“Acerca de la
barbarie macrista”. SE AGRADECE
COMPARTIR.
Como es sabido, desde el pasado 10 de diciembre el empresario
neoliberal Mauricio Macri es el nuevo presidente de la Argentina. El neoliberalismo se
instaló fuertemente con la dictadura cívico-militar de 1976, continuó su
afianzamiento y despliegue con el menemismo de los 90 y el radical De la Rúa, se constriñó
importantemente con los gobiernos kirchneristas entre el 2003 y el 2015 y ahora
vuelve a resurgir con virulencia en el marco de una suerte de “democracia
dictatorial” o “dictadura democrática”, conducida con desparpajo por el partido
PRO-Cambiemos.
Hace ya más de 2 años (el 1º de diciembre de 2013) publiqué una
nota en el Semanario “Miradas al Sur” Nº 289 de Buenos Aires, titulada “Del Proceso de Videla al PRO de Macri” (http://sur.infonews.com/notas/del-proceso-de-videla-al-pro-de-macri). Transcribo textualmente
dicha nota, estimando que varias de las informaciones y comentarios pueden
resultar de utilidad para constatar la persistente y malsana “racionalidad” de
las devastadoras medidas que viene adoptando apresuradamente el macrismo.
Del Proceso
de Videla al PRO de Macri
Ricardo Zinn (1926-1995), economista, autor del famoso slogan
“Achicar el Estado es agrandar la
Nación”, expresó que “otro objetivo del gobierno militar fue la disminución de gastos en asistencia
social” (La Opinión, mayo
1979).
En esos días de 1979 presentó la versión en inglés de su
libro “La segunda fundación de la
República” (de agosto de 1976) en el Harvard Club de Nueva
York. En la ocasión argumentó que “los objetivos del Gobierno tienen como meta
la efectiva apertura de la economía y la reducción drástica del gasto público,
al que calificó de grave peligro para la existencia del país como sociedad
libre”. Aseguró que había que corregir “los sesenta años de aventuras
populistas y demagógicas que provocaron la decadencia político-económica en la Argentina”, señalando a
la vez que “por primera vez en muchas décadas tenemos un sistema político
basado en instituciones y no en personas, y en una política económica que
asegura la corrección de defectos estructurales causados por muchos años de
mala administración”.
Según Zinn, la obra presentada tenía como propósito hacer
pública “la situación de un país que sufrió dos monstruosas desgracias: la
populista distorsión de la democracia y la agresión marxista interna y
exterior”. Enfatizó que “sólo los valores morales resultantes de un esfuerzo
racional y ético hacen posible aplicar la democracia occidental”, agregando que
“únicamente por la restauración de esos valores puede volver a funcionar la
democracia”.
Del 2 de junio al 17 de julio de 1975 había sido
vice-ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón. Fue reconocido
como el autor intelectual del “Rodrigazo”, aquel brutal plan de ajuste lanzado
por el ministro Celestino Rodrigo que aumentó entre 50 y 180 por ciento el tipo
de cambio, las tarifas de servicios públicos y el transporte, los combustibles
y desató una remarcación de precios que arruinó a miles de industriales y
redujo a una tercera parte el poder adquisitivo de los salarios (Raúl
Dellatorre, Página 12, julio 2006).
Este portador de semejantes antecedentes antipopulares y
antinacionales desdeñaba de los “gastos” en asistencia social y bregaba por la
firme disminución de los mismos. No era (ni es) el único que, impulsando la
cruel lógica neoliberal, se resisten a la implementación de políticas sociales
y asistenciales como mecanismo, aunque parcial, de disminución de la exclusión
y de la pobreza.
Con justeza el economista peruano Javier Iguiñiz afirma que
“hay una desvalorización de lo asistencial, porque se está pensando como que
corrompe a la gente, que la hace entrenarse en estirar la mano. Yo estoy muy en
contra de esta perspectiva. Uno siempre puede sacar casos individuales: el
borracho tal o el drogado cual que vive de la limosna estatal y por lo tanto
cultiva su propio vicio. Pero ésos no son los casos estadísticamente
significativos; se los usa para denigrar el apoyo que mucha gente sana y muy
trabajadora merece recibir. Considero que es una forma de expresar la
mezquindad de mucha gente y desprestigiar el apoyo que merecen otros”. (Página 12, junio 2012).
El gobierno del PRO de Mauricio Macri recortó 3 millones de
pesos del presupuesto destinado al Programa de Intervención Social en Villas de
Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios y los transfirió a la
promoción y desarrollo de eventos como “Buenos Aires Ciudad de Moda” y el
Festival Internacional de Diseño de Servicios Especializados, Comerciales y
Financieros. Previamente ya había suprimido otros 130 millones de pesos de
distintos programas de asistencia social (del Programa Ciudadanía Porteña que
tiene por objetivo “disminuir los niveles de desigualdad” y del Instituto de
Vivienda de la ciudad) para indemnizar a propietarios de comercios, viviendas y
automóviles afectados por una inundación que se registró en la Capital Federal.
En 1976 fue designado por la dictadura cívico-militar el
aviador Osvaldo Cacciatore como Intendente de la ciudad de Buenos Aires,
permaneciendo en el cargo hasta 1982. El mismo impulsó, en su autoritaria
gestión, una suerte de “limpieza étnica” en la ciudad, desalojando
compulsivamente a miles de personas y expulsando a los habitantes de las villas
y barrios pobres. El propio Mauricio Macri, presidente del Partido PRO y Jefe
de Gobierno de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró públicamente su
admiración por el funcionario de facto Cacciatore, como “el mejor Intendente que tuvo la ciudad”. Por supuesto, todo el
mundo tiene derecho a expresar su adhesión y simpatía para con aquellos actores
políticos -a pesar de no ser democráticos- con los cuales uno se siente
contenido y representado en su ideología y en sus prácticas. Esta alabanza de
Cacciatore da cuenta de las propias concepciones de Macri y de sus
proyectos.
El sociólogo brasileño Emir Sader, refiriéndose a los
actuales gobiernos posneoliberales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil,
Argentina y Uruguay, menciona certeramente que los mismos “defienden la
centralidad de las políticas sociales -más que justificada en el continente más
desigual del mundo- y no de los ajustes fiscales”. Asimismo, “defienden un rol
activo en lo económico y social del Estado, en lugar del Estado mínimo y de la
centralidad del mercado”. Agregando que “la lucha de resistencia al
neoliberalismo y la construcción de alternativas posneoliberales es la más grande
tarea contemporánea de la izquierda. Porque el neoliberalismo es el traje que
viste el capitalismo en el período histórico actual”. (Página 12, noviembre 2013).
Esteban Bullrich, licenciado en Sistemas y Master en
Administración de Empresas por la Escuela Kellogg de USA, es el ministro de
Educación de la Ciudad
de Buenos Aires desde diciembre de 2009. Reemplazó en el cargo al pensador de
derecha Abel Posse, cuya gestión duró 11 días y quien a su vez había
reemplazado a Mariano Narodowski, procesado judicialmente en 2010,
conjuntamente con Mauricio Macri, por un famoso caso de espionaje y escuchas
telefónicas ilegales.
Bullrich sostuvo que la Asignación Universal
por Hijo (AUH) “es una política del fracaso” y que el aumento del beneficio
“genera un problema para toda la sociedad”. Agregó que “aumentar la AUH es demostrar por parte del Gobierno que es incapaz
de resolver los problemas de pobreza,
que la única forma que tiene de resolver los problemas de la gente no es dando
trabajo y libertad con el trabajo o mejor educación sino dándole más plata”. Y
vaticinó que “en caso de que Macri
llegue a la Presidencia
en 2015 se trabajaría para transformarlo en un subsidio al trabajo, que
genere fuentes de trabajo reales, no ficticias”. (Ámbito, septiembre 2012).
Estas
afirmaciones de Bullrich se emparentan con lo que fue la ideología de la
dictadura cívico-militar y del neoliberalismo de los 90, cuando se transformó
al trabajo (o lo que se suponía como trabajo) en un recurso de la asistencia
para quienes no se esperaba que hallaran un empleo en el mercado formal. Eran
esos los subsidios a cambio de alguna contraprestación, sin ningún acceso a la
seguridad social, asociada al empleo registrado. Contrariamente, sus
componentes se restringían y se privatizaban. Así, con la reforma del régimen
de asignaciones familiares, sus montos (que se adicionan al salario) se
hicieron insignificantes; y con la reforma del régimen jubilatorio, se crearon
seguros individuales administrados por las AFJP, nuevos agentes del mercado de
capitales.
Contrapuesta
a esa política es la AUH,
creada como un componente de la seguridad social, extendiendo derechos sociales
a población excluida de la misma. Aunque comprende solamente parte de las
asignaciones familiares que cobran los asalariados formales y se mantienen
diferencias y ciertas disparidades, constituye un dispositivo que amplía esos
derechos del trabajo a los hogares de trabajadores del mundo de la
informalidad, donde ciertamente se hallan los mayores índices de pobreza. La
promesa de Bullrich “de eliminar la
AUH y reemplazarla por planes laborales" es claramente,
entonces, la promesa de la eliminación de un derecho social y su reemplazo por
planes asistencialistas para los que quedan fuera del trabajo, volviendo a
excluirlos de la seguridad social. Eso es, en concreto, lo que se desprende de
las palabras de Bullrich: volver a los principios del individualismo y a un
Estado neoliberal, que es precisamente el proyecto del PRO. Para esos
principios y ese Estado, los “derechos” dependen del mercado; es decir, no hay
derechos, sino capacidad (o no) de consumo. Los derechos sociales ponen límites
(variables) a esa dependencia. Ningún derecho existe si no es instituido
estatalmente como derecho. El derecho al trabajo, a condiciones dignas para el
mismo y a la seguridad y protecciones ante avatares de la vida, exige la
intervención del único órgano con capacidad de imponerlo legítimamente, que es
el Estado y por la ley.
Bernardo
Kliksberg enfatiza que “la Asignación Universal por Hijo apoyó en la Argentina, en sus tres
años de existencia, a 3,5 millones de niños desfavorecidos. Combinado con un
fuerte aumento de la inversión en la creación de escuelas en las áreas pobres,
y de la ampliación de los servicios en salud, mejoró sustancialmente las tasas
de aprobación escolar y de salud”. Agregando que “la realidad muestra que es
imprescindible un Estado que regule activamente, en protección del interés
colectivo”. Y pregunta: “¿A quién le conviene que el Estado sea débil y no
regule (como quería Zinn ya en los 70; y
como quiere el PRO ahora); a quién le conviene que se sigan aplicando las
políticas de austeridad, a pesar de sus impactos regresivos, y desacreditar
sistemáticamente políticas públicas sociales, aunque den claros resultados?” (Página 12, noviembre 2013).
La concepción ideológica y las acciones concretas de aquel
economista y político Ricardo Zinn y del actual empresario y político Mauricio
Macri (líder del PRO) guardan una significativa coincidencia, en sentido
opuesto a la imprescindible construcción de una sociedad más igualitaria y
justa.
