¡Populista, sí: a mucha honra!

Nota publicada en el Diario "Página 12" de Buenos Aires. Febrero 17 de 2014

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-239978-2014-02-17.html

                                                                                                          
                                                                                                                 Norberto Alayón (*)

(*) Trabajador Social. Profesor Titular

     (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

En el lenguaje corriente, ciertos políticos y académicos descalifican, abominan del término “populismo”. Los “izquierdistas” critican al populismo porque éste no apunta a erradicar el sistema capitalista. Los conservadores lo critican porque, aún incompletamente, defiende más los intereses de los sectores populares.

Se lo usa, se lo invoca de manera peyorativa, como un insulto, como si fuera una “mala” palabra. Por cierto, populismo se deriva de lo popular, de pueblo. ¿Estará mal hablar de lo popular/pueblo o encarar políticas en defensa de lo popular?

En contraposición, ¿estos sectores preferirían emplear el concepto de elitismo o de grupos selectos (no populares) que serían diferentes y mejores que la gente común? Intentan vilipendiar y construir una idea estigmatizante, desvalorizada de lo popular, desde su propia posición de clase. Algunos por odio de clases y otros por inveterada miopía intelectual, reflotan la vieja antinomia de “popular versus antipopular”.

Juan Cruz Varela, hermano de Florencio, fue un escritor y político argentino, instigador -junto a Salvador María del Carril- del fusilamiento de Manuel Dorrego, perpetrado por Juan Lavalle. En 1828, después de la caída del gobierno popular de Dorrego, desde Montevideo escribió los siguientes versos: “La gente baja ya no domina y a la cocina se volverá”. Fantástica y desgraciada oda antipopular, que refleja el pensamiento de muchos, de ayer y de hoy. Lo que estaba y está por supuesto también en juego en la actualidad, es la disputa por quién ejerce el poder: uno u otro sector social.

En el basamento ideológico del retrógrado sistema de segregación racial, denominado “apartheid”, se mencionaba que “El más educado de los negros es, por definición, inferior al menos educado de los blancos”. Si adecuáramos esta afirmación a las categorías “rico/pobre”, podríamos leer, remedando a los seguidores del “apartheid”: “El más educado de los pobres, es, por definición, inferior al menos educado de los ricos”.

El desprecio que algunos vuelcan sobre el populismo parece asimilarse a las críticas que se verifican, en el ámbito de la justicia, hacia las concepciones “garantistas”, que tienden precisamente a garantizar los derechos de todos. ¿Qué otra cosa se debería ser? ¿Antigarantista?  Por ejemplo, al dictador Videla, a Martínez de Hoz, a la Sociedad Rural Argentina, a los Macri de hoy, los seducían y los seducen las ideas y las políticas antigarantistas. Quieren garantías (y especialmente privilegios) sólo para los poderosos.

Las políticas progresistas de Inclusión Previsional, de la Asignación Universal por Hijo, el Programa PROCREAR de viviendas, el Programa Conectar Igualdad, el Programa PROGRESAR han sido recurrentemente tildadas de populistas, de demagógicas. ¡Menos mal que existen estas políticas que propenden a una mayor justicia social! Estas medidas, ¿son criticadas por impericia, por irresponsable liviandad, por interés político de mera y burda oposición? Y ni qué hablar de aquellas extraviadas (para decir lo menos) expresiones de ese dirigente político nacional, que avergonzarían y enfurecerían a don Hipólito Yrigoyen, cuando criticó la Asignación Universal por Hijo y dijo que la misma “se iría por la canaleta del juego y de la droga”.

Resultan asombrosas, cuando no tristemente patéticas, las opiniones de algunos cientistas sociales que aparentan pasar como objetivos y rigurosos, arremetiendo sistemáticamente contra lo popular, contra el populismo, obteniendo el beneplácito y la adulación de poderosos diarios, canales y radios que representan los intereses más antipopulares y que, como es coherente con su ideología, hasta apoyaron la dictadura cívico-militar-eclesiástica iniciada en 1976.

Muchos de estos cientistas sociales provienen del campo del “progresismo” o del “izquierdismo”. Muchos hasta fueron funcionarios del menemismo y del gobierno de la Alianza y poco o nada hicieron desde los ministerios y reparticiones de Desarrollo Social. Convendría repasar y recordar sus nombres, para ver si se trata de las mismas personas.

Critican al kirchnerismo por populista. Lo mismo hacen otros con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, con Dilma Rousseff en Brasil. Lo que es un mérito, en beneficio de las mayorías más desprotegidas, intentan transformarlo en algo descalificable, en algo abyecto. Resulta evidente que no critican para mejorar y avanzar; critican para debilitar y retroceder.

En 2014, en el marco concreto de la cruda realidad internacional y nacional, resulta absolutamente pertinente apoyar las políticas de carácter popular, en línea con la defensa de los sectores más postergados.

De merecer una crítica o un epíteto insultante, de parte de los diversos sectores objetivamente antipopulares (“izquierdistas” o conservadores, cientistas sociales o no) preferiría y hasta me halagaría que me dijeran “populista”. La ceguera reaccionaria y provocativa de muchos, me induce a asumir en la encrucijada actual, la afirmación de ¡Populista, sí: a mucha honra!  

Buenos Aires, febrero 17 de 2014.

LOS DERECHOS DE LA GENTE

Nota publicada en el Diario "Tiempo Argentino" de Buenos Aires, el 10 de febrero de 2014.

 

http://tiempo.infonews.com/2014/02/10/editorial-118453-los-derechos--de-la-gente.php

                                                                                              Norberto Alayón (*)

(*) Trabajador Social. Profesor Titular (Facultad de

     Ciencias Sociales-UBA)

En este febrero de 2014, como es sabido, atravesamos en el país por un período de variados y sistemáticos intentos de debilitamiento y desestabilización del gobierno, por medio de acciones especulativas de los sectores económicos y políticos más concentrados, que ven limitados (aunque parcialmente y hasta muy escasamente en muchos casos) sus enormes e históricos privilegios.

Se pusieron claramente en evidencia distintas maniobras de retención y no liquidación de las exportaciones, complementándose con aviesas y hasta ilegales operaciones cambiarias con la transacción del dólar y luego aumentos injustificados de precios en consumos básicos, no disponibilidad de productos, engaños e incumplimientos de los precios acordados con las autoridades, todo lo cual puso sobre el tapete el papel que debe cumplir la ciudadanía ante los abusos que perpetran -con extrema impunidad- los sectores del gran capital, acostumbrados a querer decidir y mandar por sobre el poder político emanado de la soberanía popular, que constituye la esencia misma de la democracia.

Ante estos obscenos abusos se articuló una importante reacción por parte de los consumidores, que confluyó en una propuesta de boicot de compra por un día de alimentos en los supermercados (extranjeros y nacionales) y también de combustibles.

El activismo de la ciudadanía en pos de la vigencia y preservación de sus derechos, en pos del llamado “empoderamiento”, habilita un fructífero espacio para la reflexión (y la acción) acerca de cómo entender y definir la participación de la gente.

Desde el campo profesional del Trabajo Social, hace ya bastantes años venimos afirmando que promover los derechos de la gente y reclamar activamente para que se cumplan debe ser entendido como un deber y no sólo como un derecho de los ciudadanos. El reforzamiento de esta noción nos parece muy importante para reafirmar la necesidad de una ciudadanía atenta y vigilante del cumplimiento cotidiano de sus derechos, que vaya desterrando las conductas pasivas o simplemente expectantes acerca de si los derechos están meramente formulados o por el contrario están -como debe ser- plenamente vigentes.

Esta participación activa de la comunidad será la garantía cierta de que los derechos se ejerciten tal como estén legislados, evitando que se reproduzca ese sentimiento escéptico y generalizado según el cual una cosa es la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, las leyes, las normas, las ordenanzas y otra -muy distinta- la realidad.

La tensión que está en el núcleo de la noción de ciudadanía es -en definitiva- la que se da entre las necesidades de los grupos sociales para su sobrevivencia y reproducción (instituidas como derechos)) y las “necesidades” del mercado, que se imponen sobre aquellas cuando estos derechos se pierden o se debilitan las instituciones que deben garantizarlos (el Estado).

De ahí que, para la promoción y defensa de los derechos, resulta clave develar y cuestionar la naturaleza de las relaciones sociales vigentes, en cuyo marco los abusos son posibles, identificando con rigor la presencia simultánea y contradictoria del binomio derechos-violación de los derechos.

Cabe recordar que los derechos se construyen y reconstruyen con la vigilancia permanente de su cumplimiento, pero que también se pueden diluir o directamente perder si no se ejercita su defensa cotidiana. Es la reivindicación y reclamo ante las obligaciones incumplidas por parte de los Estados nacionales, provinciales o municipales lo que contribuye a la constitución de las personas como sujetos plenos de derechos.

La lucha por la defensa de los derechos de un sector de la sociedad fortalece también la defensa de los derechos del conjunto de la población. El reconocimiento de que los habitantes sin derechos no son ciudadanos, abre la posibilidad de generar un impulso de activismo, en pos de la consolidación de los derechos no vigentes, y perfila la construcción de un nuevo tipo de relaciones sociales.

El pleno funcionamiento de Estados democráticos, con ampliación de derechos para todos los habitantes, permitirá -por lo menos- limitar la inhumana irracionalidad del sistema capitalista.

Buenos Aires, febrero 10 de 2014.