“¿PARA QUÉ VOLVIÓ CAROLINA STANLEY?”. Nota en el Diario “Página 12”.
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“¿PARA QUÉ VOLVIÓ CAROLINA STANLEY?”. Nota en el Diario “Página 12”.
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Posteo en Facebook del 22 de abril de 2018
LOS CIPAYOS Y EL ABANDONO DE LA UNASUR
Sobre el adjetivo “cipayo” no faltan quienes
-a manera de crítica despectiva- afirman que se trata de un vocablo y una
categoría vetusta y hasta agresiva. Todo lo contrario: no es un concepto viejo,
ni calumniante. Contiene una caracterización rigurosa y tiene
-lamentablemente- absoluta actualidad y
contundente significado.
El término cipayo tiene su origen en aquellos soldados locales que la pérfida Inglaterra empleaba en sus colonias para que combatieran en contra de sus propios pueblos, contribuyendo a la dominación de los mismos. Desde ahí, el concepto se fue extendiendo hacia el campo de la política.
El Papa Francisco lo recordó el 21 de enero de 2017 en un reportaje que le hizo el diario “El País” de España. Ahí dijo el Papa: “El cipayo es aquel que vende la patria a la potencia extranjera que le pueda dar más beneficios. Y en nuestra historia argentina, por ejemplo, siempre hay algún político cipayo. Así que Latinoamérica tiene que rearmarse con formaciones de políticos que realmente den a Latinoamérica la fuerza de los pueblos”.
Macri (Argentina), Temer (Brasil), Piñera (Chile), Santos (Colombia), Cartes (Paraguay) y Vizcarra (Perú), que al retirarse de la UNASUR (Unión Sudamericana de Naciones) sirven fielmente al imperialismo norteamericano, como supuestos cristianos debieran reflexionar sobre esta certera explicación del Papa Francisco que los incluye y define indubitablemente.
“AYER, 3 HORAS ANTES DE LA CONFERENCIA DE PRENSA, HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA LE PIDIÓ A CARLA VIZZOTTI 60 RESPIRADORES PORQUE LA CIUDAD TIENE SU TERAPIA INTENSIVA COLAPSADA. A PESAR DE ESTO, EL JEFE DE GOBIERNO SIGUIÓ JUGANDO A LA POLÍTICA ELECTORAL CON ALUMNAS, ALUMNOS Y DOCENTES DE LA CABA”.
TWITT DE JUAN CABANDIÉ-MINISTRO DE AMBIENTE
DE LA NACIÓN.
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Comparto la nota “LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CONTEXTO CAPITALISTA”
Norberto Alayón
Trabajador Social. Profesor Consulto- Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
La asistencia social ha estado históricamente ligada a la problemática de la pobreza, de la desigualdad. Pero la pobreza (tanto en su generación como en la eventual atenuación de la misma) no pertenece al campo de la asistencia social, sino al campo de la economía. Y la economía expresa el proyecto político que se despliega en un período determinado. En consecuencia, resulta necesario hacer alguna referencia al capitalismo.
Y es que el capitalismo es el modelo político-económico que predomina en el funcionamiento de nuestros países. Su lógica y “racionalidad” se centra irreductiblemente en la búsqueda denodada del lucro y la acumulación, sobre la base de la expoliación de la productividad del trabajo de otros. Un modelo bien distinto tendríamos si los objetivos de la producción no fueran la mera ganancia, sino la satisfacción de las necesidades sociales.
El funcionamiento capitalista genera y construye, por su propia lógica, una permanente conflictiva social de muy complejo abordaje. De todas maneras, las propias sociedades capitalistas igualmente fueron desarrollando instituciones sociales de protección, que contuvieron parcialmente los conflictos a partir de garantizar ciertas seguridades a quienes vivían de su trabajo.
Sabemos que en las últimas décadas del siglo XX el fundamentalismo
neoliberal arrasó con muchas de esas protecciones y destruyó buen parte de los
derechos sociales, dando lugar a un fuerte proceso de degradación social, que
acarreó innumerables y graves secuelas que llevará muchos años poder mitigar y
reparar.
Cabría igualmente un par de reconocimientos: a) el capitalismo ha contribuido al desarrollo de la sociedad, aunque simultáneamente condujo a reproducir desigualdades estructurales; y b) nuestros países han venido padeciendo un doble sufrimiento, por la presencia del capitalismo y también por la falta de desarrollo capitalista.
Por ejemplo, el carácter parasitario y ocioso de nuestra tradicional oligarquía, que se constituyó como una suerte de “clase capitalista no burguesa”, obstaculizó el desarrollo industrial del país, manteniendo en muchos casos relaciones de tipo cuasi feudal. La enorme riqueza, obtenida por las grandes extensiones de campos y por la renta diferencial de la tierra, condujo a estos sectores a evidenciar un comportamiento exento de “dinamismo burgués” y anti industrialista. Con semejantes ganancias, los terratenientes no estaban interesados en reinvertir sus beneficios.
Tal vez, de este origen “naturalmente perezoso”, nuestras “burguesías
nacionales” hayan encontrado una suerte de modelo productivo a imitar, ligado a
la búsqueda de ganancias desmedidas, con un mínimo de riesgo e inversión o bien
aprovechando protecciones, prebendas, abusos y saqueos sobre el Estado para que
respaldara sus intereses privados, por sobre el bienestar del conjunto de la
sociedad. Con frecuencia, esta violación de la esencia misma del funcionamiento
capitalista, ligada a la inversión y al riesgo, constituye una conducta
obstinada: quieren ganar fortunas -y además en el menor tiempo posible- sin correr
prácticamente ningún tipo de riesgos.
De todos modos este capitalismo, aún escuálido y atrasado, genera cierto desarrollo aunque -a la par, por supuesto- habilita el mantenimiento de la pobreza y la desigualdad. Si la acumulación por parte de un sector social se basa en la apropiación diferenciada de la riqueza y en una distribución desigual, la construcción y cristalización de sectores ricos y pobres se transforma en algo “natural”, inherente a las propias características del modelo de funcionamiento social. De ello deriva la existencia de sociedades duales, con polos opuestos de altísima concentración de riqueza por un lado y de enorme concentración de exclusión y pobreza por el otro.
Pero el carácter esencialmente antidemocrático del capitalismo se puede (y
se debe) atenuar o neutralizar políticamente por la acción del Estado, mediante
el derecho laboral y las políticas sociales.
Se requiere, entonces, de un Estado que, aún capitalista, opere decididamente como regulador y garante pleno del interés general de la sociedad, y en particular de los sectores más vulnerados, por sobre el interés privado de los sectores del capital.
En suma, un Estado que, aún sin trastocar de raíz la lógica central del
capitalismo, pueda sentar las bases para ir construyendo una democracia sólida
con derechos sociales extendidos, lo cual configurará estratégicamente otro
tipo de sociedad, otro tipo de sistema social, que no tenga que apelar al
infame e inmoral asistencialismo.
La asistencia social opera como instrumento mediador entre la economía y los efectos y resultados del modelo económico en vigencia.
Para el Trabajo Social, repensar la asistencia como derecho y recuperación de lo perdido o de lo que nunca se tuvo, conduce a un cauce fructífero de potenciación de las distintas dimensiones de la profesión. Lo asistencial, lo educativo, lo promocional, lo organizacional deben fundirse en una práctica totalizante al servicio de los sectores populares.
Las políticas de asistencia social pueden cumplir básicamente dos funciones:
de cobertura inmediata y también de prevención.
Son asistenciales precisamente en relación con la problemática que debe ser reparada inmediatamente: satisfacer necesidades de alimentación, salud, alojamiento, abrigo; y son, a la vez, preventivas del deterioro a que lleva el sufrimiento y la carencia y que devienen en otras problemáticas sociales difíciles de reparar, tales -por ejemplo- como el abandono de hogar por parte de los adultos responsables o de los niños que pierden toda contención, la deserción escolar, la drogadicción, la delincuencia. Para tomar cualquier ejemplo corriente: si un niño no tiene zapatillas, no sólo carece de calzado, sino que puede dejar de asistir a la escuela, lo cual agrava su problemática.
La asistencia es un derecho. Toda sociedad que, por las características que adopta para su funcionamiento, primero pauperiza y excluye a buena parte de sus miembros, debe asumir maduramente su responsabilidad por el daño ocasionado y disponerse a adoptar profundas medidas reparatorias. Y debería hacerlo por la vía del derecho pleno, o bien -mientras tanto- mediante políticas sociales que tiendan a neutralizar el deterioro de las condiciones de vida de la población, a la par de ir creando las condiciones para contribuir a la consolidación de un orden social más justo y equitativo.
El derecho a la asistencia, no cambia la naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad. Pero sí debilita la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades inequitativas, y -a la vez- ética y estratégicamente contribuye a la reparación de los problemas sociales, en la perspectiva de ir construyendo alternativas más sólidas para un funcionamiento social más digno y más humano.
Reconocer el derecho a la asistencia implica la aceptación de que las personas a ser asistidas, básicamente carecen -por las condiciones del funcionamiento social- de posibilidades para un adecuado despliegue de sus potencialidades que, entre otras cosas, les permita satisfacer autónomamente sus necesidades. Familias sin los medios suficientes para la reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos degradados, con problemas habitacionales, de salud, de escolaridad, no pueden más que tender a repetir esas condiciones en las generaciones siguientes.
Interferir e interrumpir ese proceso social negativo, constituye una responsabilidad ética impostergable, pero -además- implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la democracia, en tanto una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con graves niveles de pobreza y exclusión.
Además, las propias contingencias de la vida pueden conducir a cualquier persona a padecer accidentes que le generen discapacidades puntuales, cuya atención y protección posterior es menester que sea asumida por las instituciones específicas de todo Estado moderno.
Las políticas de asistencia son insuficientes, pero hay algo mucho más insuficiente aún: la ausencia de políticas de asistencia. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente el posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a recortar los recursos destinados a la acción social, desertando de esta responsabilidad estatal o bien transfiriéndola hacia modalidades de beneficencia y de voluntariado, optativas y además escasas, a ser encaradas por sectores privados (empresariales, religiosos, filantrópicos).
Sabemos que la asistencia social cumple funciones diferentes según responda
a la política general desplegada por gobiernos populares o por gobiernos
antipopulares. Representa, de este modo, diferentes sentidos, según la
naturaleza y los intereses de clase de los distintos gobiernos.
En el caso de gobiernos populares que propendan al desarrollo de las fuerzas productivas, a la defensa y ampliación de las fuentes de trabajo, a la expansión del consumo, la asistencia opera en la reparación de problemáticas y carencias puntuales que presenten los sectores más vulnerados de la sociedad, representando -simultáneamente- una manera indirecta de preservación salarial (o distribución secundaria de la riqueza) por la vía de servicios y subsidios destinados a mejorar la calidad de vida de la gente.
En ese sentido adquiere un carácter complementario del rumbo general de la política económica, fortaleciendo la perspectiva de derechos y de la necesaria vigencia de la justicia social.
Pero en el caso de gobiernos antipopulares, como el del ex presidente Mauricio Macri, que reducen el empleo, contraen los salarios, restringen los derechos laborales y generan marcada pobreza y exclusión, las políticas asistenciales apenas implican un alivio limitado y selectivo para las situaciones más críticas, mientras se mantienen férreamente los objetivos de evidente concentración de riqueza a favor de ciertos sectores sociales y en perjuicio de la búsqueda de la necesaria igualdad social que transforme en digna la vida humana.
De ahí que la asistencia, en el marco y perspectiva de los gobiernos
antipopulares, confronta con el paradigma de derechos, transitando hacia
modalidades caritativas o filantrópicas que robustecen la lógica
asistencialista.
Sin atacar ni atenuar siquiera las causales estructurales de la obscenidad del sistema capitalista, la labor asistencial se transforma en puro asistencialismo en la línea del control social y del disciplinamiento para contrarrestar el reclamo de la población por los derechos. En definitiva, el asistencialismo es una excrecencia propia del sistema capitalista.
En síntesis, sobre esta cuestión de la asistencia, el aspecto clave a enfrentar será cómo seguir reivindicando el conjunto de los derechos (es decir, trabajo formal, salarios dignos y políticas sociales universales), sin dejar de lado -mientras tanto- la asistencia: porque la asistencia, reafirmamos, también es un derecho de la gente.
Defender la idea de la asistencia como derecho, exige también diferenciar esta concepción de aquellas alternativas que, con lamentable frecuencia, transforman la asistencia en un recurso para la construcción de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión.
Toda persona o grupo que recibe algo (por la vía del no derecho), siempre queda en deuda con el que se lo da. En ese caso, el que recibe debe a quien da. Por el contrario, los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para toda la población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación y la diferenciación social.
Comprender esta ecuación, nos debe impulsar a revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye democracia en serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada descripción que contiene aquel proverbio africano, que afirma que “la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da.”
“EL TRABAJADOR SOCIAL MARCOS PEÑA BRAUN”. Con ese título publiqué en el diario “Página 12”, una nota breve el 14/01/2020. Hoy, 5 de abril de 2021, el diario “La Nación” informa que este dañino personaje del macrismo se iría a vivir al Brasil, para asesorar a un animador televisivo en la campaña presidencial. ¡ALIVIO PARA ARGENTINA; TRISTEZA PARA BRASIL!
https://www.pagina12.com.ar/241616-el-trabajador-social-marcos-pena-braun
SOBRE NUESTRAS ISLAS MALVINAS Y EL TRABAJO SOCIAL
Comparto un viejo testimonio profesional del año 1982.
Durante la Guerra de
Malvinas de 1982, desde el campo del Trabajo Social y viviendo fuera de
Argentina, nos sentimos impulsados a manifestarnos en relación a un pequeño
hecho profesional: la ponencia a un Congreso Internacional y la asistencia al
mismo.
En efecto, habíamos
presentado para la ocasión una ponencia y recibido la aceptación de la misma
para su exposición, a la par de que teníamos garantizada la cobertura económica
total de pasajes y alojamiento para asistir a dicho Congreso en Brighton,
Inglaterra.
Los acontecimientos de la
guerra nos llevaron a desistir de tal viaje y a enviar a los organizadores del
evento la carta que reproducimos a continuación. Nos guía el simple ánimo de
poner a disposición del colectivo profesional un hecho ya lejano, pero que
puede habilitar y contribuir a la reflexión, desde el espacio intelectual, de
lo acontecido y de los diversos posicionamientos.
La defensa de lo que
entendíamos -y cabe señalar que seguimos entendiendo- como absoluto derecho a
la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, nada tenía que ver con ningún
tipo de adhesión a la guerra en sí, ni a la ilegitimidad y a la barbarie total
de la dictadura genocida que padecimos, que además -en la mínima, pero propia
experiencia personal- nos había conducido a la cárcel.
Nuestra posición de entonces
receptó un número importante de adhesiones, plasmadas en cartas y
publicaciones en boletines profesionales y revistas y en “El Diario” de Lima
(Perú), y también muchísimos silencios, desde luego absolutamente legítimos,
por el silencio en sí o por la eventual desaprobación implícita.
El texto de la carta de
1982 fue el siguiente:
Lima (Perú), mayo 28 de 1982.
Dra. Margarite Mathieu
Secretaria General de la
Asociación Internacional de
Escuelas de Trabajo Social (IASSW)
Freytaggasse 32 - A-1210, VIENA-AUSTRIA
Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a las autoridades organizadoras del Vigésimo Primer Congreso Internacional de Escuelas de Servicio Social –a realizarse en Brighton, Inglaterra en el mes de agosto del año en curso- a los efectos de comunicarle formalmente el retiro de mi ponencia titulada “Reflexiones sobre Metodología en Trabajo Social”, que le enviara el 18 de marzo próximo pasado, para ser presentada y discutida en dicho foro internacional.
Le notifico que desisto de concurrir a tal Congreso y le solicito la devolución del texto presentado.
Como latinoamericano y especialmente como argentino, condeno y repudio la agresión imperial de Gran Bretaña y sus aliados, en contra del inalienable derecho que le asiste al pueblo argentino en relación a su legítima soberanía sobre las Islas Malvinas.
No puedo, por lo tanto, avalar, con mi presencia ni con mi modesto aporte profesional, la realización de un Congreso Internacional de Trabajo Social que se lleve a cabo en Inglaterra, país que vil y sangrientamente pretende perpetuar el sojuzgamiento de los pueblos de América Latina y del Tercer Mundo.
En la senda de la Unidad Latinoamericana, no obstante los momentos difíciles por los que atravesamos, la Patria Grande inconclusa de San Martín, Bolívar, Artigas y Morazán, sabrá -más temprano que tarde- alcanzar el segundo Ayacucho que nos liberará definitivamente de quienes cimentan su prosperidad y su fuerza en base a la expoliación de nuestras riquezas y a la consiguiente pobreza de nuestros pueblos.
Por lo expuesto, quedo a la espera de la devolución de la ponencia que presentara. Asimismo, le solicito ponga en conocimiento de los colegas congresistas el contenido de esta carta.
Saludo a usted muy atentamente,
Lic. Norberto Alayón
Coordinador Académico del CELATS
(Centro Latinoamericano de Trabajo Social) Lima,Perú
Con copia a:
- Heinrich Schiller – Presidente de la IASSW (Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social).
- Seno A. Cornely – Vicepresidente de la IASSW.
- Eddy Jiménez – Presidenta de ALAETS (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social).
- Y.F.Hui – Presidente del ICSW (Consejo Internacional de Bienestar Social).
- Chauncey A. Alexander – Presidente de la IFSW (Federación Internacional de Trabajadores Sociales).
- Esther C. Viloria – Presidenta de la Asociación Regional de Asia para la Educación en Trabajo Social.
- Leila Lima Santos – Directora del CELATS (Centro Latinoamericano de Trabajo Social).
- Jesús Mejía N. – Coordinador de la FLATS (Federación Latinoamericana de Trabajadores Sociales).
- Moira Allan – Comisión Organizadora del XXI Congreso Internacional de Escuelas de Trabajo Social.