Del Proceso de Videla al PRO de Macri
nota publicada en el Semanario "Miradas al Sur" Nº 289 (Buenos Aires, diciembre
1º de 2013).
Norberto Alayón (*)
(*) Profesor Titular Regular
Facultad
de Ciencias Sociales-UBA
Ricardo Zinn (1926-1995),
economista, autor del famoso slogan “Achicar el Estado es agrandar
la Nación”,
expresó que “otro objetivo del gobierno militar fue la disminución de gastos en asistencia
social” (La Opinión, mayo 1979).
En esos días de 1979 presentó la
versión en inglés de su libro “La segunda fundación de la República” (de agosto de
1976) en el Harvard Club de Nueva York. En la ocasión argumentó que “los
objetivos del Gobierno tienen como meta la efectiva apertura de la economía y la
reducción drástica del gasto público, al que calificó de grave peligro para la
existencia del país como sociedad libre”. Aseguró que había que corregir “los
sesenta años de aventuras populistas y demagógicas que provocaron la decadencia
político-económica en la
Argentina”, señalando a la vez que “por primera vez en muchas
décadas tenemos un sistema político basado en instituciones y no en personas, y
en una política económica que asegura la corrección de defectos estructurales
causados por muchos años de mala administración”.
Según Zinn, la obra presentada
tenía como propósito hacer pública “la situación de un país que sufrió dos
monstruosas desgracias: la populista distorsión de la democracia y la agresión
marxista interna y exterior”. Enfatizó que “sólo los valores morales resultantes
de un esfuerzo racional y ético hacen posible aplicar la democracia occidental”,
agregando que “únicamente por la restauración de esos valores puede volver a
funcionar la democracia”.
Del 2 de junio al 17 de julio de
1975 había sido vice-ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón. Fue
reconocido como el autor intelectual del “Rodrigazo”, aquel brutal plan de
ajuste lanzado por el ministro Celestino Rodrigo que aumentó entre 50 y 180 por
ciento el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y el transporte, los
combustibles y desató una remarcación de precios que arruinó a miles de
industriales y redujo a una tercera parte el poder adquisitivo de los salarios
(Raúl Dellatorre, Página 12, julio
2006).
Este portador de semejantes
antecedentes antipopulares y antinacionales desdeñaba de los “gastos” en
asistencia social y bregaba por la firme disminución de los mismos. No era (ni
es) el único que, impulsando la cruel lógica neoliberal, se resisten a la
implementación de políticas sociales y asistenciales como mecanismo, aunque
parcial, de disminución de la exclusión y de la pobreza.
Con justeza el economista peruano
Javier Iguiñiz afirma que “hay una desvalorización de lo asistencial, porque se
está pensando como que corrompe a la gente, que la hace entrenarse en estirar la
mano. Yo estoy muy en contra de esta perspectiva. Uno siempre puede sacar casos
individuales: el borracho tal o el drogado cual que vive de la limosna estatal y
por lo tanto cultiva su propio vicio. Pero ésos no son los casos
estadísticamente significativos; se los usa para denigrar el apoyo que mucha
gente sana y muy trabajadora merece recibir. Considero que es una forma de
expresar la mezquindad de mucha gente y desprestigiar el apoyo que merecen
otros”. (Página 12, junio 2012).
El gobierno del PRO de Mauricio
Macri recortó 3 millones de pesos del presupuesto destinado al Programa de
Intervención Social en Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales
Transitorios y los transfirió a la promoción y desarrollo de eventos como
“Buenos Aires Ciudad de Moda” y el Festival Internacional de Diseño de Servicios
Especializados, Comerciales y Financieros. Previamente ya había suprimido otros
130 millones de pesos de distintos programas de asistencia social (del Programa
Ciudadanía Porteña que tiene por objetivo “disminuir los niveles de desigualdad”
y del Instituto de Vivienda de la ciudad) para indemnizar a propietarios de
comercios, viviendas y automóviles afectados por una inundación que se registró
en la Capital
Federal.
En 1976 fue designado por la
dictadura cívico-militar el aviador Osvaldo Cacciatore como Intendente de la
ciudad de Buenos Aires, permaneciendo en el cargo hasta 1982. El mismo impulsó,
en su autoritaria gestión, una suerte de “limpieza étnica” en la ciudad,
desalojando compulsivamente a miles de personas y expulsando a los habitantes de
las villas y barrios pobres. El propio Mauricio Macri, presidente del Partido
PRO y Jefe de Gobierno de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró
públicamente su admiración por el funcionario de facto Cacciatore, como “el mejor Intendente que tuvo la
ciudad”. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a expresar su adhesión y
simpatía para con aquellos actores políticos -a pesar de no ser democráticos-
con los cuales uno se siente contenido y representado en su ideología y en sus
prácticas. Esta alabanza de Cacciatore da cuenta de las propias concepciones de
Macri y de sus proyectos.
El sociólogo brasileño Emir Sader,
refiriéndose a los actuales gobiernos posneoliberales de Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, menciona certeramente que los mismos
“defienden la centralidad de las políticas sociales -más que justificada en el
continente más desigual del mundo- y no de los ajustes fiscales”. Asimismo,
“defienden un rol activo en lo económico y social del Estado, en lugar del
Estado mínimo y de la centralidad del mercado”. Agregando que “la lucha de
resistencia al neoliberalismo y la construcción de alternativas posneoliberales
es la más grande tarea contemporánea de la izquierda. Porque el neoliberalismo
es el traje que viste el capitalismo en el período histórico actual”. (Página 12, noviembre 2013).
Esteban Bullrich, licenciado en
Sistemas y Master en Administración de Empresas por la Escuela Kellogg de USA, es el
ministro de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2009. Reemplazó en el
cargo al pensador de derecha Abel Posse, cuya gestión duró 11 días y quien a su
vez había reemplazado a Mariano Narodowski, procesado judicialmente en 2010,
conjuntamente con Mauricio Macri, por un famoso caso de espionaje y escuchas
telefónicas ilegales.
Bullrich sostuvo que
la Asignación
Universal por Hijo (AUH) “es una política del fracaso” y que el
aumento del beneficio “genera un problema para toda la sociedad”. Agregó que
“aumentar la AUH
es demostrar por parte del Gobierno que es
incapaz de resolver los problemas de pobreza, que la única forma que tiene de resolver los
problemas de la gente no es dando trabajo y libertad con el trabajo o mejor
educación sino dándole más plata”. Y vaticinó que “en caso de que Macri llegue a
la
Presidencia en 2015 se trabajaría para transformarlo en un
subsidio al trabajo, que genere fuentes de trabajo reales, no ficticias”. (Ámbito, septiembre
2012).
Estas afirmaciones de Bullrich se emparentan con lo
que fue la ideología de la dictadura cívico-militar y del neoliberalismo de los
90, cuando se transformó al trabajo (o lo que se suponía como trabajo) en un
recurso de la asistencia para quienes no se esperaba que hallaran un empleo en
el mercado formal. Eran esos los subsidios a cambio de alguna contraprestación,
sin ningún acceso a la seguridad social, asociada al empleo registrado.
Contrariamente, sus componentes se restringían y se privatizaban. Así, con la
reforma del régimen de asignaciones familiares, sus montos (que se adicionan al
salario) se hicieron insignificantes; y con la reforma del régimen jubilatorio,
se crearon seguros individuales administrados por las AFJP, nuevos agentes del
mercado de capitales.
Contrapuesta a esa política es la AUH, creada como un componente
de la seguridad social, extendiendo derechos sociales a población excluida de la
misma. Aunque comprende solamente parte de las asignaciones familiares que
cobran los asalariados formales y se mantienen diferencias y ciertas
disparidades, constituye un dispositivo que amplía esos derechos del trabajo a
los hogares de trabajadores del mundo de la informalidad, donde ciertamente se
hallan los mayores índices de pobreza. La promesa de Bullrich “de eliminar
la AUH y
reemplazarla por planes laborales" es claramente, entonces, la promesa de la
eliminación de un derecho social y su reemplazo por planes asistencialistas para
los que quedan fuera del trabajo, volviendo a excluirlos de la seguridad social.
Eso es, en concreto, lo que se desprende de las palabras de Bullrich: volver a
los principios del individualismo y a un Estado neoliberal, que es precisamente
el proyecto del PRO. Para esos principios y ese Estado, los “derechos” dependen
del mercado; es decir, no hay derechos, sino capacidad (o no) de consumo. Los
derechos sociales ponen límites (variables) a esa dependencia. Ningún derecho
existe si no es instituido estatalmente como derecho. El derecho al trabajo, a
condiciones dignas para el mismo y a la seguridad y protecciones ante avatares
de la vida, exige la intervención del único órgano con capacidad de imponerlo
legítimamente, que es el Estado y por la ley.
Bernardo Kliksberg enfatiza que “la Asignación
Universal por Hijo apoyó en la Argentina, en sus tres
años de existencia, a 3,5 millones de niños desfavorecidos. Combinado con un
fuerte aumento de la inversión en la creación de escuelas en las áreas pobres, y
de la ampliación de los servicios en salud, mejoró sustancialmente las tasas de
aprobación escolar y de salud”. Agregando que “la realidad muestra que es
imprescindible un Estado que regule activamente, en protección del interés
colectivo”. Y pregunta: “¿A quién le conviene que el Estado sea débil y no
regule (como quería Zinn ya en los 70; y
como quiere el PRO ahora); a quién le conviene que se sigan aplicando las
políticas de austeridad, a pesar de sus impactos regresivos, y desacreditar
sistemáticamente políticas públicas sociales, aunque den claros resultados?” (Página 12, noviembre
2013).
La concepción ideológica y las
acciones concretas de aquel economista y político Ricardo Zinn y del actual
empresario y político Mauricio Macri (líder del PRO) guardan una significativa
coincidencia, en sentido opuesto a la imprescindible construcción de una
sociedad más igualitaria y justa.
Buenos Aires, diciembre de 2013
