LOS DERECHOS DE
LA GENTE
Nota publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires, el 10 de febrero de
2014.
Norberto Alayón (*)
(*)
Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de
Ciencias Sociales-UBA)
En este
febrero de 2014, como es sabido, atravesamos en el país por un período de
variados y sistemáticos intentos de debilitamiento y desestabilización del
gobierno, por medio de acciones especulativas de los sectores económicos y
políticos más concentrados, que ven limitados (aunque parcialmente y hasta muy
escasamente en muchos casos) sus enormes e históricos privilegios.
Se pusieron
claramente en evidencia distintas maniobras de retención y no liquidación de las
exportaciones, complementándose con aviesas y hasta ilegales operaciones
cambiarias con la transacción del dólar y luego aumentos injustificados de
precios en consumos básicos, no disponibilidad de productos, engaños e
incumplimientos de los precios acordados con las autoridades, todo lo cual puso
sobre el tapete el papel que debe cumplir la ciudadanía ante los abusos que
perpetran -con extrema impunidad- los sectores del gran capital, acostumbrados a
querer decidir y mandar por sobre el poder político emanado de la soberanía
popular, que constituye la esencia misma de la democracia.
Ante estos
obscenos abusos se articuló una importante reacción por parte de los
consumidores, que confluyó en una propuesta de boicot de compra por un día de
alimentos en los supermercados (extranjeros y nacionales) y también de
combustibles.
El activismo
de la ciudadanía en pos de la vigencia y preservación de sus derechos, en pos
del llamado “empoderamiento”, habilita un fructífero espacio para la reflexión
(y la acción) acerca de cómo
entender y definir la participación de la gente.
Desde el
campo profesional del Trabajo Social, hace ya bastantes años venimos afirmando
que promover los derechos de la
gente y reclamar activamente para
que se cumplan debe ser entendido como un deber y no sólo como un derecho de los ciudadanos. El
reforzamiento de esta noción nos parece muy importante para reafirmar la
necesidad de una ciudadanía atenta y vigilante del cumplimiento cotidiano de sus
derechos, que vaya desterrando las conductas pasivas o simplemente expectantes
acerca de si los derechos están meramente formulados o por el contrario están
-como debe ser- plenamente vigentes.
Esta
participación activa de la comunidad será la garantía cierta de que los derechos
se ejerciten tal como estén legislados, evitando que se reproduzca ese
sentimiento escéptico y generalizado según el cual una cosa es la Constitución
Nacional , las Constituciones Provinciales, las leyes, las
normas, las ordenanzas y otra -muy distinta- la realidad.
La tensión
que está en el núcleo de la noción de ciudadanía es -en definitiva- la que se da
entre las necesidades de los grupos sociales para su sobrevivencia y
reproducción (instituidas como derechos)) y las “necesidades” del
mercado, que se imponen sobre aquellas cuando estos derechos se pierden o se
debilitan las instituciones que deben garantizarlos (el Estado).
De ahí que,
para la promoción y defensa de los derechos, resulta clave develar y cuestionar
la naturaleza de las relaciones sociales vigentes, en cuyo marco los abusos son
posibles, identificando con rigor la presencia simultánea y contradictoria del
binomio derechos-violación de los derechos.
Cabe
recordar que los derechos se construyen y reconstruyen con la vigilancia
permanente de su cumplimiento, pero que también se pueden diluir o directamente
perder si no se ejercita su defensa cotidiana. Es la reivindicación y reclamo
ante las obligaciones incumplidas por parte de los Estados nacionales,
provinciales o municipales lo que contribuye a la constitución de las personas
como sujetos plenos de derechos.
La lucha por
la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la
defensa de los derechos del conjunto de la población. El reconocimiento de que
los habitantes sin derechos no son ciudadanos, abre la posibilidad de generar un
impulso de activismo, en pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y
perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales.
El pleno
funcionamiento de Estados democráticos, con ampliación de derechos para todos los habitantes, permitirá -por lo
menos- limitar la inhumana irracionalidad del sistema capitalista.
Buenos
Aires, febrero 10 de 2014.
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