“EL NEGOCIO DE LA EDUCACION ” – Prof.
Norberto Alayón
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Nota
publicada en el diario “Página 12”
de Buenos Aires hace 15 años (el 20 de marzo de 2001). El presidente de la Nación era el radical
Fernando de la Rúa
que hoy apoya al empresario neoliberal Mauricio Macri. El economista Hugo Oscar
Juri era el Ministro de Educación entre el 25/9/2000 y el 20/3/2001, habiendo
sucedido al economista Juan José Llach quien estuvo a cargo de dicha cartera
entre el 10/12/1999 al 25/9/2000. A Juri lo sucedió el sociólogo Andrés Delich
hasta la debacle final del 20/12/2001. En julio de 2016 la batalla por el
negocio de la educación continúa aún más presente con el brutal impulso de la
restauración conservadora del gobierno neoliberal del presidente Mauricio
Macri.
“La educación, como la salud, es un bien público que
no debe quedar sometida a la cruda lógica del mercado, ni tampoco a los
intereses particulares de determinados grupos.
Las universidades privadas -en su enorme mayoría-
representan los intereses particulares de grupos religiosos, de grupos
ideológico-políticos o directamente de grupos empresariales.
A su vez, la universidad pública está orientada por
el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su carácter
universalista y, por ende, esencialmente democrático. El necesario sustento
económico estatal a la educación universitaria se justifica por la obligación
que le cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad
que la conforma.
La tracción que ejercen los grupos privados para que
el Estado proteja sus intereses específicos (en desmedro de los del conjunto)
no es nueva. Pero ahora el avance sobre la anhelada rentabilidad de la
educación paga se muestra extremadamente voraz y a cara descubierta.
FIEL, la
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas que
orientan Ricardo López Murphy, Daniel Artana, Manuel Solanet, Mario Teijeiro y
entre cuyos Vocales y Consejeros Directivos participan Guillermo Alchourón,
Enrique Crotto, Santiago Soldati, Jorge Aguado, Alejandro Bulgheroni y Amalia
Lacroze de Fortabat, postula con convicción que "el objetivo básico de
esta propuesta es crear un contexto competitivo en educación superior..."
"Un elemento esencial de una competencia justa es que las instituciones
privadas y estatales enfrenten condiciones similares. Una política esencial
para ello es la eliminación de subsidios a las universidades nacionales y la
instauración de un sistema de préstamos y becas disponibles tanto para
estudiantes de instituciones privadas como de las públicas. Existe también otro
privilegio de las universidades estatales que debe ser removido: la ausencia de
un costo de alquiler sobre las propiedades usufructuadas por las universidades
públicas."
La falacia de estos argumentos radica en que colocan
en el mismo plano a instituciones de diferente naturaleza. Las empresas
educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado; mientras que la
universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al desarrollo
social y moral de la sociedad. La Universidad no presta un servicio a individuos
particulares; aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación. Al mismo
tiempo, las condiciones de acceso a la educación superior comunes para todos
(cualquiera sea la capacidad adquisitiva de cada uno) tiende a favorecer la
igualdad, no sólo en el ingreso, sino también en la convivencia cotidiana.
Una propuesta que reduce la sociedad y la política a
la mera competencia en el mercado, es una expresión reduccionista y
empobrecida, aún de los principios más básicos de la democracia moderna y
tiende a afectar la calidad de la participación social y política.
Lo que se evidencia, tras las propuestas de recortes
al presupuesto universitario, es la renovada presión de ciertos grupos económicos
y políticos para que el Estado resigne la defensa de los intereses del conjunto
a favor de intereses sectoriales.
A pesar del avance del fundamentalismo neoliberal,
aún no se han podido apropiar del llamado "negocio de la educación".
Este es el principal objetivo de los embates contra la universidad pública.
Lisa y llanamente, aspiran transformar la educación en mercancía. Por eso hoy
atacan tan fuertemente el financiamiento estatal del sector universitario.”
Resistirse ante este nuevo ataque a la universidad
pública constituye una contribución profundamente democrática, tendiente a la
realización de una sociedad más plena e igualitaria.