LOS NIÑOS DE SCIOLI
Nota publicada en el diario "Página 12", de Buenos
Aires. Abril 22 de 2013, página 6.
Norberto Alayón
(*)
(*) Profesor Titular Regular
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Daniel Scioli es el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, la más importante de la Argentina. Junto
a Ricardo Casal, su ministro de Justicia y Seguridad, promueve una rigurosa ley
para limitar las excarcelaciones por portación ilegal de armas, manifestando -a
la vez- una marcada preocupación por los “menores
delincuentes”.
Scioli supo expresar que su gobierno
está trabajando “para que el Estado llegue antes y no después”. Agregando que
“si una provincia no cuida a sus chicos, pensar en un futuro es una
utopía”.
Tiene razón, por cierto, el
gobernador con la aspiración de “llegar antes” y con la aseveración de la
necesidad de “cuidar a sus chicos”. Pero, sin embargo, esas declaraciones se
contradicen brutalmente con la práctica concreta que despliega en el campo de la
infancia y la adolescencia.
La provincia cuenta, en su extenso
territorio, con centenares de Centros de Día y de Hogares convivenciales que
deben albergar a niños y adolescentes “de la calle”, que pasaron por
instituciones diversas, con débiles o inexistentes redes familiares, habiendo
sufrido violencia física y, en muchos de los casos, aberrantes vejaciones y
abusos sexuales.
Estos niños y adolescentes son
destinatarios de un programa de becas que les permite su inserción, alimentación
y contención en los mencionados centros y hogares infantiles. Pero, ¿cómo se
patentiza la visión dual entre el discurso y los actos de gobierno, tornando en
irreconciliable y flagrante la contradicción entre las palabras y los
hechos? Se logra de una manera
atrozmente sencilla: no abonando en
término las becas otorgadas a esos niños.
Muchos de dichos Centros, conducidos
por distintas organizaciones de la comunidad en sus respectivas localidades, que
tienen convenios con el gobierno provincial para la transferencia de los
recursos (es decir el pago de las becas), corren el riesgo de cerrar e
interrumpir su labor ante las prolongadas demoras del gobierno en cancelar los
montos acordados.
Y es que la subsecretaría de
Promoción y Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Provincia , a cargo de
Sebastián Gastelu, no les giró a tiempo los recursos pertinentes,
correspondientes al quinto y sexto bimestre de 2012 y al primero de 2013. De
este modo, resulta objetivamente imposible garantizar la promoción y la
protección de los niños, y entonces las palabras y los exultantes deseos se
transforman en vacuas y falsas formulaciones, vulnerando precisamente los
derechos elementales de estos niños.
¿Qué acontecerá con esos niños y
adolescentes si cierran algunos de esos Centros de contención? ¿Volverán a “la calle”? ¿Volverán a ser
objeto de nuevas violencias y abusos sexuales? ¿Cuál es el concepto de
prevención que rige en las autoridades del gobierno provincial, habida cuenta de
las dilatadas demoras en pagar las becas para la atención de los niños? Lo
seguro es que se incrementará su vulnerabilidad y el Estado provincial, de este
modo, terminará “llegando después” y no “antes”, precisamente a la inversa de lo
que el gobernador Scioli decía que iba a garantizar.
Los sectores sociales más
vulnerados, ante la ausencia de oportunidades, son virtualmente impelidos a la
degradación y a la delincuencia y luego son los más severamente castigados,
configurando un férreo “círculo vicioso”, acerca de lo cual la sociedad no puede
eximirse (cándida o hipócritamente) de responsabilidad.
Cabe que nos interpelemos acerca de
qué tipo de sociedad estamos construyendo, para que luego, cuando estemos frente
a la terrible desgracia de que un niño o un adolescente agreda a otra persona,
no salgamos despavoridos a buscar razones biológicas o genéticas en los “niños
asesinos”, a tratar de penalizarlos más severamente o a intentar bajar la edad
de imputabilidad para esos delitos.
La delincuencia y los delitos se
construyen socialmente y luego, sólo en el eslabón más débil de la cadena (es
decir, en los pobres) se aplican los castigos individuales, como una mágica
creencia de haber solucionado el mal o para aliviar nuestra conciencia por lo
que no hicimos oportunamente para prevenir.
Por eso la prevención, que requiere de activas
políticas públicas -tanto globales como puntuales- debe asumirse como el
instrumento más idóneo para la disminución de la violencia.
Cuando el gobierno de Scioli no paga
las becas, en tiempo y forma, para “cuidar a los chicos”, está contribuyendo
objetivamente, más allá de los discursos, a que el “Estado llegue tarde” y a
alejarse suicidamente de la prevención como el mecanismo más apto para enfrentar
las diversas y complejas problemáticas sociales.
Buenos Aires, abril de
2013.