, en la perspectiva de contribuir a la conformación de sociedades más igualitarias.

En este marco, la enseñanza universitaria también va receptando -aunque no de manera lineal, ni mecánica, ni tampoco absoluta- el influjo de la nueva orientación política y social que trasluce el escenario nacional y continental. Y es que la situación nacional y regional concreta debe constituir un eje orientador y articulador de la enseñanza que se imparta en los centros académicos de Trabajo Social.

Desde ahí, entonces, se va perfilando y fortaleciendo la perspectiva de formación de trabajadores sociales que analicen y acompañen los procesos de defensa de los derechos humanos en su más abarcativa acepción, los procesos de enfrentamiento a las situaciones de pobreza y exclusión que aún se siguen verificando, el apuntalamiento de todas aquellas medidas y programas que ayuden a la inclusión de los sectores más desfavorecidos.

En suma, la alternativa de posicionar la profesión de Trabajo Social, y desde ahí orientar la formación universitaria, como un quehacer específico que pueda contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares y a la consolidación de una sociedad más igualitaria, más humana, más digna.

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LOS POBRES AL CUARTEL. Publicado en Página 12.

Nota publicada en Diario "Página 12" - Buenos Aires - Octubre 4 de 2010 - página 19

LOS POBRES, AL CUARTEL

                                                                                                          

El Senado dio media sanción a un proyecto denominado Servicio Cívico Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la oposición y el pleno respaldo del Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, a quienes se les “proporcionará cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. El entrenamiento “se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que se afecte al Servicio”. Se puntualiza expresamente que los participantes “deberán respetar los reglamentos de las Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”. El primer objetivo, que consta en el artículo 2º del proyecto aprobado, es “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”.

¿Por qué a los mentores de esta iniciativa, pensar en “espacios de contención” para adolescentes y jóvenes en “situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y desprotección, habría que precisar) los lleva a pensar en los cuarteles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de contención? O habría que preguntarse a qué contención se refiere la norma o en qué pensaron sus autores. ¿Acaso aspiran a una suerte de intento de revitalización directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio? Hasta el propio Ejército rechazó el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

El mismo día que se aprobó este proyecto de ley en el Senado, el Vicepresidente Cobos publicó un artículo de enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires. Y un agudo y prehistórico lector, de esos que envían comentarios a los diarios, develó la verdadera y profunda esencia punitiva de esta iniciativa. Le escribió un mensaje de marcado respaldo a Cobos por su nota, finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga miedo de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no sólo los vacunos necesitan bretes”.

Rápidamente se entiende el significado de brete, pero puede resultar útil repasar algunas de las acepciones que figuran en los diccionarios: “en las estancias y mataderos, sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos las bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”.

¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia esos jóvenes pobres contiene esta aparentemente beatífica propuesta?

El funcionamiento social empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores (con mayor gravedad en este caso, por tratarse de 33 Senadores de la Nación) que proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles militares.  La democracia debe garantizar -y está en condiciones de hacerlo- que las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad“, como si se trataran de políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, debería garantizar que las instituciones en las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean las que los incluya y contenga.

Una vez más se intenta, por medio de este proyecto de ley, cristalizar la existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas más profundas de la pobreza.

En suma, para los jóvenes pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y las universidades privadas.

CAPITALISMO Y DESARROLLO SOCIAL. Publicado en "Buenos Aires Económico"

Publicado en Diario "Buenos Aires Económico". Buenos Aires. Setiembre 8 de 2010.

CAPITALISMO Y DESARROLLO SOCIAL

                                                                                                                                  

Conviene recordar, taxativamente, que la existencia de la pobreza deviene y está en la propia naturaleza del sistema capitalista. La esencia del capitalismo se centra en la ganancia y en la acumulación, en desmedro de la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida, es decir por todos.

El modelo de funcionamiento capitalista genera y construye, por su propia lógica, una permanente conflictiva social, de muy complejo abordaje. De todas maneras las propias sociedades capitalistas igualmente fueron desarrollando instituciones sociales de protección, que contuvieron parcialmente los conflictos a partir de garantizar ciertas seguridades a quienes vivían de su trabajo.

       

En las últimas décadas del siglo XX, el fundamentalismo neoliberal arrasó con muchas de esas protecciones y destruyó buena parte de los derechos sociales, dando lugar a un fuerte proceso de degradación social, que acarreó innumerables y graves secuelas que llevará muchos años poder mitigar y reparar.

                                  

Si la acumulación por parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos y pobres se transforma en algo “natural”, inherente a las propias características del modelo de funcionamiento social.  De ello deriva la existencia de sociedades duales, con polos opuestos de altísima concentración de riqueza por un lado y de enorme concentración de exclusión y de pobreza por el otro.

Se verifica, en consecuencia, la existencia de una importante contradicción entre el capitalismo y la democracia. Con pobreza y exclusión, la democracia pierde inexorablemente legitimidad. Pero el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede (y se debe) atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante el derecho laboral y las políticas sociales.       

Muchas de las críticas despiadadas a la presencia fuerte y extendida del accionar del Estado y que propagandizaban las eventuales bondades de un “Estado mínimo”, apuntaban -elíptica o abiertamente- hacia la transformación del Estado y su desmantelamiento como garante del bienestar general, tal como debe ser una de sus funciones básicas. Si está “ausente” o defecciona el Estado como equilibrador de los intereses de los distintos sectores, la cruel y voraz lógica del mercado se impondrá muy fácilmente, sin que nada, ni nadie pueda controlarla o atenuarla.

En rigor, los Estados nunca están “ausentes”. Por presencia o por “ausencia”, los Estados siempre están presentes. En el auge del neoliberalismo, nuestros Estados no se “achicaron”; lo que aconteció es que redefinieron sus objetivos y su presencia activa se direccionó abiertamente hacia la defensa de los intereses de los sectores de mayor concentración y poder económico. Era cierto aquello de que detrás de la propuesta de los Estados mínimos, estaba la ambición de que se transformaran en Estados máximos… del capital, vulnerando la noción de bienestar general y erosionando impúdicamente los principios de equidad y solidaridad. En idéntico sentido operaba aquella perversa promesa, impulsada exitosamente por la dictadura y luego por el menemismo, de que “achicar el Estado es agrandar la nación”.

  

Capital y trabajo son los factores esenciales en la generación de riqueza. Ambos debieran ser considerados y valorados como simétricos e igualables, en la perspectiva de la vigencia de relaciones humanas que dignifiquen la vida social y la existencia de sociedades verdaderamente democráticas en pos de un mundo sustentable para todos y todas.

Durante el gobierno peronista de 1946-1952 la distribución funcional del ingreso llegó a ser casi del 50 % para el capital y 50 % para los trabajadores. Después de la crisis del 2001 la participación de los trabajadores cayó a menos del 30 % y, en la actualidad, estará por el 35 %.

Los capitalistas (pequeños, medianos o grandes) no son personas “malas” en sí, que desean perjudicar a otras personas, por pura “maldad innata”. Lo que acontece es que al asumir la propia “racionalidad” del funcionamiento capitalista (el lucro, la ganancia), quedan irremediablemente encorsetadas en una lucha feroz con sus pares competidores (de una misma rama de actividades, por ejemplo), que los empuja -si quieren sobrevivir- a asumir las reglas y rigores de la competencia y la rivalidad. Sólo la intervención del Estado puede poner límites y otras regulaciones a los distintos intereses en juego.

El desarrollo económico no implica automáticamente desarrollo social. Para ello es necesario que el desarrollo económico vaya acompañado de vigorosas políticas de Estado, de carácter distributivo, que apunten a eliminar la pobreza y que tiendan hacia una mayor igualdad.  Los impulsores de aquella falaz y encandiladora “teoría del derrame”, nos proponían su aceptación “a ciegas”, con el embuste del futuro goteo de riqueza que luego se produciría, aunque después se verificó un enorme derrame de pobreza.

Por cierto no es lo mismo la apropiación de riqueza por la vía de un salario significativo que perciban los trabajadores, que la distribución de la riqueza excedente por la vía de políticas de subsidios, políticas asistenciales, etc.  Por supuesto, la variante preferida debiera ser la apropiación directa de riqueza por parte de los trabajadores, y si se tuviera que optar entre apropiación y distribución, la alternativa óptima sería la primera. 

No obstante resulta estratégica la defensa, la reivindicación y el fortalecimiento de los derechos sociales y la existencia de amplias y crecientes medidas de inversión en lo social, ya que cumplen una función de redistribución de la riqueza y de contribución hacia una mayor igualdad en la sociedad. Toda medida que procure mejorar la distribución (primaria o secundaria) de la riqueza requiere ser apoyada firmemente. Por ejemplo, la moratoria previsional y la permanente actualización de las jubilaciones, como así también la asignación universal por hijo constituyen importantes políticas de distribución secundaria de la riqueza.

Hace ya muchos años que venimos sosteniendo que en nuestras injustas sociedades, todo lo que se le transfiere a los sectores sociales previamente empobrecidos y vulnerados, es siempre inferior a lo que les corresponde como seres humanos.

Enfatizamos que el empleo formal, los salarios dignos, las políticas sociales universales y las políticas asistenciales, nos conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no hacia la exclusión; que tienda hacia la equidad y no hacia la injusticia social; que tienda hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no hacia la dualización de sus habitantes, con derechos marcadamente diferenciados, según pertenezcan a uno u otro sector social.

En definitiva, la democracia política con sólidos y extendidos derechos sociales podrá limitar la intrínseca injusticia del sistema capitalista.

LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEMORIA. Publicado en "Tiempo Argentino"

Publicado en Diario "Tiempo Argentino". Buenos Aires. Agosto 13 de 2010.

LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEMORIA

                                                                                                                                                 

Unos colegas y amigos de Bahía Blanca me enviaron la noticia de la reciente decisión adoptada por el Tribunal de Ética del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén. En una medida ejemplar, que entiendo es la primera de este tipo en el seno de nuestra profesión de Trabajo Social, convocaron a juicio al asistente social Ricardo Grisotto, comprobando que este profesional “era responsable de haber violado principios éticos, priorizando su condición de informante del Ejército en los años de la dictadura militar que encabezó el entonces general Jorge Rafael Videla”.

En virtud de este juicio (al que Grisotto fue convocado para defenderse de las acusaciones y al cual no se presentó a testificar), el Colegio resolvió retirarle la matrícula profesional y expulsarlo de la organización. Este asistente social había sido colaborador y miembro informante del Ejército Argentino, reportando los datos que obtenía al Batallón 601 de Inteligencia.

Dicho juicio demostró que Grisotto “violentó el secreto profesional habiendo utilizado información propia de su trabajo en el Hospital Central de Neuquén “Castro Rendón” para su tarea de informante, desplegando además una actividad de inteligencia paralela a su labor profesional”.

El Tribunal de Ética estuvo integrado por los colegas Graciela Lencina, Omar Pinchulef y Darío González, habiendo señalado en el fallo que "Resulta probado que se desempeñó como agente de inteligencia y que su función era involucrarse con organizaciones sociales, receptar, clasificar y derivar información a su destacamento". Agregando que "la conducta del licenciado Grissoto es reprochable desde la ética social, democrática y de los derechos humanos y mucho más reprochable desde el campo de la ética profesional". Mencionaron como agravante que "se trata de una persona cuyos estudios universitarios le exigen justamente promover y respetar los derechos humanos y los principios democráticos”.

Asimismo, la licenciada Alicia Pizarro, ex compañera de trabajo de Grissoto en el hospital provincial "Castro Rendón" de Neuquén e impulsora de la denuncia, dijo que "cuando Grissoto apareció la lista de los servicios" quedaron muy afectados "por haber compartido muchos años de trabajo con una persona que ha sabido de todas las intimidades que tiene esta profesión". "De todas formas uno no puede quedarse con lo emocional sino que tiene que seguir apostando a la memoria porque sabemos que profesionales de todo tipo han sido parte del engranaje del terrorismo de Estado”.

Otras colegas también, como Nilda Eloy y Silvia Roca (secretaria del Colegio neuquino) formularon declaraciones periodísticas que reafirman la importancia de este dictamen, en la línea de la defensa de los derechos humanos y de la recuperación de la memoria colectiva.

Igualmente, Lolin Rigoni, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aseguró que "Grissoto fue como un Astiz (Alfredo) aquí dentro de las Madres", aunque aclaró que "nunca participó del Grupo de Apoyo o en las reuniones, pero sí estaba en contacto permanente y asistía a las marchas".

Estos colegas en particular y el Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén en su conjunto como institución, honran y dignifican a nuestra profesión de trabajadores sociales y a la sociedad toda. Sus testimonios, su valentía, oxigenan la vida y, probablemente, estén marcando un hito, un rumbo, en el Trabajo Social argentino y latinoamericano en la perspectiva de la revalorización de una ética y un compromiso profundo puestos al servicio del mejoramiento social.

Por su parte, la colega misionera Silvana Martínez, recientemente electa como Presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), emitió una valiosa declaración donde expresa el reconocimiento y apoyo a los colegas del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén, remarcando que “desde la FAAPSS, acompañaremos y propiciaremos la continuidad de estas acciones en todos los colegios y asociaciones miembros, como parte de una política de Memoria, Verdad y Justicia, no sólo hacia el interior del colectivo profesional, sino hacia nuestro pueblo, poniendo claro nuestro compromiso como trabajadores sociales argentinos, de fortalecer y acompañar los procesos de emancipación social de nuestros pueblos latinoamericanos”.

Este verdadero ejemplo de los colegas neuquinos podrá ayudarnos a los trabajadores sociales -y también por supuesto a otros profesionales- a rescatar otro nivel de la necesaria memoria, aunque de escala diferente, pero también muy importante. Es el referido a aquellos intelectuales y técnicos que sistemáticamente asumen funciones profesionales de relevante rango en las sucesivas dictaduras militares. Y que luego, en los períodos de recuperación democrática, se metamorfosean y reciclan, pasando inadvertidos o como “técnicos neutros”, hasta la siguiente dictadura en que vuelven a asumir cargos similares.

En el campo de la acción social, hay muchos casos de personajes que intervinieron en las dictaduras de Lonardi-Aramburu iniciada en 1955; de Onganía-Levingston-Lanusse iniciada en 1966; y de Videla-Viola-Galtieri-Bignone iniciada en 1976. Fueron colaboradores y partícipes de primer grado en esas dictaduras como Ministros, Secretarios, Subsecretarios y, más tarde, aprovechándose de la desmemoria que nos suele invadir, como ciudadanos y profesionales, continuaron en nuevas funciones durante los períodos democráticos, mientras quedaban atentos y prestos para revistar, como si nada, en la próxima dictadura.

En estos casos, también resulta trascendental mantener actualizada la memoria, porque las dictaduras no emergen sólo por la terrible acción de los uniformados, sino también -y tal vez principalmente- por la gestión y apoyatura de ciertos civiles, muchos de ellos profesionales reconocidos.

MI PASO POR MISIONES. Abril 2010

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Misiones está editando una serie de libros con testimonios de detenidos políticos, en esa provincia argentina, en la época de la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Este texto se incluyó en el Tomo II del libro "Misiones, historias con nombres propios". Posadas, 2011.

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MI PASO POR MISIONES

Abril 2010.

                                                                                              Norberto Alayón (*)

(*) Norberto Alayón.  Trabajador Social.

Ex Presidente de la Junta Provincial del Frente de Izquierda Popular (FIP).

Candidato a Gobernador de Misiones por el FIP en las elecciones del 13 de abril de 1975.

En la actualidad es Profesor Regular Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde se desempeñó como Vicedecano entre 1998 y 2002.             

Nací en 1945 en el barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires, en un hogar de clase media baja. Mis padres fueron obreros de la industria tabacalera.

Me gradué de trabajador social en 1965 y el 15 de marzo de 1970 llegué a Posadas para asumir la función de Profesor Titular a cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Escuela de Servicio Social, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). En marzo de 1971 me radiqué con mi familia en Corrientes, viajando todas las semanas a Posadas para el dictado de mis clases. En marzo de 1972 retorné a Posadas, asumiendo con dedicación exclusiva mi labor docente en dicha Escuela universitaria.

El país vivía en dictadura, la cual se había iniciado el 28 de junio de 1966 cuando aquel general, proveniente del nacionalismo católico, Juan Carlos Onganía, derrocó al gobierno constitucional de Arturo Umberto Íllia. El Cordobazo de 1969 dio por tierra con las aspiraciones de aquel pigmeo oligárquico, que recitaba que la “Revolución Argentina” no tenía plazos, sino objetivos y que aspiraba a gobernar por largos 20 años. Luego lo sucedieron otros dos militares: Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.

A pesar de la dictadura, que luego pasó a ser una “dictablanda” en relación con las bestias mayores de marzo de 1976, se vivía un clima de altísimo voltaje político, con significativos niveles de participación social.

En 1971 yo había iniciado en Corrientes mi acercamiento a la “izquierda nacional”, que dio origen a un nuevo partido político: el Frente de Izquierda Popular (FIP). Y a mediados de 1972, ya en Posadas, formé parte de la Junta Promotora del FIP en Misiones.

A raíz de mi militancia en el FIP sufrí el primer hecho de discriminación ideológica en la Escuela de Servicio Social de la UNNE. En junio de 1973 había sido designado Secretario Académico de esa unidad académica y por presiones del Secretario de Planeamiento de la Universidad, Arquitecto Carabajal, como así también de los servicios de informaciones locales, fui dejado cesante en el mes de agosto.

En noviembre de 1974, un denominado Comando Nordeste de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), amenazó mediante un escrito remitido por correo que volaría el local partidario (ubicado en la calle Rioja 396 de Posadas) si no era cerrado en 24 horas.

En las elecciones provinciales del 13 de abril de 1975, fui candidato a Gobernador de la provincia por el FIP, siendo acompañado en la fórmula por Javier Aquino, con la consigna partidaria en la boleta que proponía “Liberación Nacional y Patria Socialista”.

Hacia diciembre de 1975 recrudecieron las amenazas y las intimidaciones. Primero, fuerzas del Ejército allanaron mi domicilio particular, sito en Carlos Pellegrini 116. Y luego se produjo el asalto y robo del local del Partido, a la par de que un llamado Movimiento Cívico Argentino – Sección Misiones profería amenazas de muerte a distintos dirigentes políticos, entre ellos a mí.

Cuando se produce el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 estuve unos días escondido, viajé a Buenos Aires y luego volví a Posadas, donde en esos primeros días no se registraba un clima plagado de detenciones y desapariciones como en otros lugares del país. Claro que no podía abandonar mi trabajo en la Universidad, pero ello me indujo al error.

Fue así que el 5 de abril, alrededor de las 23 horas, un policía Ríos de civil y otros “señores educados” se aparecieron en mi domicilio y concretaron mi detención. Me llevaron en uno de los dos Ford Falcón en que se movilizaban al Departamento de Policía y más tarde, en la caja de una camioneta, a la cárcel de Candelaria. Ahí me encerraron en un Pabellón que, tragicómicamente, ostentaba en la entrada un cartelito que decía “Fase de Socialización”. En rigor, no era que el comunismo internacional había invadido al Servicio Penitenciario Federal de Argentina, sino que ese pabellón albergaba a presos comunes, los cuales habían sido trasladados hacia la parte de atrás de las instalaciones para poder recibir a otro tipo de “delincuentes”.

Y a partir de ese momento, mi vida quedó a cargo del Coronel Juan Antonio Beltrametti, Jefe del Área Militar 232,  personaje oriundo de Concepción de la Sierra, cuñado del médico Raúl Justo Lozano (que había sido Rector Normalizador de la Universidad Nacional de Misiones) y primo hermano del ex Gobernador Luis Ángel Ripoll. Para no aparecer como muy amargados, tal vez podríamos desplegar un cántico que mentara “Beltrametti, Lozano, Ripoll: un solo corazón”.

Así fue pasando el tiempo, con incertidumbres, con vacíos, sin visitas de familiares, sin abogados, sin correspondencia, sin noticias de mis padres que vivían en Buenos Aires,  ni de mi compañera que vivía en Posadas, ni de mis dos pequeñas hijas que vivían en Corrientes, sin saber casi nada del afuera, hasta que hacia el 25 de mayo me notifican que el “amigo” Jorge Rafael Videla y su Ministro del Interior, Albano Harguindeguy, me habían puesto a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), por medio del Decreto 427/76 que habían firmado el 14 de mayo.

El 25 de mayo, después del recuento matinal diario, nos pusimos a cantar el Himno Nacional, lo cual habíamos acordado por nuestra cuenta el día anterior. Ese día nos dieron chocolate bien caliente como desayuno y al mediodía empanadas de carne. ¡Todo un gesto fraternal y patriótico del Servicio Penitenciario Federal! El “gesto”, obviamente, no me conmovió en lo más mínimo, pero mi pragmático y apolítico estómago sí que lo agradeció, a pesar de los dictadores civiles y militares que estaban arrasando con el país.

Eso sí, en una o dos oportunidades nos mandaron un cura provocador, que ofició una suerte de misa y que, “sin querer queriendo”, nos refregó la noticia de que habían matado a Roberto Santucho en un operativo. Yo no era, ni soy religioso, pero hubiera deseado que lo siguieran enviando al cura “oficialista”, porque me podía distraer un rato, mitigando la soledad del vacío.

Un episodio común, natural, convocaba mi atención, y aún hoy sobresale en mi memoria banal: observar a los pilinchos, los días de fuertes lluvias, escarbar la tierra con su fuerte pico y engullirse a las lombrices y gusanos para sobrevivir ellos y alimentar a sus propias crías.

Un día cualquiera traen detenidos a cuatro jóvenes que habían cometido un delito común: asaltar a unos mormones y, al no calibrar bien la época en que vivían, se les ocurrió mandar un mensaje solicitando rescate o algo parecido. Rápidamente fueron capturados, confundidos en un principio como activistas políticos. A los pocos días a los cuatro les tomaron las medidas para proveerles del uniforme correspondiente y pasaron al pabellón de atrás, el de los presos comunes.

Hacia el 23 de setiembre, casi aún en la madrugada, nos despertaron abruptamente, nos sacaron al pasillo, nos hicieron desnudar y volver a vestir, nos esposaron, nos hicieron subir a un micro y nos llevaron de paseo. ¿A la cárcel de Posadas, a Resistencia, a dónde?  Primó la cárcel de máxima seguridad de Resistencia y comenzamos a visitar por dentro a la más renombrada U 7

En la cárcel de Resistencia el “clima” era otro. Detenidos de todo el país, algunos desde antes del golpe del 76, con algunos “pesos pesados”, que en la actualidad volvieron a ocupar cargos políticos de relevancia, aunque no necesariamente sean relevantes ellos por sí mismos.

Acudamos a otro episodio, para matizar y aliviarnos un poco de la desgracia de aquella época. Un día llaman para ir a misa y me apresté raudamente, a pesar de mi agnosticismo. La gran sorpresa no fue ver a los detenidos montoneros entonar las canciones religiosas, habida cuenta de su coherente origen. Mi asombro recayó en los miembros del ERP (de raigambre marxista) que también ensayaban con unción las estrofas religiosas. Más tarde me enteré del acuerdo respetuoso que habían acordado con un solidario cura, que valientemente intercambiaba noticias del afuera, sin discriminar a los familiares por tal o cual pertenencia política, práctica que a muchos de los propios detenidos no les era común. A la siguiente misa, yo mismo -ferviente no católico- respeté los códigos y hasta llegué a aprenderme de memoria algunas estrofas litúrgicas.

Peticioné, en su momento, por la opción para viajar exiliado al extranjero, pero no tuve respuesta alguna. Y así, soportando un clima especial en el pabellón que me tocó, llegué al 23 de diciembre de 1976, día que se produce la recuperación de mi libertad. En rigor, se trataba de la excarcelación, porque libertad no existía ni adentro de las cárceles (obviamente), ni tampoco afuera.

El día anterior, como buen presagio, nos acicaló el peluquero de la cárcel a aquellos que en definitiva íbamos a abandonar la penitenciaría chaqueña. La pulcritud de los militares genocidas, que no dudaban en arrojar personas vivas al mar o que torturaban aplicando la picana eléctrica en la vagina de mujeres embarazadas con toda naturalidad, no habría de permitir que los liberados en esa ocasión fueran vistos con rasgos de desprolijidad. Tampoco habían dudado cuando, unos diez días antes, concretaron la terrible Matanza de Margarita Belén.

Como despedida nos brindaron sandwiches de milanesa, nos robaron efectos personales y parte del dinero que teníamos depositado por nuestros familiares. Nos hacinaron en un micro celular y nos llevaron al Regimiento militar de Resistencia. Con el apretujamiento, con el calor de diciembre en el Chaco y con mi viejo asma, bajé casi desmayado. Y ahí, el iluminado pedagogo Cristino Nicolaides (que se creía encarnado en una suerte de Dios omnipotente) nos brindó una densa charla educativa, recordándonos que nos daban la libertad, pero que ellos (los militares) sabían que habíamos cometido actos indebidos y que por eso habíamos estado presos.  La verdad que tenía razón Cristino: para su lógica medieval, era un terrorista cualquier persona que aspirara a una sociedad más justa e igualitaria.

A partir de entonces, retorné a Buenos Aires sin trabajo alguno. Al salir de la cárcel me enteré que había sido dejado cesante por la ley 21.260/76 de seguridad nacional, en mi cargo de Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Con fecha 5 de abril de 1976 (el mismo día de mi detención), el coronel Walter César Ragalli, Delegado Militar en la UNAM, había firmado la Resolución Nº 179 dando por finalizados -“por razones de seguridad”- mis servicios docentes.

Dicha ley de “seguridad nacional”, del gobierno inconstitucional, me impedía ocupar cargos públicos por cinco años. Y, en consecuencia, como profesional del Trabajo Social, disciplina intrínsecamente relacionada con la acción del Estado, estaba virtualmente inhibido para desempeñarme laboralmente. De ahí que quedé compelido a intentar -con escasísimo éxito además- llevar a cabo diversas y nada gratificantes actividades por fuera de mi profesión, para mal sobrellevar la existencia cotidiana.

En Buenos Aires me encontré con mi madre moribunda, situación que yo desconocía totalmente porque en la cárcel de Resistencia también estuve privado de visitas y de correspondencia. Ella sufría del corazón y escuchó por radio mi nombre entre los detenidos en Misiones en abril de 1976. De ahí en más se desbarrancó totalmente, debiendo ser internada en distintos hospitales, aunque ya sin posibilidades de recuperación. Falleció al poco tiempo de mi excarcelación: el 10 de febrero de 1977.

Mi padre, muy resentido por todo lo mal vivido en ese período y enfermo pulmonar a su vez, fue mejorando gradualmente, aunque no se llegó a recuperar del todo. Falleció casi exactamente a los dos años de la muerte de mi madre: el 9 de febrero de 1979.

Con mi esposa y nuestro hijo de un año de edad, terminamos exiliándonos en Perú en setiembre de 1979 y regresamos a Buenos Aires en julio de 1982, después de la Guerra de Malvinas y con Reynaldo Benito Bignone como el último Presidente de facto de la feroz dictadura militar, que se había denominado a sí misma con el eufemismo de “Proceso de Reorganización Nacional”. 

Pero, a pesar de todo, todavía estamos de pié, todavía “cantamos” en pos de una sociedad más justa. Nos golpearon fuerte, pero nos fuimos rehaciendo. Nos hicieron retroceder, pero de a poco volvimos a avanzar. Y para seguir avanzando es imprescindible no perder la memoria. Porque son muchos, civiles y militares, los que apoyaron la dictadura desde distintos lugares y cargos y ahora aparecen disimulando y reciclados, como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en la barbarie generalizada de esa época. Porque la memoria y el develamiento de quienes contribuyeron con la dictadura, resulta indispensable para evitar la repetición de los hechos. Todo lo que se haga en este sentido siempre será insuficiente, porque los genocidios -tanto en lo que respecta al accionar de sus actores principales, como en los diversos grados de complicidad que se registraron- no pueden ni deben ser olvidados.