Nota sobre ACUMAR: "Pequeñas-grandes historias de los pobres en la ciudad de Buenos Aires".
Publicada en la Revista "La Tecl@ Eñe". Mayo 22 de 2017
“PEQUEÑAS-GRANDES HISTORIAS DE LOS POBRES EN LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES”
Mayo 22 de 2017
“De un día para el otro sacaron
las Unidades de Odontología. A muchos vecinos les sacaron todos los dientes,
les hicieron el molde para ponerles los implantes y nunca más volvieron. Hay
gente que se quedó sin dientes”.
“Ayer me tuve que ir hasta
Avellaneda para que me atendiera un médico” (donde pasó toda la noche en el
hospital con suero). “Si hubiera estado el camión de la Unidad Sanitaria Móvil
de ACUMAR me atendían acá”, en el barrio.
“A muchos vecinos de esta zona
les habían hecho el fondo de ojos y todos los estudios para hacerles los
lentes. El proceso era así: primero hacían los estudios, se llevaban la
información y después volvían con los lentes. Esta vez nunca volvieron”.
El pasado 18 de mayo, Juan Funes
publicó un informe en el diario “Página 12” que da cuenta de estos testimonios
de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, titulándolo “Una crónica del
abandono”. La nota describe que, a partir del cambio de gobierno que se produjo
en el país en diciembre de 2015, ACUMAR desarticuló el Programa Sanitario de
Emergencia que destinaba 12 Unidades Sanitarias Móviles, dejando sólo 4
funcionando en la actualidad.
ACUMAR (Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo) es un organismo que depende del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, a cargo del rabino Sergio Bergman. Está presidido,
desde enero de 2017, por Gladys Esther González (con rango y jerarquía de
Secretario de Estado), quien renunció a su banca de diputada nacional del
partido PRO y dejó su cargo como Interventora del Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos (SOMU) para ocuparse de ACUMAR.
Los dos presidentes anteriores
renunciaron al cargo: Amilcar López, en febrero de 2016, a un mes de haber asumido,
por falta de “definiciones respecto de las personas y las políticas”; y Julio
Torti en diciembre de 2016. El importante organismo funciona con un Consejo
Directivo que está integrado por distintos profesionales ligados al PRO, a la
Coalición Cívica y al Frente Renovador.
Funes, en su nota, reseñó un
informe titulado “Retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”,
elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria presidida por Nicolás Kreplak.
El estudio de dicha Fundación describe
el retroceso cuantitativo y cualitativo que se produjo a partir del recorte que
se implementó en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), cuyo
objetivo es brindar atención sanitaria a los vecinos que habitan terrenos
lindantes con las aguas extremadamente contaminadas del Riachuelo.
Así, por ejemplo, menciona que en
el 2015 fueron asistidas casi 32 mil personas y en el 2016 menos de 13 mil; que
las personas que recibieron vacunas (principalmente
niños) pasaron de 2.638 a 726; que los operativos de las Unidades Sanitarias
Móviles se redujeron de 145 a 44. Asimismo se destaca que muchos profesionales
terminaron renunciando al habérselos dejado sin funciones o bien otros que
fueron reubicados en programas ajenos a la temática de salud, o “los
nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales que hacía tres o cuatro años
que trabajaban en el Plan y a quienes no les renovaron sus contratos”.
La actividad consistía en
realizar intervenciones integrales de asistencia a las poblaciones vulnerables,
que articulaban la atención médica y pediátrica, la salud de las mujeres,
campañas de vacunación, atención psicológica, evaluaciones oftalmológicas con
entrega de lentes, estudios complementarios de imágenes como radiografías,
ecografías y mamografías. Kreplak destacó que “se trataba de un trabajo
continuo para garantizar los derechos elementales de salud”. Enfatizando que en
la actualidad “hay un cambio en la concepción de salud, que pasó de ser
considerada como un derecho, a ser tomada como beneficencia”.
La propia Dirección de
Estadísticas y Censos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que una
familia tipo (una pareja con dos hijos) necesitó en abril un ingreso mensual de
19.042 pesos para evitar caer en la pobreza. Y de 7.356 pesos para no caer en
la indigencia.
El Observatorio de la Deuda
Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina
(UCA), estimó que, según sus mediciones, a fines del año 2015 la pobreza
ascendía en el país al 29 por ciento de la población y que para el tercer
trimestre del 2016 creció hasta el 32,9 por ciento, verificándose la existencia
de 1.500.000 de nuevos pobres. Por su parte, el nivel de indigencia creció del
5,3 por ciento al 6,9 por ciento, incrementando en 600.000 personas más el número
de aquellos que padecen hambre en Argentina.
En este marco de persistencia y
aumento de la pobreza y la indigencia, resulta inconcebiblemente inhumano que
se reduzcan los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de
la sociedad, como acontece hoy con ACUMAR en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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