NOTA "EL DERECHO A LA ASISTENCIA". Publicada en el Diario "Página 12". Buenos Aires. Junio 26 de 2017.
EL
DERECHO A LA ASISTENCIA
Norberto
Alayón (*)
(*)
Trabajador Social. Profesor Consulto de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La asistencia es un derecho. Toda sociedad
que, por las características que adopta para su funcionamiento, primero pauperiza
y excluye a buena parte de sus miembros, debe asumir maduramente su
responsabilidad por el daño ocasionado y disponerse a adoptar profundas medidas
reparatorias. Y debería hacerlo por la vía del derecho pleno, o bien -mientras
tanto- mediante políticas sociales que tiendan a neutralizar el deterioro de
las condiciones de vida de la población, a la par de ir creando las condiciones
para contribuir a la consolidación de un orden social más justo y equitativo.
El derecho a la asistencia, no cambia la
naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad. Pero sí debilita
la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades inequitativas, y -a
la vez- ética y estratégicamente contribuye a la reparación de los problemas
sociales, en la perspectiva de ir construyendo alternativas más sólidas para un
funcionamiento social más digno y más humano.
Reconocer el derecho a la asistencia implica
la aceptación de que las personas a ser asistidas, básicamente carecen -por las
condiciones del funcionamiento social- de posibilidades para un adecuado
despliegue de sus potencialidades que, entre otras cosas, les permita
satisfacer autónomamente sus necesidades. Familias sin los medios suficientes
para la reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos
degradados, con problemas habitacionales, de salud, de escolaridad, no pueden
más que tender a repetir esas condiciones en las generaciones siguientes.
Interferir e interrumpir ese proceso social
negativo, constituye una responsabilidad ética impostergable, pero -además-
implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la democracia,
en tanto una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con graves
niveles de pobreza y exclusión.
Además, las propias contingencias de la vida
pueden conducir a cualquier persona a padecer accidentes que le generen
discapacidades puntuales, cuya atención y protección posterior es menester que
sea asumida por las instituciones específicas de todo Estado moderno.
En 1961, el médico argentino Regino López
Díaz, Director Nacional de Asistencia Social, afirmaba: “Es nuestra aspiración
común que este país no tenga necesidad de un organismo encargado de la
asistencia social”. ¡Cómo no coincidir con esa aspiración! Pero resulta que a
56 años de haber sido formulada, todavía no sólo no se concretaron los cambios que
hicieran innecesaria la asistencia, sino que se produjo un significativo aumento
de la pobreza y de la desigualdad social.
También el economista sueco Gunnar Myrdal,
que obtuvo el premio Nobel de Economía en 1974, manifestaba en 1968: “Mi ideal
es que se lleven a cabo reformas sociales tales -en los vastos campos de la
distribución del ingreso, la vivienda, salud pública, educación, el
enfrentamiento de la delincuencia, etc.- que el Servicio Social se vuelva más
bien innecesario o se transforme en algo muy especial, algo individualizado y
especializado, mientras no sea simplemente la administración de la legislación
social.” Pero esas “reformas sociales” (que también nosotros deseamos,
profundas y lo antes posible) no se cristalizaron a cabalidad. Y la asistencia,
entonces, continúa siendo necesaria.
Las políticas de asistencia son
insuficientes, pero hay algo mucho más insuficiente aún: la ausencia de
políticas de asistencia. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente
el posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a
recortar los recursos destinados a la acción social, desertando de esta
responsabilidad estatal o bien transfiriéndola hacia modalidades de
beneficencia y de voluntariado, optativas y además escasas, a ser encaradas por
sectores privados (empresariales, religiosos, filantrópicos).
Defender la idea de la asistencia como
derecho, exige también diferenciar esta concepción de aquellas alternativas
que, con lamentable frecuencia, transforman la asistencia en un recurso para la
construcción de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión. Toda
persona o grupo que recibe algo (por la vía del no derecho), siempre queda en
deuda con el que se lo da. En ese caso, el
que recibe debe a quien da. Por el
contrario, los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para
toda la población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación
y la diferenciación social.
Comprender esta ecuación, nos debe impulsar a
revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye democracia en
serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada descripción que contiene
aquel proverbio africano, que afirma que “la mano que recibe está siempre
debajo de la mano que da.”
