ACERCA DE LO PÚBLICO
Publicado en Arias, Ana y otras: "Políticas públicas y Trabajo Social - Aportes para la reconstrucción de lo público". Espacio Editorial. Buenos Aires. Julio de 2012.
Norberto Alayón
Profesor
Titular Regular
Facultad
de Ciencias Sociales-UBA
Tal como figura en la
programación de las Jornadas (mayo de 2011), el título de esta Mesa alude a “Universidad y
reconstrucción de lo público”.
Un primer
interrogante, entonces, nos puede conducir a preguntarnos ¿por qué hay que
reconstruir lo público? ¿Quién, quiénes,
cómo, cuándo destruyeron, restringieron, debilitaron lo público?
Siguiendo a la
filósofa argentina Nora Rabotnikof [1],
“El desvanecimiento de la distinción público/privado y la erosión de la
dimensión pública del Estado se imputan a la endémica debilidad institucional,
pero, sobre todo, al impacto de la crisis”. “…Hay una situación de pérdida en
relación con un pasado, o de anomalía en relación con un modelo histórico
normativo. En algunos países de América Latina, el Estado se habría vuelto
incapaz de proporcionar los bienes públicos puros (defensa, seguridad,
justicia, administración) que remiten a los roles constitucionalmente fijados.
La prédica y la práctica antiestatista de cierto neoliberalismo habrían
arrasado incluso con aquellas funciones que, dentro de su imaginario, resultan
las únicas legítimas. Espacio de lo público -se subraya- es la dimensión de la
legalidad pública y del Estado como orden legal”.
Si coincidiéramos con
estas afirmaciones estaríamos en consonancia con el llamado de los
organizadores del evento a reflexionar y propiciar la “reconstrucción de lo
público”.
Considerar la
alternativa de reconstrucción de lo público nos conduce, a nuestro entender, a
repensar nuestros Estados: su papel, sus funciones, su presencia o ausencia, la
imperiosa necesidad de revitalizar su accionar como garante del bienestar
general.
Y aquí cabría otra
pregunta: ¿somos o fuimos un país sin Estado?
Los Estados débiles tienden a habilitar el predominio casi exclusivo del
mercado, que se beneficia y se aprovecha para desplegar al máximo su potencial
inequitativo ante la ausencia de regulaciones y controles. La ecuación “menos
Estado, mayor mercado” aparece, entonces, como irreductible.
También habrá que
reparar en qué tipo de Estado y en qué tipo de presencia del Estado. Creemos que esta advertencia resulta
necesaria, precisamente para tratar de evitar peligrosas simplificaciones,
peligrosos reduccionismos, que nos puedan conducir a valorar, como “bueno en sí
mismo”, todo lo que provenga de lo estatal, todo lo que provenga de lo público.
En Argentina tenemos
el claro y durísimo ejemplo, del Estado autoritario de la pasada dictadura
cívico-militar que canceló todo lo público que fuera común y colectivo, mientras
asesinaba, reprimía y encerraba a unos en las cárceles y a otros en las casas, desplegando
el mayor potencial destructivo que padeció nuestro país.
O aquel Estado -de la
década de los 90- que, en nombre de la “ineficiencia” del Estado y de la
“eficiencia” del mercado, enajenó brutalmente los bienes públicos y devastó el
patrimonio nacional, producto del esfuerzo colectivo de varias generaciones.
En síntesis, pensar en
qué Estado queremos; pensar en qué Estado hacemos.
Recuerdo que, cuando
el tsunami neoliberal arrasaba a la nación allá por los 90, se escuchaban
opiniones de intelectuales no precisamente reaccionarios que cuestionaban el
accionar del Estado. Aparecían invocaciones del tipo “hay que modificar,
transformar, reformar el estado del Estado”, partiendo de una valoración
negativa de lo estatal.
Existe una fuerte
tendencia a asociar, casi como indefectible, a los servicios y administraciones
públicas con lo ineficiente y hasta lo corrupto. Mientras que lo privado
aparecería, en el imaginario contrapuesto, como lo idóneo, lo eficiente, lo
incorruptible. Como comentamos recién, reafirmamos que tampoco proponemos,
ilusoriamente, pensar al Estado como “bueno” per se, habida cuenta de lo que ya
advertimos sobre el accionar de ciertos tipos de Estados.
Por supuesto, no
desconocemos, no negamos, por ejemplo, que la mala atención, el desinterés, la
irracionalidad de ciertos procedimientos y tramitaciones, también la
incompetencia, suelen contribuir al hartazgo y a provocar las condiciones
favorables para desmerecer y criticar lo público y alentar y legitimar su transferencia
a lo privado, a las privatizaciones, tal como sucedió con los catastróficos
resultados ya conocidos.
Repasemos algún
ejemplo, de los que todos seguramente tenemos. Yo fui usuario de los trenes
suburbanos, de manera permanente, antes y luego también de la privatización de
los ferrocarriles. Descuento que no es necesario que me explaye acerca del tipo
y de la calidad de la atención que se brindaba a los pasajeros. Es obvio que
las privatizaciones no se produjeron por el eventual y/o real mal servicio
brindado por los empleados. Pero si bien es cierto que lo público, lo de todos,
se debe defender fundamentalmente con medidas de carácter estructural, también
resulta imprescindible contar con un desempeño competente por parte de los
respectivos agentes en todas las áreas de gestión.
La recuperación y
fortalecimiento de lo estatal debe constituir la centralidad de la
reconstrucción de lo público como contraposición de lo privado.
Alguno de ustedes
habrán escuchado y algunos también hasta lo dirán, en relación al momento
actual por el que transita nuestro país, que “nunca se vio tanto Estado”, es
decir tanta presencia del Estado.
Presencia en lo físico, en las obras, en las carreteras, en hospitales,
en escuelas, en centros culturales y comunitarios, pero también en programas
diversos de capacitación, promoción, asistencia, etc.
Todo ello da cuenta de
la revalorización estratégica de lo público, en tanto “lo privado” -por su
propia naturaleza- no se hace cargo de estas cuestiones, vitales para el conjunto
de la comunidad nacional.
Lo privado está
imbuido, está preñado por la lógica de la mera rentabilidad; está encorsetado
-si quiere sobrevivir- por el interés precisamente individual, privado, no
público, no general, no de todos ni para todos.
Y lo público, si se
entiende como lo que es de todos, y no sólo de algunas personas o grupos
(sociales, económicos) propicia, refuerza una suerte de identidad colectiva que
se emparenta con la solidaridad y con la construcción y vigencia de una
sociedad que tienda a ser más igualitaria.
Lo argumenta bien
Washington Uranga cuando expresa que “Si se disuelve lo público, lo único que
subsiste (y se potencia y sobrevalora) son las capacidades individuales. Sin lo
público no sólo se pierde la posibilidad de reconocer a los otros y a las
otras, sino que el sujeto mismo carece de referencias, de marcos para
comprenderse a sí mismo, para desarrollar una identidad que siempre es en
relación. Se diluye lo colectivo y desaparece la solidaridad”. [2]
No obstante, queremos formular
otra advertencia en relación a esta caracterización de lo público como lo de
todos. Que los bienes públicos, que los
servicios públicos, que las instituciones públicas, que los espacios públicos,
nos pertenezcan al conjunto de los ciudadanos, ello no habilita justamente a su
uso particular o apropiación individual sin reglas, sin normatividad, por sobre
la institucionalidad establecida.
Por ejemplo. Un hospital público pertenece a toda la
sociedad; pero no todos los ciudadanos podemos decidir por nuestra cuenta y
criterio qué hacer dentro de la institución hospitalaria. Ni siquiera lo puede decidir un solo sector
del personal que integre esa misma institución.
Por supuesto que el funcionamiento y las normas de las instituciones
deben ser democráticas, pero no se puede funcionar sin normas. Si cada uno decide hacer lo que quiere,
aunque se invoque la probable o real legitimidad de tal o cual reclamo, se
estará priorizando su propio interés o el de su grupo o sector, por sobre los
intereses del conjunto de la institución.
Y nuestra querida
Facultad de Ciencias Sociales lamentablemente conoce de estas prácticas
desatinadas que recurrentemente son llevadas a cabo por distintos actores.
Volviendo a la
filósofa Rabotnikof, nos parece útil precisar que la misma describe tres
sentidos básicos asociados al término “público”.
Un primer sentido hace referencia a que “existe una prolongada tradición
que lo asocia a lo común y lo general en contraposición a lo individual y lo
particular. Hablamos así del interés
público en contraposición al interés
privado, del bien público en
contraposición a los bienes privados.
El segundo sentido alude a lo público en contraposición a lo oculto; es
decir, a lo público como lo no secreto, lo manifiesto y ostensible. Decimos así
que tal cuestión ya es pública en el sentido de ‘conocida’, ‘sabida’.
El tercer sentido remite a la idea de lo abierto en contraposición a lo
cerrado. En este caso se enfatiza la accesibilidad en contraposición a la
clausura; hablamos así de lugares públicos, paseos públicos”.
Como ya habrán
reparado, en lo que vine exponiendo hasta aquí, a mí me interesó centrarme
básicamente en el primer sentido mencionado que da cuenta de lo público
contrapuesto a lo privado.
La educación pública y
en particular la universidad pública, constituyen ámbitos de pertinencia
significativa para la revalorización de lo
público.
La universidad pública
está orientada por el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su
carácter universalista y, por ende, democrático. El necesario sustento
económico a la educación universitaria se justifica por la obligación que le
cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad
que la conforma.
Por su parte, las
empresas educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado, mientras
que la universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al
desarrollo social y moral de la sociedad.
La universidad no presta solamente un servicio a individuos
particulares, aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación.
Al
Las propuestas que
pretenden reducir la sociedad y la política a la mera competencia en el
mercado, constituyen expresiones reduccionistas y empobrecidas aún de los
principios más básicos de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad
de la participación social y política.
Aquí resulta
ilustrativo recordar las expresiones, de fines de febrero, del economista
Carlos Pirovano, Subsecretario de Inversiones del gobierno de Mauricio Macri,
cuando afirmó, en forma de pregunta: “¿Y si asumimos que la educación pública
está muerta y con esa plata les pagamos a los chicos una escuela privada?” [3] Y remató este funcionario del partido PRO,
con insano convencimiento, exponiendo otra idea brillante: “Le regalamos las
escuelas públicas a los maestros que dejarían de ser empleados públicos y
podrían ser empresarios”.
Pirovano, en su
barbarie, se emparentó con Abel Posse, aquel cónsul de dos dictaduras que
Mauricio Macri designó como Ministro de Educación de la ciudad, en diciembre de
2009 (duró 11 días), en reemplazo de Mariano Narodowsky que tenía empleado en
su cartera al espía Ciro James.
Tal vez podamos
coincidir en que la defensa de la educación pública es también la defensa de la
democracia y la defensa de los intereses del conjunto de los habitantes de la Nación.
Para concluir,
entonces, reafirmamos que la revalorización, la reconstrucción y el
fortalecimiento de lo público, como lo que es común de una comunidad nacional,
sus bienes, pero también un lugar donde pueden reconocerse todos quienes forman
esa comunidad, con lo que tenemos de idéntico y también de diferente, constituye
una apuesta estratégica para la consolidación de otro tipo de relaciones
sociales, basadas en la solidaridad, en la cooperación, en la fraternidad. En suma, nada más y nada menos que apostar al
desafío de intentar contribuir a la vigencia de relaciones sociales más igualitarias.
[1]
Rabotnikof, Nora: “En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría
política contemporánea”. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Filosóficas. México, D.F. 2005.
[2] Uranga, Washington: “Carnavales, cultura y
política”. En Diario “Página 12” .
Buenos Aires. Marzo 10 de 2011. pág. 5
[3]
Diario “Página 12” .
Buenos Aires. Febrero 24 de 2011. pág. 14
