CRÓNICA SOBRE LOS CATÓLICOS CONSERVADORES Y LA EDUCACIÓN
Se
agradece compartir.
La
Oficina Anticorrupción (OA) acaba de denunciar que el gobierno de Mauricio
Macri pagó 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines de
infantes en distintas provincias que nunca fueron terminados. Formaban parte de
la promesa macrista de construir 3.000 jardines. Además se detectaron
sobreprecios llegándose a pagar 1.500 dólares el metro cuadrado, el doble que el
valor de mercado.
El gobierno de entonces
nunca le reclamó a las empresas Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL los 62 millones de dólares de
resarcimiento por las obras no realizadas, es decir por incumplimiento del
contrato.
Los funcionarios implicados en la denuncia son los ex ministros
de Educación Alejandro Finocchiaro y Esteban Bullrich, el ex secretario de
Gestión Educativa, Maximiliano
Gulmanelli Barbiero y los ex subsecretarios de Coordinación Administrativa,
Félix Lacroze y Augusto José Araoz Reyes.
El 18 de marzo de 2012 publiqué una nota en el semanario Miradas
al Sur, con el título “MACRI,
GULMANELLI Y LOS POBRES”, que transcribiré a continuación.
Previo a ello consigno que Gulmanelli (nacido en 1972), que
había sido alto funcionario de educación de Macri en la CABA, fue designado
secretario de Gestión Educativa del ministerio de Educación de la Nación a
partir del 8/1/2016 y que mediante un decreto firmado por Macri y Finocchiaro
del 19/2/2018 se le aceptó la renuncia a partir del 31/1/2018. Renunció por su
relación familiar con Marcos Peña Braun (Jefe de Gabinete de Macri), cuando
sólo faltaban 8 días para que se cumpliera el plazo del decreto antinepotismo
para que los allegados de los ministros abandonaran sus cargos. Resultaba que
Gulmanelli era el esposo de Paula Hume Braun, prima segunda de Marcos Peña
Braun, la cual a su vez se desempeñó, entre 2010 y 2016, en el ministerio de
Educación de la ciudad de Buenos Aires en el Programa Conectar y luego en el
equipo pedagógico.
La nota de marzo de 2012, sobre Maximiliano Gulmanelli, es
la siguiente:
MACRI, GULMANELLI Y LOS POBRES
Un
grupo de niños que vive en la Villa 31 de Retiro concurre a una escuela
primaria, dependiente del Gobierno de la Ciudad, distante a unas 30 cuadras de
sus casas. Las diversas dificultades que se les presentan para asistir a la
escuela (de seguridad ante el tránsito, de colectivos que no les paran en el
barrio, de costos económicos) llevó a sus padres a reclamar, desde hace dos
años, que el gobierno de Mauricio Macri les asigne dos micros para el traslado
de sus hijos. El gobierno del partido PRO se negó firmemente a las reiteradas
solicitudes de los vecinos y ello concluyó con una movilización que interrumpió
y cortó el tránsito vehicular en esa zona del barrio de Retiro.
La
irrupción en las calles de las familias desoídas por la pertinaz insensibilidad
social del gobierno de Macri, sacudió irremediablemente la modorra y el retardo
clásico (ante este tipo de necesidades) que caracterizan a los funcionarios del
PRO.
Y,
entonces, apareció en el firmamento Máximo (Max) Gulmanelli, para
negociar alguna alternativa de resolución del ya muy dilatado problema. Max, el
Director General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de
la ciudad, citó a los padres y, en la sala del ministerio donde estaban
reunidos para dialogar y conciliar posiciones, los rodeó con agentes de la Policía Metropolitana.
Se trata del mismo ministerio en el cual Macri había designado en 2009 a
Abel Posse, aquel cónsul de dos dictaduras, en reemplazo de Mariano Narodowski (procesado
judicialmente por un famoso caso de espionaje y escuchas telefónicas ilegales
ya que tenía empleado en su cartera al célebre espía Ciro James).
Seguramente
los papás de los niños se habrán sentido cálidamente protegidos y contenidos
por la policía que el funcionario Max ordenó ingresar. Nada garantiza mejor el
diálogo sincero y productivo de los ciudadanos con sus gobernantes, que la
presencia de policías en una reunión, resoplándole a uno en la nuca, mientras
intenta articular argumentos para reivindicar necesidades no satisfechas. Y
esto acaba de ocurrir, ahora en marzo de 2012, en democracia.
Si
se hubiera tratado de una reunión con padres de escuelas privadas,
confesionales o no, ¿el gobierno de Macri los hubiera rodeado con policías,
mientras dialogaban?
Precisamente
el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ¿induce, con este tipo
de prácticas policíacas, a fortalecer el prejuicio clasista y estigmatizante de
que los pobres serían agresivos y violentos?
Los
padres de los niños a quienes no se les asignan dos colectivos para poder
concurrir a estudiar, ¿cómo se sentirán ante
semejante maltrato y autoritarismo? El retrógrado accionar de Gulmanelli, ¿incentivará en ellos una
posible reacción de violencia simétrica a la que recibieron?
Las
familias vulneradas, ¿podrán confiar mañana en el diálogo, como mecanismo
fértil y maduro para la resolución de conflictos en democracia? ¿les brindará
confianza este tipo de instituciones y este tipo de dirigentes?
Gulmanelli
no es un joven funcionario sin antecedentes. Graduado en el CONSUDEC (Consejo
Superior de Educación Católica) y en la Universidad Católica de Santiago del
Estero, fue -desde 2004 hasta 2008- asesor del Dr. Santiago de Estrada
(Secretario de Estado de las dos últimas dictaduras) en la Vicepresidencia 1ª
de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Fue miembro fundador de la Red
Luján, de dirigentes políticos cristianos, Secretario del Departamento de
Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Buenos Aires, y Director y Rector de
diversos institutos y colegios católicos. Entre 2008 y 2009 fue Jefe de
Despacho de la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad. Desde 2010, es conductor
-junto al sacerdote Guillermo Marcó- del programa “Entre el cielo y la tierra”,
de Radio Rivadavia. Conductor, también, del programa “Siempre hay más”, en
Canal 21 perteneciente al Arzobispado de Buenos Aires. Presidente de la
Fundación Fragua, con sede en la Capital Federal, desde 2009. Completando sus
distinguidos antecedentes, fue Coordinador General de Hogares de la Fundación
Felices los Niños, dirigida por el Padre Julio César Grassi, condenado a 15
años de prisión por abuso sexual de adolescentes, que estaban internados en el
“hogar” de la propia Fundación.
Tanta
tradición “cristiana” no le impidió a Gulmanelli violentar, discriminar y
estigmatizar a los padres de los niños pobres, rodeándolos durante la
entrevista de conciliación con agentes de la Policía Metropolitana, mientras
intentaban acordar una solución al conflicto.
¿Cabría
pedirle a Macri, como Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
sustanciación de un inmediato sumario y la remoción del Director General
Gulmanelli del cargo, que pertenece, nada más y nada menos, que al área de
educación?
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