jueves, 4 de julio de 2013

LOS TRABAJADORES SOCIALES: ¿CÓMO NOS LLAMAMOS?

LOS TRABAJADORES SOCIALES: ¿CÓMO NOS LLAMAMOS?


                                                                                                                                Norberto Alayón (*)


(*) Lic. en Trabajo Social. Profesor de la
    Carrera de Trabajo Social de la UBA.


El título que reciben los agentes de una determinada profesión no expresa todo acerca de su quehacer y significado, pero la adopción de una u otra denominación es igualmente indicativa de ciertas orientaciones, tendencias y posicionamientos acerca de su labor, funciones y objeto. Las denominaciones no idénticas para una misma profesión, como se registra en el campo del Trabajo Social, dan cuenta de un proceso histórico interesante de revisiones y redefiniciones que se fueron produciendo a partir del cuestionamiento de sus prácticas en el abordaje de la cuestión social.

¿Cómo nos denominamos quienes representamos a esta profesión? La profesión es ¿Servicio Social o Trabajo Social?  Sus agentes son ¿asistentes sociales o trabajadores sociales?  O bien: ¿asistentes sociales y trabajadores sociales son lo mismo y cumplen las mismas funciones en los diferentes ámbitos institucionales?

Tradicionalmente, en Argentina, las carreras o escuelas de Asistencia Social formaron a los asistentes sociales. Más tarde las escuelas o institutos de Servicio Social titularon trabajadores sociales, pero también asistentes sociales. Los centros académicos universitarios, públicos y privados, formaron asistentes sociales y trabajadores sociales; y también licenciados en Servicio Social y licenciados en Trabajo Social y doctores en Servicio Social y, más recientemente, en Trabajo Social.

Los centros de formación que adoptaron el nombre de Asistencia Social, graduaron -en correlato con su denominación- a asistentes sociales, pero no a trabajadores sociales. Los centros que impulsaron el nombre de Servicio Social no graduaron a servidores sociales, pero sí, indistintamente, a asistentes sociales y a trabajadores sociales. Los centros que asumieron la denominación de Trabajo Social graduaron exclusivamente a trabajadores sociales.

Actualmente, en la gran mayoría de las universidades públicas se ha adoptado el término Trabajo Social para denominar la carrera. No obstante, por ejemplo, hay casos como el de la Universidad Nacional del Comahue, en donde en sus dos sedes (General Roca, Río Negro y Neuquén) se cursa la Licenciatura en Servicio Social, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. O en la Universidad Nacional de Mar del Plata donde también se cursa una Licenciatura en Servicio Social, con la particularidad además de que dicha licenciatura depende de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social.

Por su parte, universidades privadas como la del Museo Social Argentino, del Salvador, John F. Kennedy, Morón, mantienen la denominación de Servicio Social, al igual que otras carreras de carácter terciario que dependen de obispados y ministerios provinciales.

En el espacio de la formación profesional, además de esta diversidad de denominaciones y títulos, se registran distintas estructuras académicas (Carreras, Departamentos, Institutos, Facultades) y también variadas dependencias funcionales (de universidades, ministerios, obispados). Particularmente en las instituciones de carácter público, la denominación de Trabajo Social y trabajador social ha venido ganando preponderancia en relación a la de Servicio Social y a la de asistente social.

Asimismo, cabe mencionar que existe una Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), aunque no todos los centros de formación integran esta Federación de carácter nacional.

En cuanto a las organizaciones de carácter gremial, observamos que las denominaciones que asumen quienes integran la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), la cual adoptó para sí el término “Servicio Social”, expresan -a la vez- esta heterogeneidad.

En principio, resulta ilustrativo señalar que de las 24 organizaciones regionales que componen la FAAPSS se reconocen como Consejos: 5 (CABA, Formosa, La Pampa, La Rioja y Santa Cruz); como Asociación: una (Mendoza); y las 18 restantes como Colegios.

Las denominaciones puntuales que adoptan dichas organizaciones son las siguientes:

Servicio Social o Trabajo Social: 4 (CABA, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán).

Servicio Social: 7 (Chaco, Córdoba, Jujuy, Misiones, Neuquén, San Juan y San Luis).

Trabajo Social: 4 (Chubut, Santa Cruz, Santa Fe-2ª Circunscripción y Santiago del Estero).

Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales: 1 (Provincia de Buenos Aires).

Asistentes Sociales: 7 (Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe-1ª Circunscripción.

Trabajadores Sociales: 1 (Mendoza)

A esto debe agregarse el caso de la profesión en la provincia de Corrientes, donde en noviembre de 2012 se aprobó una ley que crea el Colegio de Trabajadores Sociales provincial. Podría añadirse también, seguramente entre otros tantos casos, la existencia en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires de la Agrupación de Profesionales en Trabajo Social de Lincoln (APTSOL).

De vieja data (de la década de los 60 del siglo pasado) es la tensión y disputa por la denominación que debía asumir esta profesión y sus profesionales. El tiempo y una mayor y mejor objetivación de cierta esterilidad que generaban estas divergencias sobre aspectos tal vez secundarios, fueron acercando las posiciones y licuando las diferencias formales.

No obstante, en esas épocas, detrás de las discrepancias y desacuerdos (por sobre la banalidad de algunas argumentaciones) existió un fuerte conflicto y debate por la función, los objetivos, los aspectos metodológicos, que habrían de caracterizar a la profesión según las diversas posiciones. Cabe destacar que, en la actualidad, han perdido vigencia las discusiones conceptuales por la pertinencia de unas u otras denominaciones, pero no la capacidad de autorreflexión y revisión de su práctica en el interior de la profesión.

Como anécdota personal, recuerdo que hacia 1966 o 1967 quise afiliarme al Colegio de Asistentes Sociales que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires, pero no fui admitido porque mi título era de trabajador social y dicha asociación sólo aceptada en su seno a los graduados con título de asistente social.

En abril-mayo de 1966, la Editorial ECRO de Buenos Aires publicó el número 7 de su revista “Hoy en el Servicio Social”. El editorial de dicha revista, firmado por el colega Alberto Dufour, se tituló “Asistentes y/o Trabajadores Sociales”, y en el mismo se despliegan diversas consideraciones y argumentaciones acerca de esta controversia que mantenían los profesionales de esa época. Dicha Revista, cuyo primer número data de diciembre 1964/enero 1965, mantuvo la denominación de Servicio Social hasta su número 19-20 de enero/marzo de 1971. A partir del número 21 (de julio de 1971) pasa a llamarse “Hoy en el Trabajo Social”, hasta el número 34 (el último), de diciembre de 1977.

Por su parte, la Editorial Hvmanitas también de Buenos Aires, publicó desde marzo de 1968 la revista “Selecciones del Social Work”, la cual pasó a denominarse “Selecciones de Servicio Social” a partir de su número 9, de marzo de 1970, manteniendo el mismo nombre hasta el número 36 (el último que se publicó), correspondiente al tercer cuatrimestre de 1978.

En el ámbito latinoamericano, en el año 1965 se fundó en Lima, Perú la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS), la cual en 1977 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana adoptó el término Trabajo Social y pasó a denominarse Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS). Finalmente, esta misma organización volvió a cambiar de nombre, en Santiago de Chile en el año 2006, transformándose en la actual Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS).    

En el espacio de las instituciones, suele predominar -aún hoy- la denominación de Servicio Social, por sobre la de Asistencia Social o Trabajo Social. En la invocación de la mayoría de la población, el nombre que prevalece es el de asistente social y no el de trabajador social. Inclusive todavía, en ocasiones, se hace referencia a este profesional como a “la Visitadora Social”. En los hospitales, en los tribunales, en las escuelas, en las municipalidades, existen -y como tal son claramente reconocidas e identificadas- la “oficina de Servicio Social”, o el “área de Servicio Social”, o directamente “el Servicio Social”. Son frecuentes las expresiones que se emplean en las instituciones, referidas -por ejemplo- a que “tiene que pasar primero por el Servicio Social”, o vaya a “la oficina de Servicio Social”.

En las normativas institucionales, en los llamados a concursos, en los formularios administrativos, con frecuencia se menciona la categoría “asistente social” y no “trabajador social”. Los profesionales de otras disciplinas, en particular los menos jóvenes, también suelen hacer referencia a la asistente social, aunque ello va tendiendo a ser modificado básicamente a partir de las nuevas generaciones.

Recientemente una alumna (Janina Nieto), de los primeros años de la Carrera de Trabajo Social de la UBA, me narró un episodio sumamente interesante. Conversando con una médica de un hospital de una Obra Social Sindical de la ciudad de Buenos Aires, ésta le pregunta qué estudiaba, y la alumna le contesta “Trabajo Social”. La médica le responde “asistente social” y Janina le vuelve a contestar “no, trabajadora social”,  ante lo cual la médica la mira con grandes ojos de asombro y le dice "en el hospital donde yo trabajo las trabajadoras sociales son las prostitutas, porque cuando a ellas se les pregunta de qué trabajan, dicen "somos trabajadoras sociales". Mi alumna entonces me comenta, con cierta perplejidad: “la verdad sólo pensé y respondí que tendremos que buscar otro nombre; con ese estamos complicados...”.

La diversidad de denominaciones, ¿conspira contra una adecuada identificación y reconocimiento de nuestra profesión y de nosotros mismos como profesionales? Por cierto, hay que admitir que no es común que una misma profesión y sus agentes específicos tengan dos nombres: asistente social y trabajador social; y Servicio Social y Trabajo Social.

Probablemente para entender mejor las características y funciones de esta profesión resultará útil reconocer que el Trabajo Social termina siendo -en definitiva- lo que los trabajadores sociales o asistentes sociales hacemos concretamente en nuestras prácticas. Será importante también reparar en cómo “nos ve y cómo nos caracteriza y define” la sociedad y en particular los sectores sociales con los cuales trabajamos directamente, cotejando a la vez con nuestra propia percepción acerca de lo que es o debería ser la profesión.

Aspiramos a que estas breves consideraciones, de carácter general, puedan conducirnos a revisitar los procesos de institucionalización de la profesión, las diversas denominaciones en el transcurso de su historia, cómo se nos ubica y reconoce socialmente, cómo nos posicionamos y definimos nosotros mismos, y tal vez -también- puedan contribuir a reflexionar sobre nuestra propia identidad y función, en esta segunda década del siglo XXI.


Buenos Aires, junio de 2013.


viernes, 14 de junio de 2013

MACRI, EL GRAN CONSERVADOR

Nota publicada en el Diario "Página 12" de Buenos Aires. Junio 6 de 2013. página 12.


                                                                                                 Norberto Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor de la Facultad
     de Ciencias Sociales-UBA

Tras la enorme inundación que se produjo en la Capital Federal el pasado 2 de abril, la cual ocasionó ocho muertes e innumerables perjuicios económicos para los vecinos de las zonas afectadas, el gobierno de la ciudad debió asumir un programa de indemnizaciones para los inundados.

Para ello constituyó un fondo de subsidios, en base a la reasignación de partidas presupuestarias y al recorte de 130 millones de pesos de distintos programas de asistencia social. En abril fueron 40 millones y luego otros 70 millones recortados del Programa Ciudadanía Porteña. Otros 20 millones provienen del Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Veinte millones más se reasignaron desde partidas de los ministerios de Hacienda y de Espacio Público. En síntesis: de ese total de 150 millones, el 86,66 % proviene de recortes a programas sociales en vigencia. Sobre los 70 millones, más tarde el Gobierno informó que retornarían al programa Ciudadanía Porteña en el segundo semestre del año, por la vía de una ampliación presupuestaria que primero tendrá que ser aprobada por el Poder Legislativo.

El objetivo general del Programa Ciudadanía Porteña "Con todo Derecho", dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, es “disminuir los niveles de desigualdad en la CABA. Para lograrlo, brinda un subsidio mensual que mejora el ingreso de los hogares en situación de pobreza o indigencia. El subsidio se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar, y está condicionado al cumplimiento por parte de los hogares beneficiarios de obligaciones en educación y salud”. Por su parte, el programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del IVC está destinado a las villas de la ciudad.

¿Por qué el gobierno de Macri recorta fondos de los programas destinados a los sectores más necesitados de la sociedad?  ¿Por qué este gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ante la emergencia, no apela a reducir otras partidas, evitando perjudicar a los más débiles?

El politólogo y sociólogo norteamericano Alan Wolfe desarrolla agudamente la idea de que “quienes abogan por un menor gasto gubernamental en los programas sociales, saben lo que hacen, pues dada la función de acumulación del Estado, la única manera en la que puede reducirse la actividad gubernamental es por medio del ataque al punto más democrático, que es la política de bienestar social. Lo que está en juego no es una abstracción llamada “gasto” o “política”, sino las necesidades reales de la gente real. Por consiguiente, la estrategia política más inmediata para la gente común tendría que dirigirse tanto hacia la preservación como hacia la expansión de los servicios del gobierno”. Y agrega Wolfe, “… la mayor parte del gasto estatal es popular, no en un sentido abstracto, sino en cuanto afecta a los individuos en particular (seguridad social, hospitales, compensaciones de desempleo, etc,). El silogismo es inmodificable: el gasto en bienestar social es democrático; algunos (la tendencia antiestatista) quieren eliminarlo o reducirlo sustancialmente; quienes proponen eso se vuelven antidemocráticos. En otras palabras, el ataque a la actividad gubernamental se ha convertido en un ataque, no demasiado bien disimulado, a la democracia misma”.

Con los recortes a los programas sociales (ya de por sí insuficientes), el gobierno de Macri habilita a que los pobres de la ciudad subsidien a los inundados de la ciudad. Con frecuencia, se escucha a los sectores mejor posicionados económicamente, quejarse de que son ellos los que contribuyen, con sus impuestos, a mantener a los “vagos y perezosos” que prefieren vivir de la asistencia social del Estado. En esta ocasión, ¿qué pensarán de la “solidaridad coercitiva” que Macri le aplicó a los pobres para indemnizar a los propietarios de comercios, viviendas, automóviles; en suma, para resarcir a otros ciudadanos que no son tan pobres como ellos?

Macri forma parte y, como tal, interpreta y representa fielmente las posiciones y los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad, en contra del bienestar general. ¿Tendrá razón el politólogo Wolfe acerca del carácter antidemocrático de estas medidas y de los propios gobernantes que las impulsan?



Buenos Aires, junio de 2013.

lunes, 22 de abril de 2013


LOS NIÑOS DE SCIOLI


Nota publicada en el diario "Página 12", de Buenos Aires. Abril 22 de 2013, página 6.
 


                                                                                                            Norberto Alayón (*)

(*) Profesor Titular Regular 
    Facultad de Ciencias Sociales (UBA)


Daniel Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante de la Argentina. Junto a Ricardo Casal, su ministro de Justicia y Seguridad, promueve una rigurosa ley para limitar las excarcelaciones por portación ilegal de armas, manifestando -a la vez- una marcada preocupación por los “menores delincuentes”.

Scioli supo expresar que su gobierno está trabajando “para que el Estado llegue antes y no después”. Agregando que “si una provincia no cuida a sus chicos, pensar en un futuro es una utopía”.

Tiene razón, por cierto, el gobernador con la aspiración de “llegar antes” y con la aseveración de la necesidad de “cuidar a sus chicos”.  Pero, sin embargo, esas declaraciones se contradicen brutalmente con la práctica concreta que despliega en el campo de la infancia y la adolescencia.

La provincia cuenta, en su extenso territorio, con centenares de Centros de Día y de Hogares convivenciales que deben albergar a niños y adolescentes “de la calle”, que pasaron por instituciones diversas, con débiles o inexistentes redes familiares, habiendo sufrido violencia física y, en muchos de los casos, aberrantes vejaciones y abusos sexuales.

Estos niños y adolescentes son destinatarios de un programa de becas que les permite su inserción, alimentación y contención en los mencionados centros y hogares infantiles. Pero, ¿cómo se patentiza la visión dual entre el discurso y los actos de gobierno, tornando en irreconciliable y flagrante la contradicción entre las palabras y los hechos?  Se logra de una manera atrozmente sencilla: no abonando en término las becas otorgadas a esos niños.  

Muchos de dichos Centros, conducidos por distintas organizaciones de la comunidad en sus respectivas localidades, que tienen convenios con el gobierno provincial para la transferencia de los recursos (es decir el pago de las becas), corren el riesgo de cerrar e interrumpir su labor ante las prolongadas demoras del gobierno en cancelar los montos acordados.

Y es que la subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Provincia, a cargo de Sebastián Gastelu, no les giró a tiempo los recursos pertinentes, correspondientes al quinto y sexto bimestre de 2012 y al primero de 2013. De este modo, resulta objetivamente imposible garantizar la promoción y la protección de los niños, y entonces las palabras y los exultantes deseos se transforman en vacuas y falsas formulaciones, vulnerando precisamente los derechos elementales de estos niños.

¿Qué acontecerá con esos niños y adolescentes si cierran algunos de esos Centros de contención?  ¿Volverán a “la calle”? ¿Volverán a ser objeto de nuevas violencias y abusos sexuales? ¿Cuál es el concepto de prevención que rige en las autoridades del gobierno provincial, habida cuenta de las dilatadas demoras en pagar las becas para la atención de los niños? Lo seguro es que se incrementará su vulnerabilidad y el Estado provincial, de este modo, terminará “llegando después” y no “antes”, precisamente a la inversa de lo que el gobernador Scioli decía que iba a garantizar.

Los sectores sociales más vulnerados, ante la ausencia de oportunidades, son virtualmente impelidos a la degradación y a la delincuencia y luego son los más severamente castigados, configurando un férreo “círculo vicioso”, acerca de lo cual la sociedad no puede eximirse (cándida o hipócritamente) de responsabilidad.

Cabe que nos interpelemos acerca de qué tipo de sociedad estamos construyendo, para que luego, cuando estemos frente a la terrible desgracia de que un niño o un adolescente agreda a otra persona, no salgamos despavoridos a buscar razones biológicas o genéticas en los “niños asesinos”, a tratar de penalizarlos más severamente o a intentar bajar la edad de imputabilidad para esos delitos.

La delincuencia y los delitos se construyen socialmente y luego, sólo en el eslabón más débil de la cadena (es decir, en los pobres) se aplican los castigos individuales, como una mágica creencia de haber solucionado el mal o para aliviar nuestra conciencia por lo que no hicimos oportunamente para prevenir.

Por eso la prevención, que requiere de activas políticas públicas -tanto globales como puntuales- debe asumirse como el instrumento más idóneo para la disminución de la violencia.

Cuando el gobierno de Scioli no paga las becas, en tiempo y forma, para “cuidar a los chicos”, está contribuyendo objetivamente, más allá de los discursos, a que el “Estado llegue tarde” y a alejarse suicidamente de la prevención como el mecanismo más apto para enfrentar las diversas y complejas problemáticas sociales.


Buenos Aires, abril de 2013.

lunes, 11 de marzo de 2013


EL DIARIO “LA NACIÓN”, EL “CUERVO” LARROQUE Y LOS ASISTENTES SOCIALES


Norberto Alayón (*)
(*) Profesor Titular Regular
     Facultad de Ciencias Sociales-UBA

Jorge Fernández Díaz, el Secretario de Redacción del diario “La Nación” de Buenos Aires, publicó en la edición del 1º de marzo un artículo titulado “El Cuervo Larroque, el kirchnerista absoluto”.

No voy a referirme puntualmente sobre “La Nación”, ni sobre el “cuervo” Andrés Larroque. Como trabajador social, voy a argumentar una defensa si se quiere “profesionalista” -aunque nunca ha sido éste mi sesgo preferido-, en esta época donde ciertas corporaciones operan en pro de sus intereses de manera casi obscena.

En su nota, de extensa crítica obsesionada sobre Larroque, el columnista Fernández Díaz expresa en uno de sus párrafos lo siguiente: “Larroque puede estar en el Parlamento llamando “narcosocialistas” a los aburridos socialdemócratas santafecinos o “atorranta” a una diputada de la centroderecha cool.  Pero también puede que se encuentre en las unidades básicas de las barriadas más humildes, predicando cristinismo o dando instrucciones a algún asistente social (subrayado mío) de Vatayón (Batallón) Militante.”

Los trabajadores sociales o asistentes sociales son los graduados de la carrera de Trabajo Social que se cursa predominantemente en universidades, públicas y privadas, de todo el país. El Trabajo Social es una profesión cuyos objetivos están dirigidos a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población (en particular de los sectores más desfavorecidos por las propias características del modelo de funcionamiento social) y a la defensa irrestricta de los derechos humanos, en su más abarcativa acepción.

Se trata de un vigoroso y dinámico colectivo profesional, con un importante nivel organizacional, plasmado en leyes nacionales y provinciales y en asociaciones y colegios de graduados y de unidades académicas que tienen pleno reconocimiento en el país, en Latinoamérica y en el mundo entero.

No tengo conocimiento de que trabajadores sociales se desempeñen profesionalmente dentro de la agrupación Batallón Militante. ¿El Secretario de Redacción de “La Nación” tiene información fidedigna acerca de la participación profesional de asistentes sociales (trabajadores sociales) en dicha organización? Si no fuera así, no debiera entonces referirse ligeramente sobre los profesionales asistentes sociales en un tono que raya con la desvalorización y el destrato. ¿Qué atributos responsables posee Fernández Díaz para referirse con desdén cuando habla de estos profesionales universitarios?

En el tenor de su nota, por cierto sobrecargada en distintos pasajes, la expresión “dando instrucciones a algún asistente social” suena a exigencias imperativas u órdenes de carácter vertical para que sean cumplidas sin reflexión alguna. Sólo en el período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica del 76-83, que el diario “La Nación” conoció muy de cerca, los trabajadores sociales -como tantos otros profesionales y ciudadanos en general- nos vimos compelidos en muchos casos a aceptar aberrantes imposiciones autoritarias del poder de facto.

Los trabajadores sociales, mujeres y hombres, son (somos) profesionales universitarios que se referencian e identifican con posiciones diversas en lo ideológico, en lo religioso, en lo cultural, en lo político. Desde luego, también habrá colegas que lean y se sientan representados y contenidos por el tradicional perfil del diario “La Nación”, que se autoatribuye ser “una tribuna de doctrina”.

Probablemente estos colegas, cercanos a las posiciones viejas y nuevas de “La Nación”, sean los que se sientan más dolidos por el objetivo menoscabo hacia el conjunto de la profesión de Trabajo Social, proferido por el Secretario de Redacción del centenario matutino. Sería deseable que Fernández Díaz asumiera la rectificación pertinente.   

Buenos Aires, marzo de 2013.

jueves, 21 de febrero de 2013


EL PERIODISMO FALAZ

Publicado en dos partes, en ediciones sucesivas del 6 y el 13 de febrero de 2013, en el "Semanario Universidad" (Nros. 1978 y 1979), de la Universidad de Costa Rica.


                                                                                                             Prof. Norberto Alayón
                                                                                                                          
Soy un trabajador social argentino y me desempeño como profesor en la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. A comienzos de diciembre viajé a Costa Rica, invitado por una institución oficial, para compartir una exposición académica sobre temáticas de mi profesión. En esa ocasión, llegó a mis manos un ejemplar del diario “La Nación” de Costa Rica, del 25 de noviembre, en el cual pude leer un editorial titulado “Kirchner en la cuerda floja”.

Lo tomé como un editorial más de los tantos que pululan en nuestros países, que expresan ciertas maneras de ejercer el periodismo ajenas a la responsabilidad y a la verdad. Luego me entero que dicho diario sería el más “importante” de Costa Rica y que se trataba de la edición número 22.954, ya que la publicación fue fundada en 1946 como “diario independiente”. Pensé en ese momento, con cierto humor negro, que 22.954 periódicos con el perfil y tenor de ese editorial pulverizarían el hígado de la persona más robusta y sana. Y es lo mismo que nos pasa a los argentinos con algunos diarios, hasta centenarios, que se autorreputan como serios.

Al regresar a mi país decidí enviar una respuesta breve a semejante insolencia y falsedad del “importante” diario. Envié unas pocas líneas, que me permito reproducir textualmente a continuación, ya que las mismas fueron publicadas en la sección Cartas, el 20 de diciembre, pero con algunos retoques y omisiones:

Sra. Yanancy Noguera, Directora del Diario La Nación de Costa Rica: Con todo respeto me dirijo a usted en relación al Editorial publicado en "La Nación" del domingo 25 de noviembre de 2012, bajo el título "Kirchner en la cuerda floja". Dicho texto, plagado de inexactitudes, exento de información fehaciente y atravesado por una suerte de malicia ideológica, constituye la expresión de un diario ajeno a la seriedad y al buen periodismo.
Tal vez no sea su deseo, pero sepa usted que ni la Presidenta Cristina Kirchner, ni la Argentina están "en la cuerda floja". Todo lo contrario: flojos de seso, pero plagados de veneno, se evidencian ciertos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, a los cuales se suma este extravío editorial del diario bajo su dirección. Le agradeceré tenga a bien publicar estas breves consideraciones, como derecho a réplica.

Veamos algunos de los dislates y la forma de “construir” las noticias, de la que hace gala el mencionado editorial, en su irracional afán de descalificar. Empieza con el título de “Kirchner en la cuerda floja”. Pareciera inducir a hacer creer a los lectores que el gobierno argentino está “por caer”. La presidenta Cristina Kirchner fue reelegida, en octubre de 2011, con más del 54 % de los votos, y tiene mandato constitucional hasta diciembre de 2015. El título y el contenido del editorial no implica una caracterización seriamente fundamentada; lo que implica y expresa es un deseo. ¿Querrá “La Nación” que el gobierno constitucional argentino caiga y volvamos a una dictadura cívico-militar? Tal vez sea el mismo deseo del que están embebidos ciertos sectores sociales de Argentina, que ven recortados sus enormes e históricos beneficios, articulados a los intereses económicos mundiales más concentrados e inequitativos. Estos sectores, en Argentina, intentan permanentemente por todos los medios (económicos, judiciales, mediáticos) difamar, desgastar al máximo posible a un gobierno de carácter “nacional y popular” como el actual, precisamente porque ven cuestionados sus privilegios y temen perderlos o siquiera verlos reducidos. Los sectores que impulsaron la genocida dictadura cívico-militar-eclesiástica que destrozó al país entre 1976 y 1983, la Sociedad Rural Argentina que expresa históricamente a la clase más oligárquica y parasitaria, el diario “La Nación” de la Argentina (¡oh, el mismo nombre que el de Costa Rica!), cierta jerarquía de la Iglesia Católica, en suma los sectores reconocidos como el conservadurismo, la derecha, todos portan el deseo de que este gobierno caiga. ¿”La Nación” de Costa Rica se sentirá identificada con estos sectores profundamente retardatarios y antidemocráticos y se suma a este deseo?  ¿Por eso publican semejante editorial?

Y agrega “La Nación”: “El cuadro tiene como fondo una camarilla asesora liderada por el hijo de la mandataria, con los sigilosos consejos de una amalgama de jóvenes de ideas radicales.” ¡Qué lenguaje irrespetuoso que suena a descalificante de la investidura presidencial! La presidenta argentina ha demostrado de sobra que posee la suficiente autoridad para no dejarse influenciar por ninguna camarilla. Simétricamente, aún dejando de lado la densidad abismal entre una presidenta elegida democráticamente dos veces por el pueblo y un diario como “La Nación”, se podría preguntar si detrás de la directora Noguera existe una camarilla ligada o descendiente de la familia Montealegre, relacionando a la vez a esta familia con el fusilamiento de Juanito Mora.

¿De dónde saca tan osados y falsos datos “La Nación”? ¿Se los proporciona la Sociedad Interamericana de Prensa, es decir la asociación de propietarios de diarios; los obtiene de la Cadena de la desinformación y distorsión sistemática, conocida como CNN; se los pide a la embajada norteamericana? Al alemán Paul Goebbels, ministro de Propaganda de Adolfo Hitler, se le atribuye la frase: “una mentira mil veces repetida… se transforma en verdad.”

El editorial pretende desconocer el crecimiento económico sostenido de Argentina desde el 2003; las reservas record del Banco Central; la recuperación del empleo; el rechazo a las presiones e imposiciones del FMI; la firme decisión de fortalecer el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC; la recuperación estatal de Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aguas Argentinas, Correos; el rechazo al proyecto imperial del ALCA; la Asignación Universal por Hijo y a mujeres embarazadas; la moratoria y actualización previsional que benefició a millones de jubilados; el sostenido impulso a la industria, a la ciencia y a la tecnología; los programas de inclusión social; la profundización de las políticas de defensa de los derechos humanos; los planes de vivienda y de diversas obras públicas; la jubilación para las Amas de Casa; la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (precisamente suspendida desde hace 4 años por los medios hegemónicos y cierto sector del Poder Judicial); el aumento al 6 % del PBI del presupuesto en Educación; el Programa de distribución gratuita de computadoras a estudiantes y docentes; la puesta en marcha de la TV Pública Digital gratuita; la Ley de matrimonio igualitario; etc.

Es necesario reparar en dos cuestiones centrales. En primer lugar, la importancia de develar la utilización de argumentos aparentes para defender lo que es evidentemente falso. Y un segundo aspecto remite a la necesidad de identificar cierta unidad de acción, a escala continental, asumida por diversos sectores que pertenecen o representan al conservadurismo, para oponerse tenazmente a los distintos proyectos que felizmente se están desplegando en muchos de nuestros países, en sintonía con los legítimos ideales de independencia y justicia social.

El poder económico mundial (dicho de otro modo, el sistema capitalista) tiende a avanzar para controlar y hasta apropiarse del poder político para ponerlo a su servicio. Pero además, para completar este circuito perverso que perjudica a las grandes mayorías, requiere controlar también el poder ideológico, representado básicamente en la educación y en la comunicación mediática, es decir en el periodismo.

Resulta obvio reconocer el alto componente político que tiene siempre el periodismo. Y es absolutamente legítimo que cualquier sector social exprese sus posiciones y la defensa de sus intereses por medio del periodismo, pero sin distorsionar la realidad o directamente con falsedades, muchas de ellas muy descaradas y ostensibles. De no ser así, convierten al periodismo en una actividad ruin y en una suerte de charca cloacal.

Un ejemplo de este tipo de periodismo lo constituye el diario inglés The Sun, cuyo propietario es el magnate Rupert Murdoch. Este diario fue condenado en el propio Reino Unido por escuchas ilegales y publicaciones de noticias falsas relacionadas con personalidades y políticos de ese país. Dicho accionar, concientemente programado, benefició abiertamente la campaña electoral del primer ministro conservador David Cameron, a punto tal que funcionarios de su gabinete debieron renunciar frente al escándalo y complicidad con el multimillonario Murdoch.

Estoy seguro que los costarricenses y todos los latinoamericanos bien nacidos, que soñamos con sociedades más justas e igualitarias, no desean que “La Nación” de la querida Costa Rica imite al diario The Sun.

domingo, 23 de diciembre de 2012

REPORTAJE TELEVISIVO SOBRE ASISTENCIA Y ASISTENCIALISMO 
Emitido el 20 de diciembre de 2012.

Programa "Asuntos Públicos" - Canal Metro de Buenos Aires.

http://www.youtube.com/watch?v=xylUSr763u4&feature=youtu.be

miércoles, 19 de diciembre de 2012


CONFERENCIA EN COSTA RICA  -  Diciembre de 2012.


A inicios de diciembre el profesor argentino Norberto Alayón estuvo en Costa Rica como invitado del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), e impartió la conferencia "La asistencia social como un Derecho Humano".
Por su significativa contribución al debate sobre la asistencia social compartimos por este medio dicha conferencia en formato audio. Para escucharlo apriete click en: