lunes, 13 de noviembre de 2017



“Neoliberalismo y delitos de lesa humanidad”
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En julio de 2009, haciendo referencia a las transformaciones producidas por el neoliberalismo a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, escribí: “el afianzamiento en América Latina de la perversa ola de darwinismo social que significaron las políticas neoliberales, cuyas dramáticas consecuencias para nuestros pueblos condenaron a millones de seres humanos al hambre, a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte y bien podrían definirse como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”.(mayúsculas actuales).
En el Suplemento CASH de Economía del diario “Página 12”, del domingo 12 de noviembre, se publica un artículo de Javier Tolcachier, investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, con el título “Giro a la derecha”. El autor manifiesta que “la pobreza en América Latina tiene cara de mujer, rasgos indígenas o piel negra, vive en el campo o en los suburbios y además, si es niño o joven, la desigualdad lo perseguirá durante toda la vida”.
Sugestivamente afirma que “para superar la desigualdad es preciso criminalizar la riqueza, incluso como DELITO DE LESA HUMANIDAD (mayúsculas mías), ya que conlleva el genocidio de cientos de miles de existencias”.
Asimismo señala que “Hablar con propiedad es hablar de la propiedad. Y hablar de la propiedad es hablar de violencia económica. Es hablar, en general, de actividad delictiva. Calificar a la concentración de riqueza como delito no es tan sólo una alusión a su inmoralidad, aunque dicha actitud antisocial deba ser repudiada sin ambages en el campo valórico. Puede constatarse sin mayor dificultad cómo en la génesis misma y en el transcurso del proceso de acumulación de riqueza, se verifican numerosos delitos…” Y agrega que “la corrupción, que tanto irrita a la prensa dependiente, tiene su origen en las empresas, no ‘en la política’. Corromper mediante dádiva, coima, prestaciones o apoyo electoral es para las empresas una práctica ordinaria que facilita ‘los buenos negocios’”.
Mencionando a la CEPAL, en relación a la necesidad de contar con fondos suficientes para que el Estado pueda llevar a cabo políticas activas de inclusión social, destaca que “basta constatar la actividad ilegal que desarrollan los sectores opulentos para impedir todo avance de los sectores más oprimidos de la sociedad. Una de las principales herramientas es la subversión fiscal. O sea la evasión. Unos 700.000 millones de dólares que están en paraísos fiscales pertenecen a personas de América Latina”.
En el caso de Argentina, los titulares de cuentas en guaridas fiscales reveladas en los Panamá Papers y en los Paradise Papers, bajo la modalidad de empresas offshore, que involucran al acaudalado empresario y  presidente Mauricio Macri, a familiares, amigos, ministros y funcionarios varios, contribuyen a convalidar la argumentación del articulista.

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