MACRI, EL GRAN
CONSERVADOR
Norberto
Alayón (*)
(*) Trabajador Social. Profesor de
la Facultad
de Ciencias Sociales-UBA
Tras la enorme inundación que se
produjo en la Capital Federal
Para ello constituyó un fondo de
subsidios, en base a la reasignación de partidas presupuestarias y al recorte de
130 millones de pesos de distintos programas de asistencia social. En abril
fueron 40 millones y luego otros 70 millones recortados del Programa Ciudadanía
Porteña. Otros 20 millones provienen del Programa de Rehabilitación de Conjuntos
Urbanos del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad. Veinte
El
objetivo general del Programa Ciudadanía Porteña "Con todo Derecho", dependiente
del ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, es “disminuir los niveles de
desigualdad en la CABA.
Para lograrlo, brinda un subsidio mensual que mejora el ingreso
de los hogares en situación de pobreza o indigencia. El subsidio se utiliza
únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene
personal, útiles escolares y combustible para cocinar, y está condicionado al
cumplimiento por parte de los hogares beneficiarios de obligaciones en educación
y salud”. Por su parte,
el programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del IVC está destinado a las
villas de la ciudad.
¿Por qué el gobierno de Macri
recorta fondos de los programas destinados a los sectores más necesitados de la
sociedad? ¿Por qué este gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, ante la emergencia, no apela a reducir otras partidas,
evitando perjudicar a los más débiles?
El politólogo y sociólogo
norteamericano Alan Wolfe desarrolla agudamente la idea de que “quienes abogan
por un menor gasto gubernamental en los programas sociales, saben lo que hacen,
pues dada la función de acumulación del Estado, la única manera en la que puede
reducirse la actividad gubernamental es por medio del ataque al punto más
democrático, que es la política de bienestar social. Lo que está en juego no es
una abstracción llamada “gasto” o “política”, sino las necesidades reales de la
gente real. Por consiguiente, la estrategia política más inmediata para la gente
común tendría que dirigirse tanto hacia la preservación como hacia la expansión
de los servicios del gobierno”. Y agrega Wolfe, “… la mayor parte del gasto
estatal es popular, no en un sentido abstracto, sino en cuanto afecta a los
individuos en particular (seguridad social, hospitales, compensaciones de
desempleo, etc,). El silogismo es inmodificable: el gasto en bienestar social es
democrático; algunos (la tendencia antiestatista) quieren eliminarlo o reducirlo
sustancialmente; quienes proponen eso se vuelven antidemocráticos. En otras
palabras, el ataque a la actividad gubernamental se ha convertido en un ataque,
no demasiado bien disimulado, a la democracia misma”.
Con los recortes a los programas
sociales (ya de por sí insuficientes), el gobierno de Macri habilita a que los
pobres de la ciudad subsidien a los inundados de la ciudad. Con frecuencia, se
escucha a los sectores mejor posicionados económicamente, quejarse de que son
ellos los que contribuyen, con sus impuestos, a mantener a los “vagos y
perezosos” que prefieren vivir de la asistencia social del Estado. En esta
ocasión, ¿qué pensarán de la “solidaridad coercitiva” que Macri le aplicó a los
pobres para indemnizar a los propietarios de comercios, viviendas, automóviles;
en suma, para resarcir a otros ciudadanos que no son tan pobres como
ellos?
Macri forma parte y, como tal,
interpreta y representa fielmente las posiciones y los intereses de los sectores
más conservadores de la sociedad, en contra del bienestar general. ¿Tendrá razón
el politólogo Wolfe acerca del carácter antidemocrático de estas medidas y de
los propios gobernantes que las impulsan?
Buenos Aires, junio de
2013.
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