miércoles, 2 de julio de 2014

REPORTAJE SOBRE LOS FONDOS BUITRES
  1. Adjunto link del reportaje sobre los "Fondos buitres" que me hicieron en el Programa "Consignas" de la Radio Estación Sur FM 91.7 de la ciudad de La Plata, el 30/6/2014.

viernes, 20 de junio de 2014

SOBRE LOS FONDOS BUITRES

Me permito adjuntar la Declaración emitida por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) en repudio del fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que favorece abiertamente a los llamados "fondos buitres" que intentan detener el proceso de desarrollo económico y social en Argentina.
 
En el trasfondo de esa decisión, que fortalece las posiciones más obscenas del capitalismo financiero, seguramente estará presente la fecha de noviembre de 2005 en Mar del Plata. Fue en esa fecha y en esa ciudad de Argentina que se llevó a cabo la Cuarta Cumbre de las Américas, y ahí con el liderazgo de Kirchner, Chávez y Lula se enterró la iniciativa del imperio norteamericano que pretendía imponer el proyecto del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) que hubiera perjudicado notoriamente a todos los países latinoamericanos.
 
Norteamérica tiene memoria de largo alcance, pero también los latinoamericanos tenemos firme memoria para identificar a los enemigos de nuestra Patria Grande, como la soñaron San Martín, Bolívar, Artigas y Morazán.
 
Las y los trabajadores sociales sabemos de sobra a qué sectores sociales se perjudicará más, de progresar estas medidas de estrangulamiento económico y  de sometimiento que -ayer y hoy- impulsan los imperios y sus personeros que asumen las más extremas lógicas de expoliación de nuestros pueblos.
  

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Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Blog: 
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FB: www.facebook.com/norberto.alayon

POSADAS, ARGENTINA 20 de Junio de 2014.
POSICIÓN DE LA FAAPSS ANTE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
La FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL (FAAPSS), tomando posición en la situación generada por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en relación al juicio que vienen llevando contra nuestro país los denominados “fondos buitres”, MANIFIESTA:
1. SU MÁS ENÉRGICO REPUDIO contra este fallo que favorece abiertamente a un grupo absolutamente minoritario y altamente especulativo, de tenedores de bonos de la deuda externa argentina, y pone en riesgo lo acordado con el 92,4 % de acreedores a los cuales el Gobierno Argentino les viene abonando regularmente en tiempo y forma la deuda renegociada.
2. QUE ESTA DECISIÓN DE LA CORTE NORTEAMERICANA NO ES INOCENTE sino que, muy el contrario, se ajusta el más estricto espíritu capitalista, empeñado sólo y exclusivamente en incrementar las ganancias del capital financiero especulativo que pretende ahogar a los países latinoamericanos que, como Argentina, vienen apostando a un desarrollo independiente como países libres y soberanos, con pleno derecho a decidir su propio destino y cómo llevarlo a cabo.
3. QUE ESTE FALLO asimismo atenta contra el crecimiento económico del país, las políticas de redistribución del ingreso, la inversión pública en infraestructura social, el financiamiento de las provincias argentinas, la investigación y el desarrollo tecnológico, la educación pública, los programas de salud y de vivienda, las políticas de protección y de inclusión social, entre otros.
4. QUE EL COBRO COMPULSIVO que pretenden los fondos “buitres”, apañados por jueces norteamericanos que actúan como juez y parte, amenaza seriamente el Patrimonio Nacional y el destino del Pueblo Argentino y coloca la especulación financiera, la codicia  y la usura por encima de los derechos que nos asisten como ciudadanos de un país libre y soberano, amenaza nuestra libertad y el derecho a decidir nuestros propios recursos, hipoteca nuestro futuro y cercena nuestras posibilidades de realización como país.
5. QUE EN ESTA HORA DIFÍCIL PARA NUESTRO PAÍS ES NECESARIO dejar a un lado los intereses sectoriales, grupales y personales, por más legítimos que sean, y APOSTAR FUERTEMENTE A LA UNIDAD NACIONAL construyendo una muralla de voluntades que resistan y se opongan al atropello y al saqueo que una vez más intenta EL IMPERIALISMO FINANCIERO INTERNACIONAL. 

jueves, 1 de mayo de 2014

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

A raíz de las renovadas propuestas de reinstauración del Servicio Militar Obligatorio reproduzco una nota de oposición a estas iniciativas, publicada en el Diario "Página 12" de Buenos Aires, el 4 de octubre de 2010 (página 19).
 
LOS POBRES, AL CUARTEL

                                                                                                          Norberto Alayón (*)


(*) Trabajador Social - Profesor Titular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)


El Senado dio media sanción a un proyecto denominado Servicio Cívico Voluntario, con 33 votos a favor, 31 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. La propuesta, apoyada por la oposición y el pleno respaldo del Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, a quienes se les “proporcionará cursos de formación teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación técnica de oficios”. El entrenamiento “se desarrollará en instalaciones de las Fuerzas Armadas”, recibiendo los alumnos “alimentación y vestimenta”, además de “alojamiento en la unidad que se afecte al Servicio”. Se puntualiza expresamente que los participantes “deberán respetar los reglamentos de las Fuerzas Armadas, referidos a normas de convivencia”. El primer objetivo, que consta en el artículo 2º del proyecto aprobado, es “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”.

¿Por qué a los mentores de esta iniciativa, pensar en “espacios de contención” para adolescentes y jóvenes en “situación de riesgo” (en condiciones de pobreza y desprotección, habría que precisar) los lleva a pensar en los cuarteles? ¿Desde cuándo los cuarteles son espacios de contención? O habría que preguntarse a qué contención se refiere la norma o en qué pensaron sus autores. ¿Acaso aspiran a una suerte de intento de revitalización directa o subliminal del felizmente fenecido Servicio Militar Obligatorio? Hasta el propio Ejército rechazó el proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

El mismo día que se aprobó este proyecto de ley en el Senado, el Vicepresidente Cobos publicó un artículo de enfático apoyo, titulado “Un desafío para la sociedad”, en un centenario matutino de la ciudad de Buenos Aires. Y un agudo y prehistórico lector, de esos que envían comentarios a los diarios, develó la verdadera y profunda esencia punitiva de esta iniciativa. Le escribió un mensaje de marcado respaldo a Cobos por su nota, finalizando con este ilustrativo párrafo: “Y no tenga miedo de incluir a las Fuerzas Armadas en planes educativos: no sólo los vacunos necesitan bretes”.

Rápidamente se entiende el significado de brete, pero puede resultar útil repasar algunas de las acepciones que figuran en los diccionarios: “en las estancias y mataderos, sitio cerrado con fuertes maderos, para marcar en ellos las bestias o matarlas”; “cepo o prisión estrecha de hierro”.

¿Cuánto de control, de disciplinamiento, de vigilancia, de reforzamiento de la desigualdad, de discriminación, de estigmatización hacia esos jóvenes pobres contiene esta aparentemente beatífica propuesta?

El funcionamiento social empuja y condena a millones de jóvenes a la marginalidad y a la exclusión, y luego aparecen algunos presuntos redentores (con mayor gravedad en este caso, por tratarse de 33 Senadores de la Nación) que proponen “recuperarlos” y “reinsertarlos” a través del confinamiento en los cuarteles militares.  La democracia debe garantizar -y está en condiciones de hacerlo- que las políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerados y vulnerables se canalicen a través de las instituciones oficiales y comunitarias pertinentes del campo de lo social, evitando el enmascaramiento de pretendidas “medidas de seguridad“, como si se trataran de políticas sociales inclusivas. Y sobre todo, debería garantizar que las instituciones en las que los jóvenes universalmente se forman y educan (la escuela, en primer lugar) sean las que los incluya y contenga.

Una vez más se intenta, por medio de este proyecto de ley, cristalizar la existencia de sociedades duales, convalidar la diferenciación social y vigilar y controlar a los pobres, en vez de apuntar a trabajar sobre las causas más profundas de la pobreza.

En suma, para los jóvenes pobres el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes  los colegios y las universidades privadas.


martes, 18 de marzo de 2014

MENOS POLICÍAS Y MÁS ASISTENTES SOCIALES

Nota publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires, el 9 de marzo de 2014.

                                                                                                                         
Norberto Alayón (*)

(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

Para determinadas concepciones, las protestas sociales que reivindican derechos incumplidos constituyen un accionar desestabilizador que justifica la represión policial.

En el marco de un proyecto político, de perfil popular, que tienda a atenuar las inequidades generadas por el modelo de funcionamiento social, aparece un sugerente interrogante, de carácter conceptual y político: ¿sería necesario que haya más asistentes sociales y menos policías?

Bregar por la vigencia de sociedades más equitativas, más justas, constituye un objetivo loable y un imperativo que identifica a los proyectos políticos de carácter popular. En contraposición, las propuestas y modelos conservadores se reconocen en la existencia de sociedades profundamente desiguales, con acceso marcadamente diferenciado a los bienes y servicios producidos por el conjunto de la sociedad.

La búsqueda de una mayor justicia social requiere, principalmente, de una propuesta de carácter estructural que ataque en su génesis las lógicas de inequidad que caracterizan al capitalismo.

Toda alternativa política que propicie y defienda una mayor inclusión y bienestar de los sectores sociales históricamente más relegados, necesariamente tendrá que afectar los intereses de aquellos otros sectores de impúdica concentración de riqueza que se resisten a una mayor distribución (en pro del bien común), de lo que han acumulado, generalmente en base a privilegios diversos y a la explotación del trabajo ajeno.

A la par, la puesta en marcha de políticas sociales inclusivas, de mayor igualación, de contención y promoción social de los sectores más vulnerados, debe acompañar y apuntalar todo proyecto general que se precie y reconozca como popular.

Pero no todo el mundo piensa igual acerca de qué hacer con los pobres que genera el sistema. ¿La propuesta debería ser meramente controlar a los pobres o bien tratar de combatir la pobreza y actuar sobre sus nocivos efectos?

De “vigilar y castigar” ya nos hablaba el filósofo francés Michel Foucault, hacia mediados de los 70 del siglo pasado. La disyuntiva podría plantearse, entonces, entre vigilar y castigar a los pobres o bien evitar la discriminación y apostar a la promoción y ampliación de derechos, por medio de vigorosas políticas de inclusión y de distribución de riqueza que mejore la calidad de vida de los mismos. ¿Más policías para la primera opción o más asistentes sociales (trabajadores sociales) para la segunda?

Los trabajadores sociales (o asistentes sociales) son los graduados de las carreras de Trabajo Social que se cursan predominantemente en universidades, públicas y privadas, de todo el país. El Trabajo Social es una profesión cuyos objetivos están dirigidos a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población (en particular de los sectores más desfavorecidos por las propias características del funcionamiento social) y a la defensa irrestricta de los derechos humanos, en su más abarcativa acepción.

No se trata de idealizar en abstracto (a los trabajadores sociales), ni tampoco de demonizar en abstracto (a los policías). Pero corresponde distinguir, que el trabajador social se suele caracterizar por poseer vocación y formación para la promoción humana y el desarrollo de procesos socio-educativos de las personas, familias y comunidades. Y el policía se suele caracterizar por su vocación y formación para el control y la represión. Ambas son profesiones legítimas, pero que cumplen funciones esencialmente dispares.

Usualmente se piensa más en reprimir que en prevenir. ¿A quiénes se reprime y se castiga más en nuestras sociedades? Por cierto, se castiga más a los más pobres, a los más desprotegidos, a los más estigmatizados. La criminalización de la pobreza no es una ficción; es una terrible constatación cotidiana.

Una sociedad cabalmente moderna no debe ser impropiamente permisiva, pero tampoco puede admitir -si se precia de democrática- la vigencia de criterios inequitativos para las acciones de punición y para la administración de la justicia.

De paso conviene recordar que ni más castigo, ni aumento de las penas, ni más cárceles, ni más cámaras de seguridad (¡ahora las instalaron hasta en el Obelisco!), podrán combatir eficazmente la violencia, si no se ataca a ésta en sus orígenes, en las causales de índole estructural que sobredeterminan su presencia.

Las tareas de reparación, de atención de las necesidades sociales, de apoyo a la reivindicación de derechos, de estímulo a la organización comunitaria, de promoción de actividades culturales diversas (musicales, teatrales, deportivas, educativas, cooperativas, etc.), que suelen impulsar los asistentes sociales en los barrios, constituyen un valioso y estratégico aporte para luchar contra la desigualdad social. En suma, para fortalecer la equidad y la propia democracia y apoyar la construcción de una sociedad más humana.

Para la consolidación de una sociedad con mayor justicia social cabe bregar a fondo por más empleo, por mejores salarios, por educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación para todos los habitantes. Para contribuir al logro de estos objetivos, sería mejor que hubiera más asistentes sociales y menos policías.

Buenos Aires, marzo 9 de 2014.


sábado, 22 de febrero de 2014



¡Populista, sí: a mucha honra!

Nota publicada en el Diario "Página 12" de Buenos Aires. Febrero 17 de 2014

                                                                                                          
                                                                                                                 Norberto Alayón (*)

(*) Trabajador Social. Profesor Titular
     (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

En el lenguaje corriente, ciertos políticos y académicos descalifican, abominan del término “populismo”. Los “izquierdistas” critican al populismo porque éste no apunta a erradicar el sistema capitalista. Los conservadores lo critican porque, aún incompletamente, defiende más los intereses de los sectores populares.

Se lo usa, se lo invoca de manera peyorativa, como un insulto, como si fuera una “mala” palabra. Por cierto, populismo se deriva de lo popular, de pueblo. ¿Estará mal hablar de lo popular/pueblo o encarar políticas en defensa de lo popular?

En contraposición, ¿estos sectores preferirían emplear el concepto de elitismo o de grupos selectos (no populares) que serían diferentes y mejores que la gente común? Intentan vilipendiar y construir una idea estigmatizante, desvalorizada de lo popular, desde su propia posición de clase. Algunos por odio de clases y otros por inveterada miopía intelectual, reflotan la vieja antinomia de “popular versus antipopular”.

Juan Cruz Varela, hermano de Florencio, fue un escritor y político argentino, instigador -junto a Salvador María del Carril- del fusilamiento de Manuel Dorrego, perpetrado por Juan Lavalle. En 1828, después de la caída del gobierno popular de Dorrego, desde Montevideo escribió los siguientes versos: “La gente baja ya no domina y a la cocina se volverá”. Fantástica y desgraciada oda antipopular, que refleja el pensamiento de muchos, de ayer y de hoy. Lo que estaba y está por supuesto también en juego en la actualidad, es la disputa por quién ejerce el poder: uno u otro sector social.

En el basamento ideológico del retrógrado sistema de segregación racial, denominado “apartheid”, se mencionaba que “El más educado de los negros es, por definición, inferior al menos educado de los blancos”. Si adecuáramos esta afirmación a las categorías “rico/pobre”, podríamos leer, remedando a los seguidores del “apartheid”: “El más educado de los pobres, es, por definición, inferior al menos educado de los ricos”.

El desprecio que algunos vuelcan sobre el populismo parece asimilarse a las críticas que se verifican, en el ámbito de la justicia, hacia las concepciones “garantistas”, que tienden precisamente a garantizar los derechos de todos. ¿Qué otra cosa se debería ser? ¿Antigarantista?  Por ejemplo, al dictador Videla, a Martínez de Hoz, a la Sociedad Rural Argentina, a los Macri de hoy, los seducían y los seducen las ideas y las políticas antigarantistas. Quieren garantías (y especialmente privilegios) sólo para los poderosos.

Las políticas progresistas de Inclusión Previsional, de la Asignación Universal por Hijo, el Programa PROCREAR de viviendas, el Programa Conectar Igualdad, el Programa PROGRESAR han sido recurrentemente tildadas de populistas, de demagógicas. ¡Menos mal que existen estas políticas que propenden a una mayor justicia social! Estas medidas, ¿son criticadas por impericia, por irresponsable liviandad, por interés político de mera y burda oposición? Y ni qué hablar de aquellas extraviadas (para decir lo menos) expresiones de ese dirigente político nacional, que avergonzarían y enfurecerían a don Hipólito Yrigoyen, cuando criticó la Asignación Universal por Hijo y dijo que la misma “se iría por la canaleta del juego y de la droga”.

Resultan asombrosas, cuando no tristemente patéticas, las opiniones de algunos cientistas sociales que aparentan pasar como objetivos y rigurosos, arremetiendo sistemáticamente contra lo popular, contra el populismo, obteniendo el beneplácito y la adulación de poderosos diarios, canales y radios que representan los intereses más antipopulares y que, como es coherente con su ideología, hasta apoyaron la dictadura cívico-militar-eclesiástica iniciada en 1976.

Muchos de estos cientistas sociales provienen del campo del “progresismo” o del “izquierdismo”. Muchos hasta fueron funcionarios del menemismo y del gobierno de la Alianza y poco o nada hicieron desde los ministerios y reparticiones de Desarrollo Social. Convendría repasar y recordar sus nombres, para ver si se trata de las mismas personas.

Critican al kirchnerismo por populista. Lo mismo hacen otros con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, con Dilma Rousseff en Brasil. Lo que es un mérito, en beneficio de las mayorías más desprotegidas, intentan transformarlo en algo descalificable, en algo abyecto. Resulta evidente que no critican para mejorar y avanzar; critican para debilitar y retroceder.

En 2014, en el marco concreto de la cruda realidad internacional y nacional, resulta absolutamente pertinente apoyar las políticas de carácter popular, en línea con la defensa de los sectores más postergados.

De merecer una crítica o un epíteto insultante, de parte de los diversos sectores objetivamente antipopulares (“izquierdistas” o conservadores, cientistas sociales o no) preferiría y hasta me halagaría que me dijeran “populista”. La ceguera reaccionaria y provocativa de muchos, me induce a asumir en la encrucijada actual, la afirmación de ¡Populista, sí: a mucha honra!  

Buenos Aires, febrero 17 de 2014.

sábado, 15 de febrero de 2014

LOS DERECHOS DE LA GENTE

Nota publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires, el 10 de febrero de 2014.
 

                                                                                              Norberto Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de
     Ciencias Sociales-UBA)


En este febrero de 2014, como es sabido, atravesamos en el país por un período de variados y sistemáticos intentos de debilitamiento y desestabilización del gobierno, por medio de acciones especulativas de los sectores económicos y políticos más concentrados, que ven limitados (aunque parcialmente y hasta muy escasamente en muchos casos) sus enormes e históricos privilegios.

Se pusieron claramente en evidencia distintas maniobras de retención y no liquidación de las exportaciones, complementándose con aviesas y hasta ilegales operaciones cambiarias con la transacción del dólar y luego aumentos injustificados de precios en consumos básicos, no disponibilidad de productos, engaños e incumplimientos de los precios acordados con las autoridades, todo lo cual puso sobre el tapete el papel que debe cumplir la ciudadanía ante los abusos que perpetran -con extrema impunidad- los sectores del gran capital, acostumbrados a querer decidir y mandar por sobre el poder político emanado de la soberanía popular, que constituye la esencia misma de la democracia.

Ante estos obscenos abusos se articuló una importante reacción por parte de los consumidores, que confluyó en una propuesta de boicot de compra por un día de alimentos en los supermercados (extranjeros y nacionales) y también de combustibles.

El activismo de la ciudadanía en pos de la vigencia y preservación de sus derechos, en pos del llamado “empoderamiento”, habilita un fructífero espacio para la reflexión (y la acción) acerca de cómo entender y definir la participación de la gente.

Desde el campo profesional del Trabajo Social, hace ya bastantes años venimos afirmando que promover los derechos de la gente y reclamar activamente para que se cumplan debe ser entendido como un deber y no sólo como un derecho de los ciudadanos. El reforzamiento de esta noción nos parece muy importante para reafirmar la necesidad de una ciudadanía atenta y vigilante del cumplimiento cotidiano de sus derechos, que vaya desterrando las conductas pasivas o simplemente expectantes acerca de si los derechos están meramente formulados o por el contrario están -como debe ser- plenamente vigentes.

Esta participación activa de la comunidad será la garantía cierta de que los derechos se ejerciten tal como estén legislados, evitando que se reproduzca ese sentimiento escéptico y generalizado según el cual una cosa es la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, las leyes, las normas, las ordenanzas y otra -muy distinta- la realidad.

La tensión que está en el núcleo de la noción de ciudadanía es -en definitiva- la que se da entre las necesidades de los grupos sociales para su sobrevivencia y reproducción (instituidas como derechos)) y las “necesidades” del mercado, que se imponen sobre aquellas cuando estos derechos se pierden o se debilitan las instituciones que deben garantizarlos (el Estado).

De ahí que, para la promoción y defensa de los derechos, resulta clave develar y cuestionar la naturaleza de las relaciones sociales vigentes, en cuyo marco los abusos son posibles, identificando con rigor la presencia simultánea y contradictoria del binomio derechos-violación de los derechos.

Cabe recordar que los derechos se construyen y reconstruyen con la vigilancia permanente de su cumplimiento, pero que también se pueden diluir o directamente perder si no se ejercita su defensa cotidiana. Es la reivindicación y reclamo ante las obligaciones incumplidas por parte de los Estados nacionales, provinciales o municipales lo que contribuye a la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos.

La lucha por la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del conjunto de la población. El reconocimiento de que los habitantes sin derechos no son ciudadanos, abre la posibilidad de generar un impulso de activismo, en pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales.

El pleno funcionamiento de Estados democráticos, con ampliación de derechos para todos los habitantes, permitirá -por lo menos- limitar la inhumana irracionalidad del sistema capitalista.


Buenos Aires, febrero 10 de 2014.    

lunes, 13 de enero de 2014

EL CAPITALISMO CORRUPTOR

Nota publicada en el Diario "Página 12" de Buenos Aires - Enero 2 de 2014

                                                                                                                          Norberto Alayón(*)

(*) Profesor Regular Titular
     Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Empecemos rememorando lo mero principal: en esencia, el capitalismo es profundamente corrupto y corruptor. Como decía el viejo proverbio español, “lo que por sabido se calla, por callado se olvida”. Para no olvidar, entonces, recordamos que el capitalismo es el sistema político-económico-social que predomina en casi todo el mundo.

El juez federal Ariel Lijo acaba de procesar a ex ejecutivos de la empresa alemana Siemens por el pago de sobornos, por 106 millones de dólares, a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, para quedarse con el negocio de la informatización de los DNI en la “Década Infame” de los ´90. El juez consideró probado que las coimas existieron y dictó 17 procesamientos y embargos millonarios a los directivos de Siemens, a los funcionarios de Menem y también a integrantes del Grupo Socma (de la familia Macri) por su relación con el delito cometido.

La corrupción no es un fenómeno exclusivamente inherente a lo estatal. Se trata de un comportamiento que, en sintonía y correlato con el modelo de funcionamiento social, atraviesa al conjunto de la sociedad, incluyendo -obviamente- también a la clase política.

La corrupción no es patrimonio exclusivo de los poderes del Estado, se trate del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Seguro que hay -y está muy mal- políticos corruptos, legisladores corruptos, jueces corruptos. Y también hay empresas corruptas (pensemos sólo al pasar en Papel Prensa), empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos, sindicalistas corruptos, corporaciones profesionales corruptas, lobistas corruptos, organizaciones internacionales corruptas. ¡Mi Dios, la corrupción parece estar en todos los lados! Y ya que invocamos a Dios, recordemos que hay corrupción hasta en el Vaticano y en diversas cúpulas religiosas.

Pero el “sentido común” de la gente adjudica y relaciona, casi automáticamente, la corrupción sólo con los políticos. Y no se trata de ser ingenuos ni indulgentes con determinados políticos corruptos. Pero hay que advertir que cuanto menos política haya, que cuanto menos Estado funcione, más actuarán a sus anchas los corruptos de adentro y de afuera, y especialmente los grandes mercaderes (sean los Estados imperiales, las empresas internacionales de enorme poder económico, los grupos financieros del mundo, los “serviciales” bancos, etc.).

En suma, como se decía certeramente en otras épocas (y que es necesario seguir teniendo presente), nos referimos a los principales expoliadores y corruptos de toda laya, los cuales para garantizar su reproducción y vigencia buscan y logran corromper a distintos actores de la función pública y, lo que no es menor, logran pasar como cínicos ángeles impolutos, sorteando el descrédito que también los debería alcanzar a ellos.

Y ya que estamos, a la luz de la ausencia de luz de estos últimos días, no estaría mal que nos preguntáramos acerca del comportamiento comercial de las empresas Edenor y de Edesur.

Las embajadas, especialmente las del llamado primer mundo, sistemáticamente operan y presionan sobre nuestros Estados para defender los intereses económicos de las empresas de sus respectivos países.

En este caso puntual, referido al anómalo proceder de la empresa Siemens, sería edificante que la Embajada de Alemania en Argentina se expidiera, por lo menos reprobando el delictuoso accionar de esa gran compañía alemana que representa -en alguna medida- a dicho país europeo.
  
Buenos Aires, enero de 2014.