"La AUH no es un Plan Social". Nota publicada en el diario "Página 12". Buenos Aires. Agosto 14 de 2015.
Norberto
Alayón
Profesor
Titular Regular – Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Con bastante recurrencia podemos escuchar o leer
afirmaciones, inclusive de funcionarios públicos nacionales, que definen y
caracterizan a la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) como
un Plan Social.
Creemos que resulta conveniente resaltar, en principio, que la AUH no es un Plan Social. La AUH es una importante política pública, del
campo de la seguridad social, que construye un derecho, con perspectiva
universal, de impacto significativo en el ingreso de los hogares de los/as
trabajadores más desprotegidos.
Planes asistenciales focalizados de mera mitigación y
control social y flexibilización laboral, precarización y desempleo, definieron
la contundente y perversa esencia del neoliberalismo de los 90, que tanto
perjuicio le generó al país y a la región. Pérdida o reducción de derechos y
planes sociales constituyeron las dos caras de una misma moneda.
Sin embargo, no se trata de desmerecer indebidamente a la
asistencia social a las familias que no disponen de los recursos para
satisfacer sus necesidades mínimas, como meras medidas populistas, coyunturales
y paliativas, que no atacan a fondo las diversas problemáticas derivadas de las
situaciones estructurales que generan pobreza y exclusión. Cabe recordar una
obviedad: la única manera de atacar a
fondo la pobreza es atacando a fondo al sistema capitalista.
De los sectores sociales que se resisten a aceptar una cabal
democracia para todos, parten las
expresiones de estigmatización y rechazo hacia quienes reciben asignaciones
estatales, haciéndolos históricamente objeto de diversos mitos y falsedades:
que son vagos y no quieren trabajar; que la ayuda económica que reciben la
destinan a bebidas alcohólicas o “que se va a ir por la canaleta del juego y de
la droga”; que las niñas y adolescentes “se embarazan a propósito para cobrar
la asignación por hijo”, etc.
Por todo ello, además de la diferencia conceptual entre
planes sociales y políticas de seguridad social, resulta necesario esclarecer
las características y alcances de estas medidas, contribuyendo a desterrar
prejuicios y posicionamientos de clase, tendientes a preservar los privilegios
de aquellos sectores sociales que pretenden negar el legítimo derecho de todos los ciudadanos a tener una vida
mejor.
Cuando todos los trabajadores formales (aún los que perciben
sueldos importantes) cobran el salario familiar (prenatal, licencia por
maternidad, hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar, matrimonio, nacimiento,
adopción), o desgravan cargas sociales del impuesto a las ganancias, no se
escuchan voces críticas y despectivas o imputaciones de que se estaría
recibiendo un clientelístico plan social o bien que ese ingreso extra sería
destinado a vicios o a gastos superfluos. Y está bien que así sea, porque
estamos en presencia de una política (por suerte consolidada desde hace tiempo)
de seguridad social. Pues bien: lo mismo acontece con la AUH , la asignación por embarazo
y más recientemente, por escolaridad y por nacimiento (el Programa Qnitas) que
vienen a consagrar para los trabajadores/as informales y los desocupados/as el
mismo derecho que tienen los asalariados formales.
Puede parecer ocioso enfatizar acerca de la importancia, en
la línea de la prevención, que adquieren las medidas dirigidas a mejorar la
calidad de vida de la infancia y la adolescencia. Alimentar, atender la salud y
educar a todos los niños y adolescentes, son las cuestiones básicas que hay que
garantizar para contribuir a la consolidación de una sociedad más justa y
democrática, y para prevenir también nocivas consecuencias futuras, de difícil o
hasta a veces imposible resolución.
Para las corrientes neoliberales, los derechos dependen del
mercado; es decir, no hay derechos, sino capacidad (o no) de consumo. El
derecho al trabajo, a condiciones dignas para el mismo y a la seguridad social
y protecciones ante avatares de la vida, exige la intervención del único órgano
con capacidad de imponerlo legítimamente, que es el Estado y por la ley.
Buenos Aires, agosto de 2015.
Es frecuente que en los intercambios del grupo de Sujetos de la Educación, materia que dicto en un Profesorado de Música de Córdoba capital, aspectos de lo político sean parte de los mismos y entre ellos, la violencia de la exclusión no está ausente. Como la escuela está hoy atravesada por la presión por incluir y la necesidad de estar preparados para que el remedio no sea peor que la enfermedad, me parece indispensable despejar algunos mitos sobre ciertas políticas públicas que no fueron concebidas como asistencialismo. Su texto alivia mi trabajo y lo enriquece. Gracias, Carlos Ravina.
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