lunes, 3 de mayo de 2021

CRÓNICA SOBRE LOS CATÓLICOS CONSERVADORES Y LA EDUCACIÓN

Se agradece compartir.

 

La Oficina Anticorrupción (OA) acaba de denunciar que el gobierno de Mauricio Macri pagó 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias que nunca fueron terminados. Formaban parte de la promesa macrista de construir 3.000 jardines. Además se detectaron sobreprecios llegándose a pagar 1.500 dólares el metro cuadrado, el doble que el valor de mercado.

 

El gobierno de entonces nunca le reclamó a las empresas  Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL los 62 millones de dólares de resarcimiento por las obras no realizadas, es decir por incumplimiento del contrato.

 

Los funcionarios implicados en la denuncia son los ex ministros de Educación Alejandro Finocchiaro y Esteban Bullrich, el ex secretario de Gestión Educativa, Maximiliano Gulmanelli Barbiero y los ex subsecretarios de Coordinación Administrativa, Félix Lacroze y Augusto José Araoz Reyes.

 

El 18 de marzo de 2012 publiqué una nota en el semanario Miradas al Sur, con el título “MACRI, GULMANELLI Y LOS POBRES”, que transcribiré a continuación.

 

Previo a ello consigno que Gulmanelli (nacido en 1972), que había sido alto funcionario de educación de Macri en la CABA, fue designado secretario de Gestión Educativa del ministerio de Educación de la Nación a partir del 8/1/2016 y que mediante un decreto firmado por Macri y Finocchiaro del 19/2/2018 se le aceptó la renuncia a partir del 31/1/2018. Renunció por su relación familiar con Marcos Peña Braun (Jefe de Gabinete de Macri), cuando sólo faltaban 8 días para que se cumpliera el plazo del decreto antinepotismo para que los allegados de los ministros abandonaran sus cargos. Resultaba que Gulmanelli era el esposo de Paula Hume Braun, prima segunda de Marcos Peña Braun, la cual a su vez se desempeñó, entre 2010 y 2016, en el ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires en el Programa Conectar y luego en el equipo pedagógico.

 

La nota de marzo de 2012, sobre Maximiliano Gulmanelli, es la siguiente:

 

MACRI, GULMANELLI Y LOS POBRES

 

Un grupo de niños que vive en la Villa 31 de Retiro concurre a una escuela primaria, dependiente del Gobierno de la Ciudad, distante a unas 30 cuadras de sus casas. Las diversas dificultades que se les presentan para asistir a la escuela (de seguridad ante el tránsito, de colectivos que no les paran en el barrio, de costos económicos) llevó a sus padres a reclamar, desde hace dos años, que el gobierno de Mauricio Macri les asigne dos micros para el traslado de sus hijos. El gobierno del partido PRO se negó firmemente a las reiteradas solicitudes de los vecinos y ello concluyó con una movilización que interrumpió y cortó el tránsito vehicular en esa zona del barrio de Retiro.

 

La irrupción en las calles de las familias desoídas por la pertinaz insensibilidad social del gobierno de Macri, sacudió irremediablemente la modorra y el retardo clásico (ante este tipo de necesidades) que caracterizan a los funcionarios del PRO.

 

Y, entonces, apareció en el firmamento Máximo (Max) Gulmanelli, para negociar alguna alternativa de resolución del ya muy dilatado problema. Max, el Director General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de la ciudad, citó a los padres y, en la sala del ministerio donde estaban reunidos para dialogar y conciliar posiciones, los rodeó con agentes de la Policía Metropolitana.  Se trata del mismo ministerio en el cual Macri había designado en  2009 a Abel Posse, aquel cónsul de dos dictaduras, en reemplazo de Mariano Narodowski (procesado judicialmente por un famoso caso de espionaje y escuchas telefónicas ilegales ya que tenía empleado en su cartera al célebre espía Ciro James).

 

Seguramente los papás de los niños se habrán sentido cálidamente protegidos y contenidos por la policía que el funcionario Max ordenó ingresar. Nada garantiza mejor el diálogo sincero y productivo de los ciudadanos con sus gobernantes, que la presencia de policías en una reunión, resoplándole a uno en la nuca, mientras intenta articular argumentos para reivindicar necesidades no satisfechas. Y esto acaba de ocurrir, ahora en marzo de 2012, en democracia.

 

Si se hubiera tratado de una reunión con padres de escuelas privadas, confesionales o no, ¿el gobierno de Macri los hubiera rodeado con policías, mientras dialogaban?

 

Precisamente el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ¿induce, con este tipo de prácticas policíacas, a fortalecer el prejuicio clasista y estigmatizante de que los pobres serían agresivos y violentos?

 

Los padres de los niños a quienes no se les asignan dos colectivos para poder concurrir a estudiar, ¿cómo se sentirán ante semejante maltrato y autoritarismo? El retrógrado accionar de Gulmanelli,  ¿incentivará en ellos una posible reacción de violencia simétrica a la que recibieron?

 

Las familias vulneradas, ¿podrán confiar mañana en el diálogo, como mecanismo fértil y maduro para la resolución de conflictos en democracia? ¿les brindará confianza este tipo de instituciones y este tipo de dirigentes?

 

Gulmanelli no es un joven funcionario sin antecedentes. Graduado en el CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica) y en la Universidad Católica de Santiago del Estero, fue -desde 2004 hasta 2008- asesor del Dr. Santiago de Estrada (Secretario de Estado de las dos últimas dictaduras) en la Vicepresidencia 1ª de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Fue miembro fundador de la Red Luján, de dirigentes políticos cristianos, Secretario del Departamento de Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Buenos Aires, y Director y Rector de diversos institutos y colegios católicos. Entre 2008 y 2009 fue Jefe de Despacho de la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad. Desde 2010, es conductor -junto al sacerdote Guillermo Marcó- del programa “Entre el cielo y la tierra”, de Radio Rivadavia. Conductor, también, del programa “Siempre hay más”, en Canal 21 perteneciente al Arzobispado de Buenos Aires. Presidente de la Fundación Fragua, con sede en la Capital Federal, desde 2009. Completando sus distinguidos antecedentes, fue Coordinador General de Hogares de la Fundación Felices los Niños, dirigida por el Padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de adolescentes, que estaban internados en el “hogar” de la propia Fundación.

 

Tanta tradición “cristiana” no le impidió a Gulmanelli violentar, discriminar  y estigmatizar a los padres de los niños pobres, rodeándolos durante la entrevista de conciliación con agentes de la Policía Metropolitana, mientras intentaban acordar una solución al conflicto.

 

¿Cabría pedirle a Macri, como Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sustanciación de un inmediato sumario y la remoción del Director General Gulmanelli del cargo, que pertenece, nada más y nada menos, que al área de educación?

No hay comentarios:

Publicar un comentario