REPORTAJE TELEVISIVO SOBRE ASISTENCIA Y ASISTENCIALISMO
Emitido el 20 de diciembre de 2012.
Programa "Asuntos Públicos" - Canal Metro de Buenos Aires.
http://www.youtube.com/watch?v=xylUSr763u4&feature=youtu.be
domingo, 23 de diciembre de 2012
miércoles, 19 de diciembre de 2012
CONFERENCIA EN COSTA RICA - Diciembre de 2012.
A inicios de diciembre el profesor
argentino Norberto Alayón estuvo en Costa Rica como invitado del Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), e impartió la
conferencia "La asistencia social como un Derecho Humano".
Por su significativa contribución al debate sobre la asistencia social compartimos por este medio dicha conferencia en formato audio. Para escucharlo apriete click en: |
CARTA AL DIARIO "LA NACIÓN" DE COSTA RICA
Diciembre 15 de 2012.
Señora Directora del Diario La Nación de Costa
Rica:
YANANCY NOGUERA
Con todo respeto me dirijo a usted en relación al
Editorial publicado en "La Nación" del domingo 25 de noviembre de 2012, bajo el
título "Kirchner en la cuerda floja".
Dicho texto, plagado de inexactitudes, exento de
información fehaciente y atravesado por una suerte de malicia
ideológica, constituye la expresión de un diario ajeno a la seriedad y al buen
periodismo.
Tal vez no sea su deseo, pero sepa usted que ni la
Presidenta Cristina Kirchner, ni la Argentina están "en la cuerda floja". Todo
lo contrario: flojos de seso, pero plagados de veneno, se evidencian ciertos
medios de comunicación, nacionales y extranjeros, a los cuales se suma este
extravío editorial del diario bajo su dirección.
Le agradeceré tenga a bien publicar estas breves
consideraciones, como derecho a réplica.
Prof. Norberto Alayón Fernández
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
(Argentina)
Documento Nacional de Identidad
4.517.827
Teléfono (54-11) 4831-2292
domingo, 28 de octubre de 2012
LA PRIMERA ESCUELA DE SERVICIO
SOCIAL (que no fue…)
Norberto Alayón (*)
(*)
Profesor Titular Regular. Carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Buenos Aires. Autor del
libro “Historia del Trabajo Social en Argentina”.
El 2 de agosto de 1924, por Resolución del Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, fue
creado el curso de Visitadoras de Higiene Social, dependiente del Instituto de
Higiene de dicha Facultad. El director de dicho Instituto era el médico Manuel
V. Carbonell, pero en rigor el curso dependía de la Cátedra de Higiene,
perteneciente al Instituto, cuyo titular era el médico Alberto Zwanck.
Casi 6 años más tarde, el 23 de junio de 1930, se inauguró
la primera Escuela de Servicio Social, dependiente del Museo Social Argentino,
dirigida por el propio Zwanck. En esa fecha, el Museo Social estaba incorporado
a la Universidad de Buenos Aires, como un Instituto de Información, Estudios y
Acción Sociales.
Sin embargo, dos años antes, existió un proyecto previo para
la creación de la primera Escuela Nacional de Servicio Social,
presentado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 16 de mayo de 1928.
En efecto, con la firma del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear
(cercano al radicalismo “antipersonalista”, opositor de Hipólito Irigoyen) y de
su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Sagarna, se envió al
Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley, en cuyo artículo primero se
establecía: “Créase en la ciudad de Buenos Aires la Escuela de Servicio Social,
con los fines que a continuación se expresan: Proporcionar enseñanza técnica y
administrativa a los jóvenes que aspiren a ocupar puestos en obras de
asistencia y previsión sociales. Dar a las enfermeras, visitadoras, empleadas
en obras sociales una educación que complemente la ya recibida. Completar la
educación social de los jóvenes que siguen otros estudios. Ofrecer a todos un
centro de Estudios Prácticos de la realidad argentina en materia de asistencia
y solidaridad sociales”.
Se preveía que los estudios, para alumnos mayores de 17
años, de ambos sexos, “duraran dos años, de los cuales el primero estará
consagrado especialmente a dar una información general sobre los grandes
problemas sociales, y el segundo a la especialización en el trabajo social, de
acuerdo con las necesidades del alumno”.
El plan de estudios contemplaba el dictado de “una
introducción al estudio del servicio social; nociones de sociología; de psicología;
de derecho y administración pública; de biología general; bases científicas de
la educación; el problema de la penología; el de la población de la Argentina;
higiene; puericultura; administración de las instituciones del servicio social;
economía doméstica; juegos; deportes; primeros auxilios; orientación
profesional; asistencia sanitaria y social; y organización del trabajo”.
Para ingresar a la Escuela se exigía a los y las estudiantes
“haber cursado los tres primeros años de una escuela normal, de un colegio
nacional o de un establecimiento de enseñanza especial”. No obstante, de no
cumplirse este requisito de estudios previos, igualmente podrían ingresar
quienes “formaran parte del personal de alguna institución de acción social
pública o privada”.
En la fundamentación del proyecto se mencionaba que “La
asistencia sanitaria y social -el servicio social, como con justo y amplio
sentido comprensivo se dice- realízase en nuestro país en forma generosa,
insumiendo recursos y energías de tal magnitud, que implican un timbre de honor
para el sentimiento de filantropía y de solidaridad del pueblo argentino”.
Reafirmando “ese concepto de la asistencia del Estado a los menores abandonados
o a los indigentes, como un deber esencial de toda sociedad bien organizada
que, al recoger, amparar y elevar esos niños o jóvenes, defiende y ennoblece su
propia integridad”.
Con anterioridad al mes de mayo de 1927 el ministerio de
Justicia e Instrucción Pública había “encomendado a funcionarios de su
dependencia y a comisionados especiales el estudio de las organizaciones
docentes y administrativas del servicio social en Europa y el resultado de tal
misión es un informe muy interesante y muy documentado que permite apreciar
nuestra situación de retardo e inferioridad en tal sentido, al propio tiempo
que nos ofrece los varios tipos de organización bien experimentados en otros
países, para que adoptemos el más conveniente, adaptándolo a nuestras propias
condiciones sociales”.
El proyecto incluía el interrogante acerca de “con qué
bagaje teórico y práctico entra un argentino a la dirección de una casa-cuna;
de un instituto tutelar de menores; de una casa de trabajo para alcoholistas,
vagos, viciosos; de una prisión o casa correccional; de un internado docente;
de una caja de previsión social; de una cooperativa; etc.” Y agregaba su propia
respuesta: “Casi siempre, a una base de buenas informaciones unilaterales se
une un poco de ensayismo en otros aspectos de los varios e interesantes que
presenta el problema de la dirección y administración eficaces, y la
experiencia resulta, así, larga y dispendiosa, cuando no determina el malogro
de las mejores intenciones y empeños”.
Para abordar tales carencias, la propuesta de estudios
consignaba que “El primer año será de carácter teórico relativamente (sic) pues
siempre se tendrá en cuenta, en lo posible, la observación y la experiencia, y
el segundo será acentuadamente práctico y especializado, trabajando los alumnos
en las instituciones que en esta Capital prestan asistencia sanitaria y social,
como ser hospitales, asilos, colonias, hogares, cajas de previsión, salas
cunas, sociedades de beneficencia, cooperativas, cárceles, cantinas maternales
y escolares, etc., con la cooperación que se descuenta de sus directores,
personal técnico y administrativo”.
Simultáneamente existió también otro proyecto de ley para la
creación de una Escuela de enfermeras visitadoras, presentado en 1928 en
el Congreso Nacional por Leopoldo Bard. Este médico, vinculado ideológicamente
con Hipólito Yrigoyen y también con la masonería, era el presidente del bloque
radical de la Cámara de Diputados. Años más tarde, en 1947, fue designado por
Juan Domingo Perón como Director General de Higiene y Seguridad del Trabajo.
El proyecto del diputado Bard establecía, en su artículo
segundo, que “Las escuelas de enfermeras visitadoras dependerán de cada una de
las cátedras de higiene médica de las respectivas facultades de Medicina de
Buenos Aires, Rosario y Córdoba”. En rigor, tal como se consignó al comienzo de
este texto, en Buenos Aires ya estaba en pleno funcionamiento, desde hacía
cuatro años, el Curso de Visitadoras de Higiene Social en la Facultad de
Ciencias Médicas. En julio del mismo año, este proyecto pasó a la Comisión de
Instrucción Pública, sin que se lograra la sanción de la ley respectiva.
Al mismo tiempo, existían inquietudes similares en el seno
del Museo Social Argentino para abocarse a la formación de estos agentes
sociales. Se organizó la Sección de Higiene Social, en mayo de 1928, cuyas
autoridades fueron los médicos Julio Iribarne, Manuel V. Carbonell y Germinal
Rodríguez[1],
integrada también por otros siete médicos: Saúl Bettinotti, Pílades O. Dezeo,
Ciro Durante Avellanal, Ubaldo Fernández, Evaristo Lutara, Nerio Rojas y Manuel
Ruiz Moreno. Conformaron una comisión para elaborar una propuesta de creación
de una Escuela de Servicio Social y, entre diversas consideraciones, formularon
una muy llamativa argumentación: “Comprendemos que esta labor de organizar la
nueva Escuela, sus planes de enseñanza y orientación, es una tarea larga y
difícil y que exigirá una tranquila meditación. Pero en cualquier forma podría
este año aceptarse en principio la creación de dicha Escuela para evitar así
que la idea, tomada por alguna otra institución afín, pudiera malograrse o
confundirse y una comisión del seno del Museo Social podría planear la
organización en el transcurso del corriente año”. (subrayado nuestro).
Al respecto surgen algunos significativos interrogantes. ¿Por
qué el Museo Social Argentino presumía que alguna otra institución estatal
“podría malograr o confundirse” en relación a la idea de crear una Escuela de
Servicio Social? Visto el proyecto de
ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, el 16 de mayo de 1928, para
crear la primera Escuela Nacional de Servicio Social, ¿el Museo Social se
apresuró para presentar su propia propuesta para lograr ser los primeros en
crear dicha Escuela? El gobierno nacional había financiado, previo a mayo de
1927, el viaje a Europa de “funcionarios” y de “comisionados especiales”:
¿alguno de los médicos integrantes del Museo Social formaron parte de la misión
que viajó a Europa en 1927? El artículo
que el Dr. Germinal Rodríguez publicó en el diario “La Nación”, el 2 de
diciembre de 1927: ¿fue el producto de los datos y experiencias recogidas en el
periplo europeo, financiado por el gobierno nacional?
En definitiva, el proyecto del Poder Ejecutivo, de mayo de
1928, nunca llegó a aprobarse. Era obvio que el gobierno de Alvear estaba
finalizando su mandato. Al poco tiempo se realizaron las elecciones nacionales,
siendo ungido como nuevo Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, el cual
asumió el 12 de octubre del mismo año. Quedó trunca, de este modo, la
alternativa de creación de una Escuela de Servicio Social dependiente del
gobierno nacional, lo cual recién se concretó -31 años después- en 1959 (durante
el mandato de Arturo Frondizi) con la inauguración del Instituto de Servicio
Social, dependiente del ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la
Nación, cuyo titular era el médico Héctor V. Noblía, siendo director de dicho
Instituto el médico psiquiatra Ricardo Tarsitano.
Buenos
Aires, Octubre de 2012.
[1] El doctor Germinal Rodríguez fue concejal del
Partido Socialista Independiente, sector expulsado del Partido Socialista en 1927
y que luego brindó un apoyo activo al golpe de estado del 6 de septiembre de
1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, que derrocó al presidente
constitucional Hipólito Yrigoyen.
jueves, 9 de agosto de 2012
CAPITALISMO Y
ASISTENCIALISMO
Norberto Alayón
(*)
(*) Profesor Titular Regular.
Facultad de Ciencias Sociales (Univ. de Buenos Aires). Autor del libro “Asistencia y
Asistencialismo”.
El capitalismo es el modelo
político-económico que predomina en el funcionamiento de nuestros países. Su
lógica y “racionalidad” se centra irreductiblemente en la búsqueda denodada del
lucro y la acumulación, sobre la base de la expoliación de la productividad del
trabajo de otros. Un modelo bien distinto tendríamos si los objetivos de la
producción no fueran la mera ganancia, sino la satisfacción de las necesidades
sociales.
Como dijera Adam Smith, aquel
economista y filósofo escocés del siglo XVIII, “el mercado es incompatible con
la ética, porque cualquier acción moral voluntaria contradice las propias reglas
del mercado y simplemente termina por desplazar al empresario moralizante”.
Cabría igualmente un par de
reconocimientos: a) el capitalismo ha contribuido al desarrollo de la sociedad,
aunque simultáneamente condujo a reproducir desigualdades estructurales; y b)
nuestros países han venido padeciendo un doble sufrimiento, por la presencia del
capitalismo y también por la falta de desarrollo
capitalista.
Por ejemplo, el carácter parasitario
y ocioso de nuestra tradicional oligarquía, que se constituyó como una suerte de
“clase capitalista no burguesa”, obstaculizó el desarrollo industrial del país,
manteniendo en muchos casos relaciones de tipo cuasi feudal. La enorme riqueza,
obtenida por las grandes extensiones de campos y por la renta diferencial de la
tierra, condujo a estos sectores a evidenciar un comportamiento exento de
“dinamismo burgués” y anti industrialista. Con semejantes ganancias, los
terratenientes no estaban interesados en reinvertir sus beneficios.
Tal vez, de este origen
“naturalmente perezoso”, nuestras “burguesías nacionales” hayan encontrado una
suerte de modelo productivo a imitar, ligado a la búsqueda de ganancias
desmedidas, con un mínimo de riesgo e inversión o bien aprovechando
protecciones, prebendas, abusos y saqueos sobre el Estado para que respaldara
sus intereses privados, por sobre el bienestar del conjunto de la sociedad. Con
frecuencia, esta violación de la esencia misma del funcionamiento capitalista,
ligada a la inversión y al riesgo, constituye una conducta obstinada: quieren
ganar fortunas -y además en el menor tiempo posible- sin correr prácticamente
ningún tipo de riesgos.
De todos modos este capitalismo, aún
escuálido y atrasado, genera cierto desarrollo aunque -a la par, por supuesto-
habilita el mantenimiento de la pobreza y la desigualdad. Si la acumulación por
parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y
en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos
y pobres se transforma en algo “natural”, inherente a las propias
características del modelo de funcionamiento social. De ello deriva la
existencia de sociedades duales, con polos opuestos de altísima concentración de
riqueza por un lado y de enorme concentración de exclusión y pobreza por el
otro.
Cuando aumenta la pobreza y la
indigencia y se acrecienta la conflictividad social poniendo en riesgo la
estabilidad y continuidad del sistema social, se tiende a recurrir a
determinadas formas de repartijas escasas para paliar mínimamente las
situaciones extremas, en la perspectiva del control social, del disciplinamiento
y de la construcción de sujetos subordinados y dependientes. El asistencialismo emerge, entonces, como una
particular excrecencia del propio sistema capitalista
imperante.
El no reconocimiento de los
problemas sociales como derechos humanos suprimidos o restringidos y la
distribución mínima para sólo atenuar y controlar los conflictos sociales
generados por las carencias extremas, constituyen la base de las propuestas
asistencialistas. Se trata, en concreto, de repartija y control
ideológico-político hacia la reproducción del orden social
vigente.
Surge, entonces, el interrogante de
cómo interferir en la perversa lógica de las prácticas asistencialistas.
Consideramos que se puede y se debe concretar por medio de la acción del Estado,
a través de vigorosas políticas públicas de redistribución de riqueza que
garanticen derechos, en la perspectiva de contribuir a la autonomización de los
sujetos, lo cual -a su vez- fortalece el funcionamiento democrático y el
tránsito hacia la construcción de una sociedad más justa.
Se requiere de un Estado que, aún
capitalista, opere decididamente como regulador y garante pleno del interés
general de la sociedad, y en particular de los sectores más vulnerados, por
sobre el interés privado de los sectores del capital.
En suma, un Estado que, aún sin
trastocar de raíz la lógica central del capitalismo, pueda sentar las bases para
ir construyendo una democracia sólida con derechos sociales extendidos, lo cual
configurará estratégicamente otro tipo de sociedad, otro tipo de sistema social,
que no tenga que apelar al infame e inmoral
asistencialismo.
Buenos Aires, Agosto de
2012.
lunes, 30 de julio de 2012
ACERCA DE LO PÚBLICO
Publicado en Arias, Ana y otras: "Políticas públicas y Trabajo Social - Aportes para la reconstrucción de lo público". Espacio Editorial. Buenos Aires. Julio de 2012.
Norberto Alayón
Profesor
Titular Regular
Facultad
de Ciencias Sociales-UBA
Tal como figura en la
programación de las Jornadas (mayo de 2011), el título de esta Mesa alude a “Universidad y
reconstrucción de lo público”.
Un primer
interrogante, entonces, nos puede conducir a preguntarnos ¿por qué hay que
reconstruir lo público? ¿Quién, quiénes,
cómo, cuándo destruyeron, restringieron, debilitaron lo público?
Siguiendo a la
filósofa argentina Nora Rabotnikof [1],
“El desvanecimiento de la distinción público/privado y la erosión de la
dimensión pública del Estado se imputan a la endémica debilidad institucional,
pero, sobre todo, al impacto de la crisis”. “…Hay una situación de pérdida en
relación con un pasado, o de anomalía en relación con un modelo histórico
normativo. En algunos países de América Latina, el Estado se habría vuelto
incapaz de proporcionar los bienes públicos puros (defensa, seguridad,
justicia, administración) que remiten a los roles constitucionalmente fijados.
La prédica y la práctica antiestatista de cierto neoliberalismo habrían
arrasado incluso con aquellas funciones que, dentro de su imaginario, resultan
las únicas legítimas. Espacio de lo público -se subraya- es la dimensión de la
legalidad pública y del Estado como orden legal”.
Si coincidiéramos con
estas afirmaciones estaríamos en consonancia con el llamado de los
organizadores del evento a reflexionar y propiciar la “reconstrucción de lo
público”.
Considerar la
alternativa de reconstrucción de lo público nos conduce, a nuestro entender, a
repensar nuestros Estados: su papel, sus funciones, su presencia o ausencia, la
imperiosa necesidad de revitalizar su accionar como garante del bienestar
general.
Y aquí cabría otra
pregunta: ¿somos o fuimos un país sin Estado?
Los Estados débiles tienden a habilitar el predominio casi exclusivo del
mercado, que se beneficia y se aprovecha para desplegar al máximo su potencial
inequitativo ante la ausencia de regulaciones y controles. La ecuación “menos
Estado, mayor mercado” aparece, entonces, como irreductible.
También habrá que
reparar en qué tipo de Estado y en qué tipo de presencia del Estado. Creemos que esta advertencia resulta
necesaria, precisamente para tratar de evitar peligrosas simplificaciones,
peligrosos reduccionismos, que nos puedan conducir a valorar, como “bueno en sí
mismo”, todo lo que provenga de lo estatal, todo lo que provenga de lo público.
En Argentina tenemos
el claro y durísimo ejemplo, del Estado autoritario de la pasada dictadura
cívico-militar que canceló todo lo público que fuera común y colectivo, mientras
asesinaba, reprimía y encerraba a unos en las cárceles y a otros en las casas, desplegando
el mayor potencial destructivo que padeció nuestro país.
O aquel Estado -de la
década de los 90- que, en nombre de la “ineficiencia” del Estado y de la
“eficiencia” del mercado, enajenó brutalmente los bienes públicos y devastó el
patrimonio nacional, producto del esfuerzo colectivo de varias generaciones.
En síntesis, pensar en
qué Estado queremos; pensar en qué Estado hacemos.
Recuerdo que, cuando
el tsunami neoliberal arrasaba a la nación allá por los 90, se escuchaban
opiniones de intelectuales no precisamente reaccionarios que cuestionaban el
accionar del Estado. Aparecían invocaciones del tipo “hay que modificar,
transformar, reformar el estado del Estado”, partiendo de una valoración
negativa de lo estatal.
Existe una fuerte
tendencia a asociar, casi como indefectible, a los servicios y administraciones
públicas con lo ineficiente y hasta lo corrupto. Mientras que lo privado
aparecería, en el imaginario contrapuesto, como lo idóneo, lo eficiente, lo
incorruptible. Como comentamos recién, reafirmamos que tampoco proponemos,
ilusoriamente, pensar al Estado como “bueno” per se, habida cuenta de lo que ya
advertimos sobre el accionar de ciertos tipos de Estados.
Por supuesto, no
desconocemos, no negamos, por ejemplo, que la mala atención, el desinterés, la
irracionalidad de ciertos procedimientos y tramitaciones, también la
incompetencia, suelen contribuir al hartazgo y a provocar las condiciones
favorables para desmerecer y criticar lo público y alentar y legitimar su transferencia
a lo privado, a las privatizaciones, tal como sucedió con los catastróficos
resultados ya conocidos.
Repasemos algún
ejemplo, de los que todos seguramente tenemos. Yo fui usuario de los trenes
suburbanos, de manera permanente, antes y luego también de la privatización de
los ferrocarriles. Descuento que no es necesario que me explaye acerca del tipo
y de la calidad de la atención que se brindaba a los pasajeros. Es obvio que
las privatizaciones no se produjeron por el eventual y/o real mal servicio
brindado por los empleados. Pero si bien es cierto que lo público, lo de todos,
se debe defender fundamentalmente con medidas de carácter estructural, también
resulta imprescindible contar con un desempeño competente por parte de los
respectivos agentes en todas las áreas de gestión.
La recuperación y
fortalecimiento de lo estatal debe constituir la centralidad de la
reconstrucción de lo público como contraposición de lo privado.
Alguno de ustedes
habrán escuchado y algunos también hasta lo dirán, en relación al momento
actual por el que transita nuestro país, que “nunca se vio tanto Estado”, es
decir tanta presencia del Estado.
Presencia en lo físico, en las obras, en las carreteras, en hospitales,
en escuelas, en centros culturales y comunitarios, pero también en programas
diversos de capacitación, promoción, asistencia, etc.
Todo ello da cuenta de
la revalorización estratégica de lo público, en tanto “lo privado” -por su
propia naturaleza- no se hace cargo de estas cuestiones, vitales para el conjunto
de la comunidad nacional.
Lo privado está
imbuido, está preñado por la lógica de la mera rentabilidad; está encorsetado
-si quiere sobrevivir- por el interés precisamente individual, privado, no
público, no general, no de todos ni para todos.
Y lo público, si se
entiende como lo que es de todos, y no sólo de algunas personas o grupos
(sociales, económicos) propicia, refuerza una suerte de identidad colectiva que
se emparenta con la solidaridad y con la construcción y vigencia de una
sociedad que tienda a ser más igualitaria.
Lo argumenta bien
Washington Uranga cuando expresa que “Si se disuelve lo público, lo único que
subsiste (y se potencia y sobrevalora) son las capacidades individuales. Sin lo
público no sólo se pierde la posibilidad de reconocer a los otros y a las
otras, sino que el sujeto mismo carece de referencias, de marcos para
comprenderse a sí mismo, para desarrollar una identidad que siempre es en
relación. Se diluye lo colectivo y desaparece la solidaridad”. [2]
No obstante, queremos formular
otra advertencia en relación a esta caracterización de lo público como lo de
todos. Que los bienes públicos, que los
servicios públicos, que las instituciones públicas, que los espacios públicos,
nos pertenezcan al conjunto de los ciudadanos, ello no habilita justamente a su
uso particular o apropiación individual sin reglas, sin normatividad, por sobre
la institucionalidad establecida.
Por ejemplo. Un hospital público pertenece a toda la
sociedad; pero no todos los ciudadanos podemos decidir por nuestra cuenta y
criterio qué hacer dentro de la institución hospitalaria. Ni siquiera lo puede decidir un solo sector
del personal que integre esa misma institución.
Por supuesto que el funcionamiento y las normas de las instituciones
deben ser democráticas, pero no se puede funcionar sin normas. Si cada uno decide hacer lo que quiere,
aunque se invoque la probable o real legitimidad de tal o cual reclamo, se
estará priorizando su propio interés o el de su grupo o sector, por sobre los
intereses del conjunto de la institución.
Y nuestra querida
Facultad de Ciencias Sociales lamentablemente conoce de estas prácticas
desatinadas que recurrentemente son llevadas a cabo por distintos actores.
Volviendo a la
filósofa Rabotnikof, nos parece útil precisar que la misma describe tres
sentidos básicos asociados al término “público”.
Un primer sentido hace referencia a que “existe una prolongada tradición
que lo asocia a lo común y lo general en contraposición a lo individual y lo
particular. Hablamos así del interés
público en contraposición al interés
privado, del bien público en
contraposición a los bienes privados.
El segundo sentido alude a lo público en contraposición a lo oculto; es
decir, a lo público como lo no secreto, lo manifiesto y ostensible. Decimos así
que tal cuestión ya es pública en el sentido de ‘conocida’, ‘sabida’.
El tercer sentido remite a la idea de lo abierto en contraposición a lo
cerrado. En este caso se enfatiza la accesibilidad en contraposición a la
clausura; hablamos así de lugares públicos, paseos públicos”.
Como ya habrán
reparado, en lo que vine exponiendo hasta aquí, a mí me interesó centrarme
básicamente en el primer sentido mencionado que da cuenta de lo público
contrapuesto a lo privado.
La educación pública y
en particular la universidad pública, constituyen ámbitos de pertinencia
significativa para la revalorización de lo
público.
La universidad pública
está orientada por el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su
carácter universalista y, por ende, democrático. El necesario sustento
económico a la educación universitaria se justifica por la obligación que le
cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad
que la conforma.
Por su parte, las
empresas educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado, mientras
que la universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al
desarrollo social y moral de la sociedad.
La universidad no presta solamente un servicio a individuos
particulares, aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación.
Al
Las propuestas que
pretenden reducir la sociedad y la política a la mera competencia en el
mercado, constituyen expresiones reduccionistas y empobrecidas aún de los
principios más básicos de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad
de la participación social y política.
Aquí resulta
ilustrativo recordar las expresiones, de fines de febrero, del economista
Carlos Pirovano, Subsecretario de Inversiones del gobierno de Mauricio Macri,
cuando afirmó, en forma de pregunta: “¿Y si asumimos que la educación pública
está muerta y con esa plata les pagamos a los chicos una escuela privada?” [3] Y remató este funcionario del partido PRO,
con insano convencimiento, exponiendo otra idea brillante: “Le regalamos las
escuelas públicas a los maestros que dejarían de ser empleados públicos y
podrían ser empresarios”.
Pirovano, en su
barbarie, se emparentó con Abel Posse, aquel cónsul de dos dictaduras que
Mauricio Macri designó como Ministro de Educación de la ciudad, en diciembre de
2009 (duró 11 días), en reemplazo de Mariano Narodowsky que tenía empleado en
su cartera al espía Ciro James.
Tal vez podamos
coincidir en que la defensa de la educación pública es también la defensa de la
democracia y la defensa de los intereses del conjunto de los habitantes de la Nación.
Para concluir,
entonces, reafirmamos que la revalorización, la reconstrucción y el
fortalecimiento de lo público, como lo que es común de una comunidad nacional,
sus bienes, pero también un lugar donde pueden reconocerse todos quienes forman
esa comunidad, con lo que tenemos de idéntico y también de diferente, constituye
una apuesta estratégica para la consolidación de otro tipo de relaciones
sociales, basadas en la solidaridad, en la cooperación, en la fraternidad. En suma, nada más y nada menos que apostar al
desafío de intentar contribuir a la vigencia de relaciones sociales más igualitarias.
[1]
Rabotnikof, Nora: “En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría
política contemporánea”. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Filosóficas. México, D.F. 2005.
[2] Uranga, Washington: “Carnavales, cultura y
política”. En Diario “Página 12” .
Buenos Aires. Marzo 10 de 2011. pág. 5
[3]
Diario “Página 12” .
Buenos Aires. Febrero 24 de 2011. pág. 14
martes, 24 de julio de 2012
EL DERECHO A LA ASISTENCIA
Norberto
Alayón (*)
(*) Profesor Titular Regular.
Facultad de Ciencias Sociales (Univ. de Buenos Aires).
Publicado en Diario "El Territorio". Posadas, Misiones (Argentina). Julio 27 de 2012.
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=9659432068827824
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=9659432068827824
La asistencia es un derecho. Lo
venimos sosteniendo y argumentando, por escrito, desde hace más de tres décadas.
Toda sociedad que, por las características que adopta para su funcionamiento,
primero pauperiza y excluye a buena parte de sus miembros, debe asumir
maduramente su responsabilidad por el daño ocasionado y disponerse a adoptar
profundas medidas reparatorias. Y debería hacerlo por la vía del derecho pleno,
o bien -mientras tanto- mediante políticas sociales y asistenciales que tiendan
a neutralizar el deterioro de las condiciones de vida de la población, a la par
de ir creando las condiciones para contribuir a la consolidación de un orden
social más justo y equitativo.
El derecho a la asistencia, no
cambia la naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad. Pero sí
debilita la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades
inequitativas, y -a la vez- ética y estratégicamente contribuye a la reparación
de los problemas sociales, en la perspectiva de ir construyendo alternativas más
sólidas para un funcionamiento social más digno y más
humano.
Reconocer el derecho a la asistencia
implica la aceptación de que las personas a ser asistidas, básicamente carecen
-por las condiciones del funcionamiento social- de posibilidades para un
adecuado despliegue de sus potencialidades que, entre otras cosas, les permita
satisfacer autónomamente sus necesidades. Familias sin los medios suficientes
para la reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos
degradados, con problemas habitacionales, de salud, de escolaridad, no pueden
más que tender a repetir esas condiciones en las generaciones
siguientes.
Interferir e interrumpir ese proceso
social negativo, constituye una responsabilidad ética impostergable, pero
-además- implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la
democracia, en tanto una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con
graves niveles de pobreza y exclusión.
En 1961, el médico argentino Regino
López Díaz, Director Nacional de Asistencia Social, afirmaba: “Es nuestra
aspiración común que este país no tenga necesidad de un organismo encargado de
la asistencia social”. ¡Cómo no coincidir con esa aspiración! Pero resulta que a
51 años de haber sido formulada, todavía no sólo no se concretaron los cambios
que hicieran innecesaria la asistencia, sino que se produjo un significativo
aumento de la pobreza y de la desigualdad social.
También el economista sueco Gunnar
Myrdal, que obtuvo el premio Nobel de Economía en 1974, manifestaba en 1968: “Mi
ideal es que se lleven a cabo reformas sociales tales -en los vastos campos de
la distribución del ingreso, la vivienda, salud pública, educación, el
enfrentamiento de la delincuencia, etc.- que el Servicio Social se vuelva más
bien innecesario o se transforme en algo muy especial, algo individualizado y
especializado, mientras no sea simplemente la administración de la legislación
social.” Pero esas “reformas sociales” (que también nosotros deseamos, profundas
y lo antes posible) no se cristalizaron a cabalidad. Y la asistencia, entonces,
continúa siendo necesaria.
Las políticas de asistencia son
insuficientes, pero hay algo mucho más insuficiente aún: la ausencia de
políticas de asistencia. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente
el posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a
recortar los recursos destinados a la acción social, desertando de esta
responsabilidad estatal o bien transfiriéndola hacia modalidades voluntarias,
optativas y además escasas (alejadas del derecho), a ser encaradas por sectores
privados, empresariales o no.
Defender la idea de la asistencia
como derecho, exige también diferenciar esta concepción de aquellas modalidades
que, con lamentable frecuencia, transforman la asistencia en un recurso para la
construcción de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión. Toda
persona o grupo que recibe algo (por la vía del no derecho), siempre queda en
deuda con el que se lo da. En ese caso, el que recibe debe a quien da. Por el
contrario, los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para toda
la población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación y la
diferenciación social.
Comprender esta ecuación, nos debe
impulsar a revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye
democracia en serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada
descripción que contiene aquel proverbio africano, cuando afirma que “la mano
que recibe está siempre debajo de la mano que da.”
Buenos Aires, Julio de
2012.
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